# Historia Militar

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: EL REINADO DE ALFONSO XIII I Parte

La Guerra Civil ha sido el episodio central de la historia contemporánea. A ella condujeron desencuentros y confrontaciones larvadas durante décadas y de ella han derivado los acontecimientos históricos desarrollados desde entonces, incluido nuestro presente más inmediato. No debe entenderse, sin embargo, tal y como se han precipitado a determinar algunos historiadores, que fuera un hecho inevitable. Ni la historia estaba escrita previamente ni fue fruto de ninguna maldición que pesara sobre el pueblo español. Una vez en marcha el Alzamiento del 18 de julio, eso sí, enseguida se destaparon odios, rencores y violencias hasta entonces desconocidos. Un inevitable afán por imponer ideas y conductas a propios y extraños completó el panorama de un conflicto que sólo acabó, como no podía ser de otra forma, con la victoria del más fuerte. En un siglo plagado de guerras de todo tipo, la Guerra Civil Española no ha perdido en ningún momento el interés que despertó desde su inicio. En ella, además de españoles contra españoles, se enfrentaron por primera vez las principales ideologías del siglo XX –“comunismo, fascismo, liberalismo democrático”-, cuya batalla principal se trasladaría a la Segunda Guerra Mundial y a la posterior guerra fría.

Reinado de Alfonso XIII

Cuando Alfonso XIII[1] es proclamado Rey de España, en marzo de 1902, el sistema político de la Restauración no se encuentra en su mejor momento. Tan sólo cuatro años antes, en el fatídico 1898, se han perdido los últimos territorios de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) tras una humillante derrota en la guerra mantenida con Estados Unidos[2]. Este descalabro provoca una grave crisis y abre un debate público en el que políticos e intelectuales intentan averiguar sus causas y buscan posibles soluciones. Antonio Cánovas del Castillo[3], el político que organizó en 1874 el regreso de la dinastía borbónica, tras una serie de experiencias revolucionarias, e inspiró la Constitución de 1876[4], que daría paso al período constitucional más estable hasta la fecha, es asesinado por un anarquista italiano en 1897. Si el padre del nuevo rey, Alfonso XII, que reinó hasta 1885, fecha de su prematura muerte, y su madre María Cristina, reina regente[5] hasta su mayoría de edad, habían disfrutado de la tranquilidad política que acompañó al sistema ideado por Cánovas, el nuevo monarca alcanza la jefatura del Estado en un momento en el que los síntomas de desgaste de un modelo basado en la alternancia pactada de los dos grandes partidos políticos comienzan a ser palpables. El reinado de Alfonso XIII es el periodo de la historia de España en el que reinó Alfonso XIII de Borbón, quien desde el mismo momento de su nacimiento en mayo de 1886 ya fue rey, ya que su padre Alfonso XII[6] había fallecido cinco meses antes. Durante su minoría de edad, la jefatura del Estado fue desempeñada por su madre María Cristina de Habsburgo-Lorena en calidad de regente hasta que en mayo de 1902 cuando cumplió los dieciséis años de edad y juró la Constitución de 1876 inició su reinado personal que se prolongó hasta el 14 de abril de 1931, fecha en que tuvo que marchar al exilio al haberse proclamado la Segunda República

El reinado se suele dividir en varias etapas:

La regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902) fue «un período especialmente significativo de la historia de España, pues en esos años de final de siglo el sistema conoció su estabilización, el desarrollo de las políticas liberales, pero también la aparición de grandes fisuras que en el terreno internacional se plasmaron con la guerra colonial, primero, y con EE UU, más tarde, provocando la derrota militar y diplomática que llevó a la pérdida de las colonias tras el Tratado de París de 1898. En el terreno interior la sociedad española conoció una mutación considerable, con la aparición de realidades políticas tan significativas como la emergencia de los regionalismos y nacionalismos periféricos, el fortalecimiento de un movimiento obrero de doble filiación, socialista y anarquista, y la sostenida persistencia, aunque decreciente, de las oposiciones republicana y carlista».

El período constitucional (1902-1923) constituye el periodo de su reinado personal en el que el rey Alfonso XIII se atuvo al papel que le confería la Constitución de 1876 que rigió durante la Restauración borbónica en España, aunque no se limitó a ejercer un papel simbólico sino que intervino activamente en la vida política, especialmente en los temas militares, gracias a los relativamente amplios poderes de que gozaba la Corona. El rey político, el político en el trono, fue así un obstáculo para la transformación del régimen político de la Restauración en una monarquía parlamentaria, y su intervención «se hizo más acusada en los momentos en los que los partidos (del turno) mostraban poca cohesión interna y la opinión no se decantaba por un líder de un modo claro. En esas circunstancias, la decisión del monarca de entregar el poder a uno u otro líder político constituía una participación decisiva en la política interna de los partidos».

La dictadura de Primo de Rivera[7] (1923-1930) fue el segundo periodo del reinado personal de Alfonso XIII en el que el rey no se opuso al golpe de Estado de Primo de Rivera que acabó con el régimen liberal. De esta forma Alfonso XIII unió su destino al de la Dictadura, por lo que cuando Primo de Rivera fracasó en su intento de instaurar un régimen autoritario y presentó su dimisión en enero de 1930, la propia monarquía fue cuestionada.

La dictablanda del general Berenguer (1930-1931)[8] no pudo impedir el crecimiento de la opción republicana que llevó a la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 y Alfonso XIII se vio obligado a marchar al exilio.

Como ha señalado el historiador Manuel Suárez Cortina, «en los años que estuvo al frente de los destinos del Estado, Alfonso XIII pudo observar un cambio notable en la sociedad española: la consolidación de un movimiento obrero autónomo, la afirmación de los regionalismos y nacionalismos periféricos, la formación de un sistema económico de acusados rasgos proteccionistas y varios intentos de modernizar el sistema político, que parecieron inviables desde mediados de la segunda mitad del siglo». Según el historiador Javier Moreno Luzón, los cambios que se produjeron durante su reinado «provocaron gravísimos conflictos sociales y políticos… España no se asemejaba a Gran Bretaña, pero tampoco a una colonia africana, más bien se aproximaba a Italia y otros estados europeos de segunda fila que, al comenzar el siglo XX, se adentraban en la compleja política de masas».

Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902) / El «pacto del Pardo» y el «Parlamento Largo» de Sagasta (1885-1890)

El rey Alfonso XII murió el 25 de noviembre de 1885 por tuberculosis, asumiendo la regencia su esposa María Cristina de Habsburgo-Lorena. La muerte del rey, al no tener descendencia masculina —Alfonso y María Cristina, casados el 29 de noviembre de 1879, habían tenido dos hijas— y a la espera de un tercer alumbramiento pues la reina estaba embarazada de tres meses, abrió una gran incertidumbre sobre el futuro del régimen de la Restauración que sólo tenía diez años de vida, pues el supuesto «vació de poder» podía ser aprovechado por los carlistas o por los republicanos para acabar con él.​ De hecho en septiembre de 1886, sólo cuatro meses después del nacimiento del futuro Alfonso XIII, se produjo una sublevación republicana encabezada por el general Manuel Villacampa del Castillo y organizada desde el exilio por Manuel Ruiz Zorrilla que constituyó la última intentona militar del republicanismo y cuyo fracaso lo dividió profundamente.

Entonces se reunieron los líderes de los dos partidos del turno, Antonio Cánovas del Castillo por el Partido Conservador y Práxedes Mateo Sagasta[9] por el Partido Liberal-Fusionista[10], para acordar la sustitución del primero por el segundo al frente del gobierno. Fue el llamado «pacto del Pardo», pues aunque en realidad la entrevista de los jefes de los partidos tuvo lugar en la sede de la presidencia del gobierno y no en el Palacio del Pardo, el término se justifica porque la última residencia de Alfonso XII tuvo una importancia decisiva. Allí fue llamado el General restaurador, Martínez Campos[11], que llegó una hora después que la Regente, y que ya llevaba una solución a la crisis, tras sus múltiples entrevistas desde el inicio de la enfermedad del rey: dos con Cánovas, que la solicitó, con Sagasta, con los Generales Jovellar, Concha y Quesada, en un «pacto militar» previo; de hecho el propio Cánovas confesó que fue el apoyo de Martínez Campos el que lo dispuso a aceptar el gobierno liberal. En El Pardo se llevaron a cabo múltiples entrevistas y múltiples acuerdos; allí llegaron todos los ministros y Sagasta; llegaron los Generales más representativos, allí se habló con el Nuncio para facilitar «el pacto» con la Iglesia. Martínez Campos y los «otros» pactos de El Pardo​. Así se posibilitó la «benevolencia» de los conservadores respecto del nuevo gobierno liberal de Sagasta para que éste pudiera desarrollar el programa que acababan de pactar las diversas facciones que lo integraban, conocido como ley de garantías y que consistía fundamentalmente en introducir las libertades y los derechos reconocidos durante el Sexenio democrático —el pacto incluía la aceptación definitiva por los liberales de la Constitución de 1876 y la soberanía compartida entre el rey las Cortes, en que se basaba aquélla—. Sin embargo, la facción del Partido Conservador encabezada por Francisco Romero Robledo no aceptó la cesión del poder a Sagasta y abandonó el partido para formar uno propio, denominado Partido Liberal-Reformista, al que se sumó la Izquierda Dinástica de José López Domínguez, en un intento de crear un espacio político intermedio entre los dos partidos del turno

En abril de 1886, cinco meses después de formar el gobierno y un mes antes del nacimiento del futuro Alfonso XIII, los liberales convocaron elecciones para dotarse de una mayoría sólida en las Cortes y poder desarrollar así su programa de gobierno, aunque ya habían podido comenzar a aplicarlo gracias a la benevolencia de los conservadores. A este período se le llamó por su duración, cerca de cinco años, el Gobierno Largo de Sagasta o también el Parlamento Largo, durante el cual se llevaron a cabo «un conjunto de reformas que configuran de un modo definitivo el perfil social y político de la Restauración como época histórica», por lo que algunos historiadores lo han considerado el «período más fecundo» de la misma. La primera gran reforma del Gobierno Largo de Sagasta fue la aprobación en junio de 1887 de la Ley de Asociaciones que regulaba la libertad de asociación para los fines de la «libertad humana» y que permitió que las organizaciones obreras pudieran actuar legalmente, ya que incluía la libertad sindical, lo que dio un gran impulso al movimiento obrero en España. Al amparo de la nueva ley se extendió la anarcosindicalista FTRE, fundada en 1881 como sucesora de la FRE-AIT del Sexenio Democrático, y nació la socialista Unión General de Trabajadores (UGT), fundada en 1888, el mismo año en que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que había nacido en la clandestinidad nueve años antes, pudo celebrar su I Congreso

La segunda gran reforma fue la ley del jurado, una vieja reivindicación del liberalismo progresista a la que siempre se había resistido el conservadurismo, y que fue aprobada en abril de 1888. El juicio por jurado se estableció para aquellos delitos que tuvieran mayor impacto para el mantemiento del orden social o que afectaran a los derechos individuales, como la libertad de imprenta. Según la ley el jurado se encargaría de establecer los hechos probados, mientras que la calificación jurídica de los mismos correspondería a los jueces.

La tercera gran reforma fue la introducción del sufragio universal (masculino) mediante una ley aprobada el 30 de junio de 1890. Se daba satisfacción así a una vieja demanda de la izquierda liberal y demócrata, lo que constituyó todo un «acontecimiento político». Sin embargo, la extensión del sufragio a todos los varones mayores de veinticinco años —unos cinco millones en 1890—, con independencia de sus ingresos como ocurría con el sufragio censitario, no supuso la democratización del sistema político, porque el fraude electoral se mantuvo, sólo que ahora las redes caciquiles se extendieron al conjunto de la población, por lo que los gobiernos se siguieron formando antes de las elecciones, y no después, ya que el gobierno de turno se fabricaba con el encasillado una sólida mayoría en las Cortes —durante la Restauración ningún gobierno perdió nunca unas elecciones—. Así pues, «aunque formalmente equivalía a la implantación de la democracia, [la aprobación del sufragio universal (masculino)] en términos prácticos nada cambió». Además la Constitución no fue reformada, por lo que siguió sin reconocerse el principio de la soberanía nacional, y sólo un tercio del Senado era elegido, ni tampoco fue reconocida la libertad de cultos, otro de los principios de un sistema democrático.

Por otro lado, la prueba de que el objetivo de la ley no era la instauración de la democracia estriba en que no se adoptaron garantías para asegurar la transparencia del sufragio y evitar así el fraude electoral, como la actualización del censo por un organismo independiente, la exigencia de una acreditación a la persona que iba a votar o el control de todo proceso que siguió en manos del Ministro de la Gobernación, conocido como el «gran elector», pues era quien se ocupaba de asegurar que su gobierno gozara de una amplia mayoría en las Cortes. «El hecho de que en algunos núcleos urbanos la oposición pudo invertir esa realidad, no deja de ser un hecho casi testimonial. El control político desde arriba, la práctica del turno mediante el fraude electoral es lo que constituye la esencia de las prácticas políticas de la España de final de siglo».

La estabilización del régimen político de la Restauración (1890-1895)

La primera mitad de la última década del siglo XIX, constituye el periodo de «plenitud» del régimen político de la Restauración instaurado por Antonio Cánovas del Castillo tras el Sexenio Democrático. Pasados esos cinco años de relativa estabilidad, durante los que se produjo la normalización del turno entre conservadores y liberales, el régimen tendrá que hacer frente «a varios problemas que no estaban en su agenda política: el problema obrero, la cristalización de un nacionalismo periférico y, finalmente, la propia cuestión colonial que llevó a la guerra de emancipación cubana, primero, y a la hispanonorteamericana, cuya derrota marca la crisis final de siglo más tarde».

El gobierno conservador de Cánovas del Castillo (1890-1892)

Culminado su programa de reformas con la aprobación del sufragio universal (masculino), Sagasta dio paso a Cánovas del Castillo que formó gobierno en julio de 1890, solo unas semanas después de haberse aprobado la ley en las Cortes. El nuevo gobierno no modificó las reformas introducidas por los liberales, con lo que, «quedaba así sellada una nota básica del sistema canovista: los avances liberales eran respetados por el conservadurismo, de modo que el régimen se consolidaba a partir de un equilibrio entre la conservación y el progreso».​ Por ello fue el gobierno de Cánovas el que presidió las primeras elecciones por sufragio universal celebradas en febrero de 1891, en las que la maquinaria del fraude volvió a funcionar y los conservadores obtuvieron una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados (253 escaños, frente a los 74 de los liberales, y los 31 de los republicanos).​

En el gobierno convivieron dos tendencias del conservadurismo encarnadas por Francisco Romero Robledo, que había vuelto a reintegrarse a las filas del partido tras su experiencia fallida con el Partido Liberal-Reformista[12], y Francisco Silvela[13]. El primero representaba «el dominio de las prácticas clientelares, de la manipulación electoral y del triunfo del pragmatismo más crudo», frente al «reformismo conservador» del segundo. Cánovas del Castillo se inclinó más hacia el «pragmatismo» de Romero Robledo, por lo que Silvela salió del gobierno en noviembre de 1891 y no podrá poner en práctica su programa reformista hasta después de la muerte de Cánovas y del «desastre del 98».

La medida más importante tomada por el gobierno fue el llamado Arancel Cánovas de 1891, que derogó el librecambista Arancel Figuerola de 1869 y estableció fuertes medidas proteccionistas para la economía española, que fueron complementadas con la aprobación al año siguiente de la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas. Con este arancel el gobierno satisfacía las demandas de determinados sectores económicos —como el textil catalán— además de sumarse a la tendencia internacional a favor del proteccionismo en detrimento del librecambismo.​ Durante el gobierno de Cánovas tuvo lugar la celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América, pero también se produjeron dos acontecimientos de gran trascendencia para el futuro. El nacimiento de la Unió Catalanista[14], la primera organización plenamente política del nacionalismo catalán, que en 1892 aprobó su documento fundacional, las Bases de Manresa[15], y la publicación ese mismo año del libro de Sabino Arana Bizkaya por su independencia, que representó el acta de nacimiento del nacionalismo vasco

La vuelta de los liberales al poder (1893-1895): el terrorismo anarquista

En diciembre de 1892 un caso de corrupción en el ayuntamiento de Madrid provocó la crisis del gobierno de Cánovas, que la regente solventó llamando de nuevo a Sagasta. Este siguiendo los usos del sistema canovista obtuvo el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de nuevas elecciones para dotarse de una mayoría amplia que apoyara al nuevo gobierno. Las elecciones se celebraron en marzo de 1893 y como era de esperar supusieron un rotundo triunfo de las candidaturas gubernamentales (los liberales consiguieron 281 diputados, frente a 61 de conservadores —divididos entre canovistas, 44, y silvelistas, 17—, más 7 carlistas, 14 republicanos posibilistas y 33 republicanos unionistas)

Las figuras más destacadas del nuevo gobierno eran Germán Gamazo[16], líder del ala derecha del partido liberal, y su yerno Antonio Maura[17]. El primero ocupó la cartera de Hacienda, pero su objetivo de lograr el equilibrio presupuestario se vio frustrado por el aumento del gasto causado por la breve guerra de Margallo que tuvo lugar en los alrededores de Melilla entre octubre de 1893 y abril de 1894. El segundo, al frente del Ministerio de Ultramar puso en marcha la reforma del régimen colonial y municipal de Filipinas para dotarlos de una mayor autonomía administrativa —a pesar de la oposición que despertó entre ciertos sectores del nacionalismo español y de la Iglesia—, pero fracasó en su intento de hacer lo mismo en Cuba, a causa de que a la españolista Unión Constitucional le pareció demasiado avanzada, mientras que no satisfizo las aspiraciones del Partido Liberal Autonomista cubano. El proyecto de reforma colonial para Cuba, fue rechazado por las Cortes, tachado de antipatriótico, y Antonio Maura llegó a ser calificado de filibustero, beodo y energúmeno. Maura y su suegro Germán Gamazo dimitieron abriendo una grave crisis en el gobierno de Sagasta. El gobierno tuvo que hacer frente al terrorismo anarquista de la «propaganda por el hecho» justificado por sus partidarios como una respuesta a la «violencia de la sociedad y del Estado burgueses». Su escenario principal fue la ciudad de Barcelona y el primer atentado importante se produjo el 24 de septiembre de 1893 en el que el general Arsenio Martínez Campos, capitán general de Cataluña, resultó herido levemente, pero que causó la muerte de una persona, además de que otras resultaron heridas. El autor del atentado, el joven anarquista Paulino Pallás[18] —que fue fusilado dos semanas más tarde— lo justificó como represalia por los incidentes ocurridos año y medio antes en Jerez de la Frontera cuando en la noche del 8 de enero de 1892 unos 500 campesinos trataron de hacerse con la ciudad para liberar a unos compañeros presos en la cárcel y dos vecinos y uno de las asaltantes murieron, desatándose a continuación una represión indiscriminada de las organizaciones obreras de la ciudad —cuatro obreros fueron ejecutados tras un consejo de guerra, y dieciséis más fueron condenados a cadena perpetua; todos ellos denunciaron que habían sido torturados para obtener confesiones—. Al mes siguiente, el 7 de noviembre, una bomba lanzada al patio de butacas del Teatro del Liceo de Barcelona mataba a 22 personas y hería a otras 35.

La crisis de final de siglo (1895-1902)

La crisis final de siglo de la Restauración estuvo determinada por la guerra de Independencia cubana iniciada en febrero de 1895, y cuya primera consecuencia fue la caída del gobierno liberal de Sagasta que dio paso a un gobierno conservador presidido por Antonio Cánovas del Castillo. Pero a nivel interno también desempeñó un cierto papel el terrorismo anarquista, cuyo atentado más importante tuvo lugar en Barcelona el 7 de junio de 1896 durante el paso de la procesión del Corpus por la calle Canvis Nous en el que seis personas murieron en el acto, y otras cuarenta y dos resultaron heridas. La represión policial que se desató a continuación fue brutal e indiscriminada y dio lugar al famoso proceso de Montjuic[19], durante el cual 400 «sospechosos» fueron encarcelados en el castillo de Montjuic, donde fueron brutalmente torturados —«uñas arrancadas, pies aplastados por máquinas prensoras, cascos eléctricos, puros habanos apagados en la piel…»—. Mediante varios consejos de guerra fueron condenadas a muerte 28 personas y otras 59 a cadena perpetua. El proceso de Montjuic tuvo una gran repercusión internacional, dadas la dudas que había sobre las pruebas en que se habían basado las condenas —básicamente las confesiones de los acusados obtenidas mediante torturas— que también fue seguida por una campaña de parte de la prensa en contra del gobierno y de los «verdugos», en la que destacó el joven periodista Alejandro Lerroux[20], director del diario madrileño republicano El País que con el título de Las infamias de Montjuïc publicó durante meses los relatos de los torturados —además Lerroux emprendió una gira de propaganda por La Mancha y Andalucía—. En ese ambiente de exaltado de protesta por los procesos de Montjuic se produjo el asesinato del presidente del gobierno Antonio Cánovas del Castillo por el anarquista italiano Michele Angiolillo[21] el 8 de agosto de 1897. Práxedes Mateo Sagasta se tuvo que hacer cargo del gobierno.

La guerra de Cuba (1895-1898)

El último domingo de febrero de 1895 estalló una nueva insurrección independentista en Cuba encabezada por el Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí en Nueva York en 1892, poniendo fin así a la tregua abierta por la paz de Zanjón[22]. El gobierno español reaccionó enviando a la isla un importante contingente militar —unos 220.000 soldados llegarían a Cuba en tres años—. En enero de 1896 el general Valeriano Weyler[23] relevó en el mando al general Arsenio Martínez Campos—que no había conseguido acabar con la insurrección— empeñado en llevar la guerra «hasta el último hombre y la última peseta». «Weyler decidió que era necesario cortar el apoyo que los independentistas recibían de la sociedad cubana; y para ello ordenó que la población rural se concentrara en poblados controlados por las fuerzas españolas; al mismo tiempo ordenó destruir las cosechas y ganado que podían servir de abastecimiento al enemigo. Estas medidas dieron buen resultado desde el punto de vista militar, pero con un coste humano elevadísimo. La población reconcentrada, sin condiciones sanitarias ni alimentación adecuada, empezó a ser víctima de las enfermedades y a morir en gran número. Por otra parte, muchos campesinos, sin nada que perder ya, se unieron al ejército insurgente».

Mientras tanto, en 1896 se iniciaba otra insurrección independentista en el archipiélago de las Filipinas encabezada por el Katipunan, una organización nacionalista fundada en 1892. A diferencia de Cuba la rebelión se consiguió detener en 1897 aunque el general Polavieja[24] recurrió a unos métodos parecidos a los de Weyler —José Rizal, el principal intelectual nacionalista filipino, fue ejecutado—.En agosto de 1897 era asesinado Cánovas, y Sagasta, el líder del Partido Liberal, tuvo que hacerse cargo del gobierno en octubre.

Una de las primeras decisiones que tomó fue destituir al general Weyler, cuya política de dureza no estaba dando resultados, siendo sustituido por el general Ramón Blanco y Erenas[25]. Asimismo, en un último intento de restar apoyos a la insurrección, se concedió la autonomía política a Cuba —también a Puerto Rico, que permanecía en paz—, pero llegó demasiado tarde y la guerra continuó.

La guerra hispano-norteamericana: el «desastre del 98»

Además de las razones geopolíticas y estratégicas, el interés norteamericano por Cuba —y por Puerto Rico— se debía a la creciente interdependencia de sus respectivas economías —inversiones de capital norteamericano; el 80% de las exportaciones de azúcar cubano iban ya a los Estados Unidos— y también a la simpatía que despertó la causa independentista cubana entre la opinión pública especialmente después de que la prensa sensacionalista aireara la brutal represión ejercida por Weyler e iniciara una campaña antiespañola pidiendo la intervención del ejército norteamericano del lado de los insurrectos. De hecho la ayuda norteamericana en armas y pertrechos canalizada a través de la Junta Cubana presidida por Tomás Estrada Palma y de la Liga Cubana «fue decisiva para impedir sometimiento de las guerrillas cubanas», según Suárez Cortina. La postura norteamericana se radicalizó con el presidente republicano William McKinley[26], elegido en noviembre de 1896, quien descartó la solución autonomista admitida por su antecesor, el demócrata Grover Cleveland[27], y apostó claramente por la independencia de Cuba o la anexión—el embajador norteamericano en Madrid hizo una oferta de compra de la isla que fue rechazada por el gobierno español—. Así la concesión de la autonomía a Cuba aprobada por el gobierno de Sagasta —la primera experiencia de este tipo en la historia contemporánea española— no satisfizo en absoluto las pretensiones norteamericanas, como tampoco las de los independistas cubanos que continuaron la guerra. En febrero de 1898 el acorazado norteamericano Maine[28] se hundió en el puerto de La Habana donde se hallaba fondeado a consecuencia de una explosión —264 marineros y dos oficiales murieron— y dos meses después el Congreso de los Estados Unidos aprobaba una resolución en la que se exigía a España la independencia de Cuba y autorizaba al presidente McKinley a declararle la guerra, lo que hizo el 25 de abril. La guerra hispano-estadounidense fue breve y se decidió en el mar. El 1 de mayo de 1898 la escuadra española de Filipinas era hundida frente a las costas de Cavite por una flota norteamericana —y las tropas norteamericanas desembarcadas ocupaban Manila tres meses y medio después— y el 3 de julio le sucedía lo mismo a la flota enviada a Cuba al mando del almirante Cervera frente a la costa de Santiago de Cuba —a los pocos días Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia de la isla, caía en manos de las tropas norteamericanas que habían desembarcado—. Poco después los norteamericanos ocupaban la isla vecina de Puerto Rico. Inmediatamente el gobierno de Sagasta pidió la mediación de Francia para entablar negociaciones de paz que culminaron con la firma del Tratado de París el 10 de diciembre de 1898. Por este Tratado España reconocía la independencia de Cuba y cedía a Estados Unidos, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, en el archipiélago de las Marianas. Al año siguiente España vendió a Alemania por 25 millones de dólares los últimos restos de su imperio colonial en el Pacífico, las islas Carolinas, Marianas —menos Guam— y Palaos. «Calificada como absurda e inútil por gran parte de la historiografía, la guerra contra EE UU se sostuvo por una lógica interna, en la idea de que no era posible mantener el régimen monárquico si no era a partir de una derrota militar más que previsible»,  Como dijo el jefe de la delegación española en las negociaciones de paz de París, el liberal Eugenio Montero Ríos[29]: «Todo se ha perdido, menos la Monarquía». O como dijo el embajador norteamericano en Madrid: los políticos de los partidos dinásticos preferían «las probabilidades de una guerra, con la seguridad de perder Cuba, al destronamiento de la monarquía».​ Tras la derrota, la exaltación patriótica nacionalista español dio paso a un sentimiento de frustración. Sin embargo, este sentimiento no tuvo traducción política pues tanto carlistas como republicanos —con la excepción de Pi y Margall[30] que mantuvo una postura anticolonialista— habían apoyado la guerra y se habían manifestado tan nacionalistas, militaristas y colonialistas como los partidos del turno —sólo socialistas y anarquistas permanecieron fieles a su ideario internacionalista, anticolonialista y antibelicista— y el régimen de la Restauración conseguiría superar la crisis.

Los gobiernos «regeneracionistas» (1898-1902)

Los años de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX estuvieron marcados por el regeneracionismo, una corriente de opinión que planteó la necesidad de «vivificar» —de regenerar—la sociedad española para que no volviera a repetirse el «desastre del 98». Esta corriente participó de lleno en lo que se llamó literatura del Desastre, que ya se había iniciado unos años antes del 98 —Lucas Mallada había publicado Los males de la Patria en 1890— y que se planteó reflexionar sobre las causas que habían conducido a la situación de «postración» en que se encontraba la Nación española —como lo demostraba el hecho de que España había perdido sus colonias mientras que el resto de los principales Estados europeos estaban construyendo sus propios imperios coloniales— y sobre lo que había que hacer para superarla. Entre las muchas obras publicadas destacaron El problema nacional (1899) de Ricardo Macías Picavea, Del desastre nacional y sus causas (1900) de Damián Isern y ¿El pueblo español ha muerto? (1903) del doctor Madrazo. También participaron en este debate sobre el «problema de España» los escritores de lo que años más tarde se llamaría, precisamente, Generación del 98: Ángel Ganivet, Azorín, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado, Ramiro de Maeztu, etc. Pero, sin duda, el autor de mayor influencia de la literatura regeneracionista fue Joaquín Costa. En 1901 publicó Oligarquía y caciquismo, en la que señaló al sistema político de la Restauración como el principal responsable del «atraso» de España. Para poder «regenerar» al «organismo enfermo» que era la España de 1900 hacía falta un «cirujano de hierro» que pusiera fin al sistema «oligárquico y caciquil» e impulsar un cambio basado en «escuela y despensa». En marzo de 1899 el nuevo líder conservador, Francisco Silvela, se hizo cargo del gobierno, lo que supuso un gran alivio para Sagasta a quien le había tocado estar al frente del Estado durante los días del desastre del 98. Silvela se hizo eco de las demandas de «regeneración» de la sociedad y del sistema político —él mismo caracterizó la situación como la de un país «sin pulso»—, lo que se tradujo en una serie de medidas reformistas. El proyecto de Silvela — y del general Polavieja, ministro de la Guerra— consistía en «una fórmula de regeneración conservadora que trataba de salvaguardar los valores patrios en un momento de crisis nacional». La reforma más importante fue la tributaria llevada a cabo por el ministro de Hacienda Raimundo Fernández Villaverde que estaba diseñada para hacer frente a la difícil situación financiera del Estado como consecuencia del aumento del gasto público provocado por la guerra y para frenar la depreciación de la peseta y el alza de precios —con el consiguiente aumento del descontento popular—. El único movimiento de oposición importante con el que tuvo que enfrentarse el gobierno conservador de Silvela fue la huelga de contribuyentes —o «tancament de caixes», literalmente ‘cierre de cajas’, en Cataluña— promovida entre abril y julio de 1900 por la Liga Nacional de Productores, una organización creada por el regeneracionista Joaquín Costa, y por las Cámaras de Comercio, dirigidas por Basilio Paraíso. Pero este movimiento que exigía cambios políticos y económicos acabó fracasando y la Unión Nacional que surgió del mismo se disolvió, sobre todo cuando la abandonaron las burguesías vasca y catalana que pasaron a apoyar al gobierno de Silvela. Las desavenencias internas —resultado fundamentalmente de la oposición del general Polavieja a la reducción del gasto público impuesto por Fernández Villaverde con el fin de alcanzar el equilibrio presupuestario, ya que chocaba con su petición de mayores dotaciones económicas para modernizar al Ejército— fueron las que acabaron provocando la caída del gobierno de Silvela en octubre de 1900. Le sucedió el general Marcelo Azcárraga Palmero, con un gobierno que sólo duró cinco meses. En marzo de 1901 el liberal Sagasta volvía a presidir el gobierno que sería el último de la Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena y el primero del reinado efectivo de Alfonso XIII.

 

[1] Alfonso XIII de España, llamado “el Africano” ​o «el Exiliado» (Madrid, 17 de mayo de 1886-Roma, 28 de febrero de 1941), fue Rey de España desde su nacimiento hasta la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Asumió el poder efectivo a los dieciséis años de edad, el 17 de mayo de 1902.

[2] La guerra hispano-estadounidense, denominada comúnmente en España como guerra de Cuba o Desastre del 98, en Cuba como guerra hispano-cubano-norteamericana, y en Puerto Rico como guerra hispanoamericana, fue un conflicto bélico que enfrentó a España y a los Estados Unidos en 1898, resultado de la intervención estadounidense en la guerra de Independencia cubana

[3] Antonio Cánovas del Castillo (Málaga, 8 de febrero de 1828 – Mondragón, Guipúzcoa, 8 de agosto de 1897) fue un político e historiador español, figura capital de la política española de la segunda mitad del siglo xix, siendo autor del Manifiesto de Manzanares publicado al inicio del Bienio Progresista, un prominente miembro dentro de la Unión Liberal, principal valedor de Alfonso XII y el mayor artífice del sistema político de la Restauración, convirtiéndose en el máximo dirigente del Partido Conservador, que él mismo creó. Ejerció el cargo de presidente del Consejo de Ministros en seis ocasiones, alternando el poder, principalmente, con su rival político Práxedes Mateo Sagasta.

[4] La Constitución española de 1876 fue promulgada el 30 de junio de 1876 por Práxedes Mateo Sagasta. Esta constitución partió de un borrador constitucional desarrollado por un grupo de 600 notables, antiguos senadores y diputados de anteriores legislaturas, designados por Cánovas del Castillo. De ellos resultó una comisión de 39 de ellos, presidida por Manuel Alonso Martínez, que sería el encargado de la definitiva redacción del texto. El texto final fue aprobado sin grandes cambios por unas Cortes constituyentes elegidas por sufragio directo masculino, sin concretar un sistema de votación de acuerdo a lo previsto en la Constitución de 1869. Se mantuvo en vigor hasta 1923, hasta el Golpe de Estado de Primo de Rivera, lo que la convierte en la constitución más longeva de la historia de España hasta este momento 47 años

[5] María Cristina de Habsburgo-Lorena o María Cristina de Austria, o en su forma original alemana: Maria Christina Désirée Henriette Felicitas Rainiera von Habsburg-Lothringen (u Österreich), conocida popularmente como «Doña Virtudes»​(Groß Seelowitz, 21 de julio de 1858​-Madrid, 6 de febrero de 1929), fue la segunda esposa del rey Alfonso XII y madre de Alfonso XIII. Por nacimiento era archiduquesa de Austria y princesa de Hungría, Bohemia, Eslavonia, Croacia y Dalmacia. Por vía materna guardaba parentesco con las familias reales española y austriaca, puesto que era tataranieta de Carlos III de España y biznieta de Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico

Fallecido Alfonso XII, ejerció la regencia durante la minoría de edad de su hijo, el rey Alfonso XIII desde 1885 hasta 1902. Durante su regencia se produjo la Guerra Hispano-Estadounidense, en la que España perdió las últimas posesiones de su imperio colonial.

[6] Alfonso XII de España, apodado «el Pacificador»   (Madrid, 28 de noviembre de 1857-El Pardo, 25 de noviembre de 1885), fue rey de España entre 1874 y 1885. Hijo de la reina Isabel II y del rey consorte Francisco de Asís de Borbón, el inicio de su reinado puso término a la Primera República y dio paso al período conocido como Restauración. Tras su muerte prematura a los veintisiete años, víctima de la tuberculosis, fue sucedido en el trono por su hijo póstumo, Alfonso XIII, cuya minoría de edad estuvo encabezada por la regencia de su madre, la reina viuda María Cristina

[7] La dictadura de Primo de Rivera fue el régimen político que hubo en España desde el golpe de Estado del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, hasta la dimisión de este el 28 de enero de 1930 y su sustitución por la «dictablanda» del general Berenguer. Ha sido considerada como «el primer ensayo de institucionalización consciente del nacionalismo español autoritario» cuyo instrumento fue el Ejército, fuertemente corporativo y militarista

[8] La dictadura de Berenguer fue el último periodo de la Restauración borbónica y del reinado de Alfonso XIII en España. En dicho período hubo dos gobiernos: el gobierno del general Dámaso Berenguer, formado en enero de 1930 para que restableciera la «normalidad constitucional» tras la dictadura de Primo de Rivera y el que le siguió un año después, el gobierno del almirante Juan Bautista Aznar, que daría paso a la proclamación de la Segunda República Española. El término dictablanda fue utilizado por la prensa para referirse a la indefinición del gobierno de Berenguer que ni continuó con la dictadura anterior, ni restableció plenamente la Constitución de 1876, ni mucho menos convocó elecciones a Cortes Constituyentes como exigía la oposición republicana

[9] Práxedes Mariano Mateo-Sagasta y Escolar (Torrecilla en Cameros, La Rioja 21 de julio de 1825-Madrid; 5 de enero de 1903) fue un ingeniero de caminos y político español, miembro del Partido Liberal —progresista—, varias veces presidente del Consejo de Ministros en el período comprendido entre 1870 y 1902 y famoso por sus dotes retóricas

[10] El Partido Liberal, originalmente conocido como Partido Liberal-Fusionista, fue un partido político español creado por Práxedes Mateo Sagasta y que, con el Partido Conservador de Cánovas, constituiría el sistema bipartidista con alternancia en el gobierno que caracterizaría a la Restauración española durante el tramo final del siglo XIX y el inicial del siglo XX.

[11] Se conoce por Restauración borbónica a la etapa política de la historia de España desarrollada bajo sistema monárquico que se extendió entre finales de 1874 (momento del pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos que dio fin al periodo de la Primera República Española) y el 14 de abril de 1931 (fecha de proclamación de la Segunda República). El nombre alude a la recuperación del trono por parte de un miembro de la Casa de Borbón, Alfonso XII, después del paréntesis del Sexenio Democrático

[12] El Partido Liberal-Conservador, más comúnmente denominado Partido Conservador, fue un partido político español creado por Antonio Cánovas del Castillo al tiempo de solicitar a Alfonso XII que asumiera la corona española tras el fracaso de la Primera República. Aglutinaba a un variado grupo de personas, desde los partidarios de Isabel II cuando llegó la República, hasta los miembros de la Unión Liberal que él mismo había formado. En sus primeros años de historia, la existencia del partido estuvo vinculada al propio Cánovas.

[13] Francisco Silvela y de Le Vielleuze (Madrid, 15 de diciembre de 1845-Madrid, 29 de mayo de 1905) fue un político y académico español, presidente del Consejo de Ministros durante la regencia de María Cristina de Habsburgo y el reinado de Alfonso XIII, así como ministro de Gobernación, de Gracia y Justicia, de Estado y de Marina

[14] La Unión Catalanista fue un grupo político catalanista conservador formado en Barcelona en 1891, a partir de la unión de diversos sindicatos y asociaciones catalanistas que se pusieron en contacto a raíz de la resistencia contra el artículo 15 del código civil que atentaba contra el derecho civil catalán

[15] Las Bases para la Constitución Regional Catalana, más conocidas como Bases de Manresa, son el documento presentado como proyecto de constitución regional catalana para una ponencia de la Unió Catalanista ante el consejo de representantes de las asociaciones catalanistas, reunidas en Manresa (Barcelona) los días 25 y 27 de marzo de 1892 por iniciativa de la Lliga de Catalunya. Las Bases de Manresa se suelen considerar como el «acta de nacimiento del catalanismo político», al menos el de raíz conservadora

[16] Germán Gamazo y Calvo (Boecillo, 28 de mayo de 1840-Madrid, 22 de noviembre de 1901) fue un abogado y político español, ministro de Fomento durante el reinado de Alfonso XII, cartera que volvería a desempeñar junto a las de Hacienda y de Ultramar durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena

[17] Antonio Maura y Montaner (Palma de Mallorca, 2 de mayo de 1853-Torrelodones, 13 de diciembre de 1925) fue un político español, presidente del Consejo de Ministros en cinco ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII; entre 1903 y 1904, entre 1907 y 1909 —el gobierno largo de Antonio Maura—, en 1918, en 1919 y entre 1921 y 1922. Maura, que hasta 1902 —año de ingreso en el Partido Conservador— perteneció a la facción gamacista del Partido Liberal, fue también ministro de Ultramar entre 1892 y 1894, ministro de Gracia y Justicia entre 1894 y 1895 y ministro de Gobernación entre 1902 y 1903.

[18] Paulino Pallás Latorre (1862-1893) fue un anarquista de la segunda mitad del siglo XIX. Ganó notoriedad por el intento de asesinato al comandante general (gobernador militar) de Cataluña, el general Arsenio Martínez Campos, durante un desfile militar, el 24 de septiembre de 1893. Fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 6 de octubre de 1893. Algunos historiadores le atribuyen también el atentado en el Teatro de Alcántara de Río de Janeiro el 1 de mayo de 1891

[19] Los procesos de Montjuic son el nombre del juicio militar que siguió al atentado terrorista contra la procesión del Corpus en la calle barcelonesa de Canvis Nous (Cambios nuevos) el 7 de junio de 1896 y que provocó 12 muertos y unos 35 heridos. La represión afectó principalmente al anarquismo obrero de Cataluña, siendo detenidas 400 personas entre ellas los maestros José López Montenegro y Juan Montseny Carret, los propagandistas Anselmo Lorenzo, Fernando Tarrida del Mármol, Sebastià Sunyé, Joan Baptista Esteve, Josep Llunas i Pujals y Teresa Claramunt, y el intelectual Pere Coromines. Todos fueron recluidos en el castillo de Montjuic, siendo incluidos en el proceso militar 87 personas.

[20] Alejandro Lerroux García (La Rambla, 4 de marzo de 1864-Madrid, 27 de junio de 1949) fue un político español de ideología republicana. Ejerció la presidencia del Consejo de Ministros en varias ocasiones durante la Segunda República.Fundador y a la vez líder del Partido Republicano Radical (PRR), desde sus inicios fue un político controvertido, siendo especialmente conocido por su retórica demagógica

[21] Michele Angiolillo Lombardi (Foggia, 5 de junio de 1871-Vergara, 20 de agosto de 1897) fue un periodista y anarquista italiano, conocido por haber asesinado a Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros de España.

[22] Se conoce como Paz de Zanjón o Pacto del Zanjón al documento que establece la capitulación del Ejército Libertador cubano frente a las tropas españolas, poniendo fin a la llamada Guerra de los Diez Años (1868-1878). Este acuerdo no garantizaba ninguno de los dos objetivos fundamentales de dicha guerra: la independencia de Cuba, y la abolición de la esclavitud.

[23] Valeriano Weyler y Nicolau (Palma de Mallorca, 17 de septiembre de 1838-Madrid, 20 de octubre de 1930) fue un militar y político español. Ostentó los títulos nobiliarios de marqués de Tenerife y duque de Rubí, y fue grande de España

[24] Camilo García de Polavieja y del Castillo-Negrete, marqués de Polavieja (Madrid, 13 de julio de 1838​- 15 de enero de 1914) ​fue un militar y político español, apodado «el general cristiano» a causa de su religiosidad.​ En el terreno militar fue calificado como un gran estratega y se le consideró, junto a Joaquín Costa, uno de los más notables regeneracionistas —en el caso de Polavieja de carácter conservador—​de España.​ Su carrera política se caracterizó por el respeto a la monarquía —gozó de una buena relación con la regente María Cristina de Habsburgo-Lorena,​ así como tuvo cierta cercanía con los sectores más católicos y conservadores del país—​ y por su intento de impulsar cambios en España, sumida en una grave crisis por el punto final del imperio colonial

[25] Ramón Blanco y Erenas, marqués de Peña Plata (San Sebastián, 1833 – Madrid, 4 de abril de 1906) fue un militar español, capitán general de Navarra, Cuba, Filipinas y Cataluña

[26] William McKinley (Niles, Ohio, 29 de enero de 1843-Búfalo, Nueva York, 14 de septiembre de 1901) fue el vigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, y el último veterano de la Guerra Civil que alcanzó ese cargo.

[27] Stephen Grover Cleveland (Caldwell (Nueva Jersey), 18 de marzo de 1837-Princeton (Nueva Jersey), 24 de junio de 1908) fue el vigésimo segundo (1885-1889)1​ y vigésimo cuarto (1893-1897) presidente de los Estados Unidos y el único presidente de ese país en tener dos mandatos no consecutivos. Además de ser el único demócrata que alcanzó la presidencia en una era de preponderancia republicana en el gobierno entre 1860 y 1912, y el primer presidente demócrata tras la Guerra de Secesión. Sus admiradores elogiaron su mandato por su honestidad, independencia de criterio y adhesión a los principios del liberalismo y el libre comercio. Además, es considerado el presidente más popular entre todos los que habitaron la Casa Blanca entre Lincoln y Theodore Roosevelt. Sin embargo, se le critica la sobrecarga que al parecer sufrió su segundo mandato agobiado por una grave crisis económica y la pérdida del control del partido demócrata frente a las ramas agrarias del mismo.

[28] El USS Maine (ACR-1) fue un acorazado pre-dreadnought de segunda clase de la Armada de los Estados Unidos, el segundo en entrar en servicio y el primer buque de la Armada estadounidense en portar el nombre del estado de Maine. Junto a su gemelo, el Texas, fue construido en respuesta al acorazado brasileño Riachuelo y al incremento de las fuerzas navales de América Latina. El Maine es conocido por su catastrófica pérdida en el Puerto de la Habana en la mañana del 15 de febrero de 1898. Fue enviado para proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses durante las revueltas cubanas contra España. Estalló de repente, sin previo aviso, perdiendo la vida en la explosión tres cuartas partes de su tripulación. Las causas de la explosión no quedaron claras en una comisión de investigación, pero la opinión pública estadounidense, avivada por las proclamas incendiarias de la prensa amarillista estadounidense realizadas por William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, culpó a España. La frase «¡Recordad el Maine, al infierno con España!» («Remember the Maine, to Hell with Spain!») se convirtió en un grito para quienes clamaban por la guerra, que se materializó en la Guerra hispano-estadounidense ese mismo año. Aunque el hundimiento del Maine no fue la causa directa de la confrontación, sirvió como catalizador, acelerando el desarrollo de los acontecimientos.

[29] Eugenio Montero Ríos (Santiago de Compostela, 13 de noviembre de 1832-Madrid, 12 de mayo de 1914) fue un político y jurista español. Fue ministro de Gracia y Justicia con Amadeo I y ministro de Fomento, presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo de Ministros de España con María Cristina de Habsburgo-Lorena. Fue presidente del Consejo de Ministros entre el 23 de junio de 1905 y el 1 diciembre de 1905. ​Su oposición al monarca Alfonso XIII por no querer castigar a los militares en el incidente del semanario satírico ¡Cu-cut! motivó su dimisión el 1 de diciembre de 1905 (Montero Ríos fue sustituido por Moret, el cual se aprestó a promulgar la Ley de Jurisdicciones). Murió en Madrid el 12 de mayo de 1914. En su testamento renunciaba a las condecoraciones obtenidas de la corona.

[30] Francisco Pi y Margall (Barcelona, 29 de abril de 1824-Madrid, 29 de noviembre de 1901) fue un político, ensayista e historiador español de ideología republicana federal, presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República.

David Odalric de Caixal i Mata: Historiador Militar, experto en Geoestrategia Internacional y Terrorismo yihadista. Asesor en materia de Seguridad y Defensa en HERTA SECURITY. Director del Área de Terrorismo y Defensa del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (INISEG). Director del Observatorio contra la Amenaza Terrorista y la Radicalización Yihadista (OCATRY) de INISEG. Director de OSI Foundation (Occidental Studies Institute)