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ANTECEDENTES HISTÓRICOS: EL REINADO DE ALFONSO XIII III PARTE

La «cuestión regional»

Al «Gobierno Nacional» de Maura le sucedió el 10 de noviembre de 1918 un gobierno liberal presidido por García Prieto, con Santiago Alba en Hacienda. Tuvo que hacer frente al grave «problema de las subsistencias» motivado por la subida de los precios, pero las reformas que pretendió introducir Alba se encontraron de nuevo con la resistencia de los sectores industriales que tanto se habían beneficiado por la neutralidad española en la Gran Guerra, mientras aumentaban las manifestaciones de protesta por el encarecimiento de los productos básicos. Finalmente fue la presión de la Lliga, que reclamaba un estatuto de autonomía para Cataluña, la que hizo caer al gabinete sólo un mes después de haberse formado. Entonces el rey encargó el gobierno al conde de Romanones, cuya tarea primordial, según Ángeles Barrio, fue «la de conducir por cauces más fluidos la cuestión de la autonomía». Cambó y la Lliga habían organizado una campaña en pro de la «autonomía integral» para Cataluña que, según Moreno Luzón, «conmovió hasta sus cimientos la escena política española» y que en un principio contó con el apoyo del rey, que pretendía, según le dijo a Cambó, distraer así «a las masas [de Cataluña] de todo propósito revolucionario». Para Cambó había «llegado la hora de Cataluña». La posibilidad de la concesión de un Estatuto de Autonomía para Cataluña provocó la reacción inmediata del nacionalismo español que desplegó una fuerte campaña anticatalanista plagada de tópicos y de estereotipos sobre Cataluña y los catalanes pero que consiguió movilizar a miles de personas que se manifestaron en Madrid y en otras ciudades. El 2 de diciembre de 1918, un día después de haberse constituido el gobierno de Romanones, las diputaciones castellanas, reunidas en Burgos, respondieron a las pretensiones catalanas con el Mensaje de Castilla donde defendían la «unidad nacional» española y se oponían a que cualquier región obtuviera una autonomía política que mermara la soberanía española —e incluso hicieron un llamamiento a boicotear «los pedidos de las casas industriales catalanas»—.​ También se opusieron a la cooficialidad del catalán, al que llamaron «dialecto regional». Al día siguiente el diario El Norte de Castilla titulaba: «Ante el problema presentado por el nacionalismo catalán, Castilla afirma la nación española». También se denunciaba «la campaña separatista de que se hace alarde en las provincias vascongadas». Sólo en el País Vasco y en Galicia se registraron algunas muestras de apoyo a los nacionalistas catalanes.

El rey cambió de posición y manifestó su solidaridad «con los gestos patrióticos de la provincias castellanas», animando a los presidentes de las diputaciones a proseguir en su empeño.​ En el debate parlamentario de principios de diciembre sobre el proyecto de bases del estatuto de autonomía que había presentado la Mancomunidad de Cataluña[1] y que contaba con el apoyo del 98% de la población de Cataluña representada por sus ayuntamientos, el portavoz de los liberales, y por tanto del gobierno, Niceto Alcalá Zamora[2] acusó a Cambó de querer ser al mismo tiempo el Simón Bolívar de Cataluña y el Otto von Bismarck de España. El líder conservador Antonio Maura también se opuso a la autonomía catalana. Dirigiéndose a los diputados catalanistas les dijo que, les gustara o no, eran españoles: «Nadie puede elegir madre, ni hermanos, ni casa paterna, ni pueblo natal, ni patria». Su intervención fue muy aplaudida por los diputados de los dos partidos dinásticos, incluido el presidente del gobierno conde de Romanones. El mismo día de la intervención de Maura, el 12 de diciembre de 1918, Cambó escribió una carta al rey en la que se despedía de él y justificaba la retirada de las Cortes de la gran mayoría de diputados y senadores catalanes en señal de protesta por el rechazo al Estatuto, un gesto que fue muy mal visto por los partidos dinásticos.​ De vuelta en Barcelona, Cambó lanzó en un mitin la consigna «Monarquía? República? Catalunya!». «Ni hipotecamos la autonomía a la República, ni esperamos la República para implantar la autonomía, pero no frenaremos nuestra marcha por el hecho de que pueda caer la Monarquía», declaró.

Romanones convocó una comisión extraparlamentaria para que redactara una propuesta que sería llevada a las Cortes. La comisión, presidida por Antonio Maura elaboró un proyecto de Estatuto muy recortado que incluso eliminaba algunas de las competencias que ya ejercía la Mancomunitat de Cataluña por lo que resultó inaceptable para los diputados catalanes que habían regresado al Congreso a finales de enero de 1919. Cambó pidió entonces que se permitiera la celebración de un plebiscito en Cataluña para saber si los ciudadanos de Cataluña querían o no un Estatuto de autonomía, pero los diputados de los partidos dinásticos, entre los que se encontraba Alfons Sala, presidente de la recién creada Unión Monárquica Nacional[3], alargaron los debates y nunca llegó a discutirse la propuesta. Finalmente el gobierno cerró las Cortes el 27 de febrero aprovechando la crisis provocada por la huelga de la Canadiense en Barcelona. La campaña autonomista catalana de 1918-1919 encontró un amplio apoyo del nacionalismo vasco porque las aspiraciones catalanas conectaban con las suyas.​ En aquel momento el nacionalismo vasco vivía el momento de mayor apogeo de la Restauración. En 1918 había triunfado en las elecciones que le proporcionaron la hegemonía política en Vizcaya, el feudo fundamental del PNV que desde 1916 había pasado a llamarse Comunión Nacionalista Vasca, sustituyendo a los partidos monárquicos del turno que la habían ostentada hasta entonces. Precisamente la razón del éxito había sido la «vía autonomista» emprendida, y su alianza con la Lliga Regionalista de Cambó, que les llevó a reclamar también la «autonomía integral» para Euskadi. Así, las tres diputaciones vascongadas, por iniciativa de la de Vizcaya, demandaron la «reintegración foral», o en su defecto, una amplia autonomía basada en los antiguos fueros, propuesta que fue presentada en las Cortes el 8 de noviembre por los diputados nacionalistas vascos,​ pero que fue rechazada. A partir de 1920 se produjo el retroceso electoral de la Comunión Nacionalista Vasca, debido sobre todo a que las partidos monárquicos del turno, liberales y conservadores, se coaligaron en un frente antinacionalista llamado Liga de Acción Monárquica[4], fundada en enero de 1919, que ganó las elecciones de 1920 y 1923, reduciendo la representación parlamentaria de la Comunión Nacionalista a un único diputado por Pamplona —y eso gracias a su alianza con las carlistas—. Además, los nacionalistas vascos perdieron la mayoría en la Diputación de Vizcaya en 1919 y la alcaldía de Bilbao en 1920.

El impacto de la «Revolución de Octubre»: el «trienio bolchevique» y la «guerra social» en Cataluña

A la «cuestión regional» se sumó el estallido de una grave crisis social en Cataluña y en el campo andaluz. «Una auténtica ‘guerra social’, con atentados anarquistas y de pistoleros a sueldo de patronos, se declaró en Cataluña y tres años de movilizaciones de jornaleros del campo a los que habían llegado los ecos de la revolución rusa en Andalucía». En España el triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia tuvo un gran impacto sobre el movimiento obrero. Sin embargo, ni la CNT ni el PSOE se unieron a la III Internacional fundada por los bolcheviques. Sólo un pequeño grupo de socialistas abandonó el partido en 1921 para fundar el Partido Comunista de España, un grupo minúsculo adherido a la III Internacional y bajo las órdenes directas de Moscú. Pero a pesar de todo la Revolución de Octubre «actuó en España como un imparable mito movilizador que conmocionó durante años al obrerismo, arrastró a sus dirigentes y encandiló a las masas que intentaban encuadrar»

En Andalucía entre 1918 y 1920 se intensificaron las movilizaciones de los jornaleros, en lo que se conoce como el «trienio bolchevique». Se produjeron constantes huelgas que fueron respondidas con extraordinaria dureza por los patronos y las autoridades. Las sociedades obreras reclamaban la subida de jornales y el empleo de los parados de una localidad antes de recurrir a la mano de obra forastera. La movilización fue alentada mediante mítines, periódicos y folletos, como el titulado La revolución rusa: la tierra para quienes la trabajan, y durante las huelgas los jornaleros ocupaban las fincas, siendo desalojados violentamente de ellas por la guardia civil y por el ejército. También hubo sabotajes y atentados.​ La agitación campesina andaluza se redujo en 1920 debido a la represión y desapareció prácticamente en 1922. Mientras tanto en Cataluña se produjo una «guerra social». El conflicto se inició en febrero de 1919 con la huelga de la Canadiense, que dejó a Barcelona sin luz, sin agua y sin tranvías. El gobierno de Romanones optó por la vía de la negociación,​ pero tuvo que ceder a las presiones de la patronal que exigía mano dura y que encontró unos valiosos aliados en el capitán general de Cataluña Jaime Milans del Bosch y en el rey Alfonso XIII. «Se militarizaron los servicios, y Barcelona recuperó la normalidad mientras las cárceles se llenaban de presos huelguistas», afirma Ángeles Barrio.

En ese tiempo se llegó a un acuerdo entre la empresa y los trabajadores gracias a la labor del dirigente moderado de la CNT Salvador Seguí. Quedaba la cuestión pendiente de los huelguistas encarcelados, sometidos a la jurisdicción militar, pero el capitán general Milans del Bosch[5] no cedió por lo que la CNT tuvo que cumplir su amenaza de declarar la huelga general. La respuesta de los patronos, que apoyaron la postura de Milans, fue declarar el lock-out que condenaba a los obreros a la indigencia. El gobierno intentó destituir a Milans, que había declarado el estado de guerra, pero el rey se opuso, por lo que Romanones presentó su dimisión. Le sustituyó el conservador Antonio Maura que aprobó la política de Milans del Bosch. La CNT fue disuelta y sus dirigentes fueron encarcelados, mientras el Somatén se sumaba al mantenimiento del orden público en Barcelona. El conflicto obrero catalán degeneró en una «guerra social» en la que ambas partes recurrieron a la violencia y cuyo escenario fue Barcelona donde se enfrentaron a tiros pistoleros sindicalistas y patronales. Estos últimos estaban dirigidos por el ex policía Manuel Bravo Portillo, contratado por la Federación Patronal, que formó una extensa y bien organizada banda compuesta por delincuentes y sindicalistas corruptos, y que fue la que llevó a cabo los primeros asesinatos de militantes y dirigentes de la CNT.​ En las filas anarquistas, y protegidos por sus dirigentes, se formaron grupos de acción cuyos miembros, según Moreno Luzón, «se movían entre el asesinato a sueldo y la revolución ácrata, protagonistas de más y más atentados contra empresarios, capataces, policías, matones y obreros disidentes». Entre ellos destacó Buenaventura Durruti[6], «joven pistolero y agitador clandestino». Maura convocó elecciones en junio de 1919 pero en ellas no consiguió una mayoría propia y el resto de facciones conservadoras se negaron a reconocerle como jefe del partido conservador, a pesar de las presiones del rey para que lo hicieran, «en defensa de la monarquía y el orden». Así se produjo la caída de Maura a quien le sucedió en agosto de 1919 el también conservador Joaquín Sánchez de Toca, que volvió a la vía de la negociación en la guerra social en Cataluña.​ Sin embargo, pocos meses después cayó el gobierno siendo sustituido por el también conservador Manuel Allendesalazar Muñoz[7], quien recuperó la «mano dura». Pero el gobierno de Allendesalazar tampoco duró mucho y cayó en mayo de 1920, siendo sustituido por el también conservador Eduardo Dato Este consiguió del rey el decreto de disolución de las Cortes y convocó nuevas elecciones para diciembre de 1920, sólo un año y medio después de las celebradas bajo el gobierno de Maura.

Aunque al principio impulsó la negociación para lograr la paz social, Dato volvió a la política represiva después de que se produjera el asesinato por un grupo anarquista del conde de Salvatierra, antiguo gobernador civil de Barcelona en tiempos del gobierno de Sánchez de Toca. Puso al frente del gobierno civil de Barcelona al general Severiano Martínez Anido[8], que aplicó una feroz represión antisindical que incluyó la aplicación de la llamada ley de fugas a los presos, lo que diezmó a la CNT pero al mismo tiempo, según Ángeles Barrio, «estimuló el activismo y el recurso a la violencia individual» y «los actos terroristas y de violencia callejera entre anarquistas y miembros de los Sindicatos Libres se sucedieron en espiral entre 1920 y 1922…» Los llamados sindicatos libres –por oposición a los sindicatos únicos de la CNT— estaban formados por obreros católicos, apolíticos o simplemente desengañados de la estrategia anarquista, a los que los patronos preferían contratar, lo que se tradujo en un incremento de sus miembros —en 1922 afirmaron tener 150.000 afiliados—. Esto abrió una competencia sindical que en numerosas ocasiones se saldó con tiroteos.

La espiral de violencia alcanzó al propio primer ministro. El 8 de marzo de 1921 Eduardo Dato fue asesinado en Madrid por un grupo de tres anarquistas que le dispararon desde un sidecar cuando regresaba en automóvil a su casa. El asesinato de Dato incrementó la represión sobre la CNT y las acciones de los pistoleros de los «Sindicatos Libres» contra sus miembros. En 1923 caía también asesinado Salvador Seguí, dirigente de la CNT, que no había apoyado la vía violenta y que defendía la vuelta a la vía sindical, así como el arzobispo de Zaragoza Juan Soldevilla. El número de atentados creció hasta 1921 para descender en 1922 y repuntar en 1923. Según los datos de Eduardo González Calleja, citados por Javier Moreno Luzón, hubo 87 atentados en 1919, 292 en 1920, 311 en 1921, 61 en 1922 y 117 en 1923. Las víctimas mortales fueron 201 sindicalistas y anarquistas, incluyendo a sus abogados (un 23 %); 123 patronos, gerentes y capataces (un 14%); 83 agentes de la autoridad (un 9,5 %); 116 miembros de los sindicatos libres o anticenetistas (13 %).

El «desastre de Annual» y sus consecuencias (1921-1922)

Tras el paréntesis de la Gran Guerra los gobiernos españoles se propusieron hacer efectivo el dominio de España sobre todo el protectorado de Marruecos. Esa fue la tarea encomendada al general Dámaso Berenguer, nombrado Alto Comisario Español en Marruecos en 1919. Del avance en la zona oriental se encargó el general Manuel Fernández Silvestre, nombrado a principios de 1920 Comandante General de Melilla, cargo que gozaba de una cierta autonomía respecto del Alto Comisario ya que despachaba directamente con el ministro de la guerra. Fernández Silvestre inició el avance desde Melilla hacia el oeste mediante el sistema tradicional de blocaos —casetas de madera fortificadas— sin encontrar resistencia. En diciembre de 1920 alcanzaba la cabila de Ben Said y al mes siguiente Annual, en la cabila vecina de Beni Ulixek. Berenguer y Fernández Silvestre se reunieron en marzo de 1921 en el Peñón de Alhucemas y decidieron detener el avance. Las tropas de la Comandancia de Melilla quedaron así dispersas en un territorio extenso, con problemas de abastecimiento y expuestas a un posible ataque. El puesto más avanzado era Annual. Tras un permiso en Madrid donde recibió numerosas muestras de apoyo popular, del gobierno y del rey, Fernández Silvestre reanudó el avance en mayo de 1921, pero esta vez se encontró con la resistencia de las tribus rifeñas dirigidas por Abd el-Krim[9], de la cabila de Beni Urriaguel, situada más al oeste. Silvestre pidió refuerzos que no le fueron concedidos pero no renunció al avance y el 19 de julio ordenó reconquistar la zona de Annual. Silvestre en persona llegó desde Melilla el día 21 al frente de un ejército de 4.500 hombres pero tuvo que retirarse de Annual a Ben Tieb, al sudeste, ante la ofensiva que habían desencadenado los rebeldes de Abd el-Krim. El Alto Comisario prometió enviar refuerzos pero estos no llegarían a tiempo. «La ofensiva inesperada de los indígenas concluyó en una desbandada general del Ejército español en dirección a Melilla. Las tropas españolas estaban dispersas en un frente muy extenso con un número de posiciones muy elevado y con graves problemas de aprovisionamiento. Las unidades estaban mal pertrechadas… El derrumbamiento del frente tuvo como consecuencia la pérdida en tan sólo unos días de lo conseguido con graves dificultades durante años. No sólo el general Silvestre murió sino también otros 10.000 soldados». El que sería conocido como el «desastre de Annual»[10] conmocionó enormemente a la opinión pública. En las Cortes y en la prensa se pidieron responsabilidades y el propio rey Alfonso XIII fue acusado de haber alentado a Fernández Silvestre —«nombrado gracias al favor real» según el agregado militar de la embajada francesa— para actuar de forma tan imprudente, aunque no existe ninguna prueba de ello «por más que mantuviera unas relaciones estrechas con él, por otro lado no muy diferentes de la que le unían a otros militares»​ El diputado socialista Indalecio Prieto fue el que formuló la acusación más dura en el Congreso:

“Aquellos campos de dominio son hoy campos de muerte: ocho mil cadáveres parece que se agrupan en torno de las gradas del trono en demanda de justicia”

Para hacer frente a las graves consecuencias políticas del «desastre de Annual» el rey recurrió a Antonio Maura quien el 3 de agosto de 1921 formó, como en 1918, un «gobierno de concentración», del que formaron parte tanto conservadores como liberales, y también de nuevo el catalanista Cambó. Una de las primeras medidas que tomó el nuevo gobierno fue abrir un expediente —cuyo instructor sería el general Juan Picasso[11]— para dirimir las responsabilidades militares del desastre. Asimismo se puso en marcha una operación militar para recuperar el territorio perdido en Marruecos. Sin embargo, el gobierno de Maura acuciado por la «cuestión de las responsabilidades» duró sólo ocho meses y en marzo de 1922 fue sustituido por un gobierno conservador presidido por José Sánchez Guerra. Sánchez Guerra intentó hacer frente al creciente intervencionismo militar y se propuso someter al poder civil a las Juntas de Defensa, llamadas entonces «comisiones informativas», contando en esta ocasión con la colaboración del rey, quien en junio de 1922 en una reunión con los militares de la guarnición de Barcelona las desautorizó. «El oficial no puede meterse en política», dijo.​ Los diputados reformistas, republicanos y socialistas, por su parte, recordaron el apoyo que había dado el rey a las Juntas en el pasado.​ Finalmente las Cortes aprobaron en noviembre de 1922 una ley que disolvía las «comisiones informativas» y que establecía las normas estrictas que se debían seguir para los ascensos por méritos de guerra, atendiendo así una de sus reivindicaciones de las Juntas. De esta forma se restableció la unidad de los oficiales africanistas del Ejército español.​ Otra medida civilista fue la destitución del general Severiano Martínez Anido de su puesto de gobernador civil en Barcelona

El general Picasso presentó su informe sobre el «desastre de Annual» que resultó demoledor ya que en él denunciaba el fraude y la corrupción que se había producido en la administración del protectorado de Marruecos, así como la falta de preparación y la improvisación de los mandos en la conducción de las operaciones militares, sin dejar a salvo a los gobiernos que no habían provisto al Ejército de los medios materiales necesarios. A partir de lo relatado en el Expediente Picasso[12] el Consejo Supremo de Guerra y Marina ordenó el procesamiento de treinta seis jefes y oficiales, junto con el Alto Comisario, el general Berenguer[13], el General Fernández Silvestre[14], si se encontraba vivo pues no había sido hallado su cadáver, y el General Felipe Navarro y Ceballos-Escalera[15]. Navarro, prisionero de Abd el-Krim. De nuevo la intervención más dura cuando se debatió en el tema en el Congreso fue la del diputado socialista Indalecio Prieto quien acusó al ministro de la guerra, vizconde de Eza, y sobre todo al rey de ser los máximos responsables de lo sucedido, acusación por la que fue procesado.​ Prieto, entre otras cosas, dijo:

“Una de las responsabilidades más graves que asumen todos los partidos que han turnado en este periodo de la monarquía es la de su adulación, la de su falta de constitucionalismo, la de no haber sabido encuadrar a todo el mundo, incluso al rey, dentro de sus deberes constitucionales”

El debate sobre las responsabilidades puso en evidencia la división entre los conservadores​ por lo que provocó la crisis del gobierno que se saldó con la formación en diciembre de 1922 de uno nuevo de «concentración liberal» presidio por Manuel García Prieto, que iba a ser el último gobierno constitucional del reinado de Alfonso XIII

El último gobierno constitucional de la Monarquía de Alfonso XIII (diciembre de 1922-septiembre de 1923)

El gobierno de «concentración liberal» presidido por Manuel García Prieto anunció su propósito de avanzar en el proceso de responsabilidades —en julio de 1923 el Senado concedía el suplicatorio para poder procesar al general Berenguer ya que gozaba de inmunidad parlamentaria al ser miembro de esa Cámara—. Asimismo, intentó reafirmar la primacía del poder civil sobre los militares en las dos cuestiones pendientes, Cataluña y Marruecos. También se planteó un proyecto muy ambicioso de reforma del régimen político que supusiera el nacimiento de una auténtica Monarquía parlamentaria, aunque en las elecciones que convocó a principios de 1923 volvió a producirse el fraude generalizado y el recurso a la maquinaria caciquil para asegurarse una mayoría. Sin embargo, los partidos antisistema lograron avances, sobre todo el PSOE, que obtuvo un resonante triunfo en Madrid donde obtuvo siete escaños. Pero finalmente, el gobierno no pudo llevar adelante sus planes de reforma y de exigencia de responsabilidades porque el 13 de septiembre de 1923 el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, encabezó un golpe de Estado en Barcelona que puso fin al régimen liberal de la Restauración. El rey Alfonso XIII no se opuso al golpe.

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) La «dictadura con rey»

El 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se sublevó contra el Gobierno y dio un golpe de Estado. Así nació la «dictadura con rey» una expresión que ha sido acuñada por el historiador Santos Juliá con la que quiere destacar el hecho de que la suerte final del golpe militar de Primo de Rivera la decidió el rey Alfonso XIII al no respaldar al gobierno y cederle el poder, lo mismo que había hecho un año antes el rey de Italia Víctor Manuel III[16] que no firmó el decreto que declaraba el estado de emergencia para impedir que la «marcha sobre Roma» de los fascistas triunfara y que nombró a su líder Mussolini, jefe del gobierno. No es casualidad que poco después de instaurarse la Dictadura, Alfonso XIII le dijera a Víctor Manuel III en el curso de una visita oficial a Italia: ya tengo «mi Mussolini».

A partir de la aceptación del golpe de Estado de Primo de Rivera, el rey ya no actuó como monarca constitucional, sino como jefe del Estado de una nueva fórmula política de «dictadura con rey». Que Alfonso XIII ya no era un monarca constitucional lo pudieron comprobar los presidentes del Senado, conde de Romanones, y del Congreso de Diputados, Melquiades Álvarez, cuando pasados tres meses del golpe le recordaron al rey que la Constitución de 1876 le obligaba a convocar elecciones —cosa que el rey no hizo—. Fueron fulminantemente destituidos mediante un Decreto firmado por Primo de Rivera y refrendado por el Rey. Primo de Rivera lo justificó así:

“El país no se impresiona ya con películas de esencias liberales y democráticas; quiere orden, trabajo y economía”

En principio la Dictadura iba a ser un régimen temporal —Primo de Rivera dijo que su propósito era permanecer sólo «noventa días» tiempo suficiente para «regenerar» el país—, pero duró seis años y cuatro meses.

El Directorio militar (1923-1925) El restablecimiento de la «paz social»

La primera medida que tomó el Directorio fue la destitución de las autoridades provinciales y locales (gobernadores civiles, alcaldes, presidentes de las diputaciones) que fueron sustituidas por militares, cuya primera misión fue el restablecimiento del orden público por el método expeditivo de declarar el estado de guerra, lo que suponía la suspensión de las garantías constitucionales (como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y asociación, etc.) y la atribución a la jurisdicción militar de los «delitos políticos» —incluidos el de ostentar banderas no nacionales o utilizar en actos oficiales lenguas no castellanas— y buena parte de los delitos comunes.​ Otra de las primeras decisiones del Directorio también tuvo que ver con el orden público: mediante un decreto de 17 de septiembre, se extendió la institución catalana del Somatén a todas las provincias de España. La declaración del estado de guerra condujo a que se restableciera la «paz social». Desapareció casi por completo el pistolerismo (sólo se registraron 51 atentados entre 1923 y 1928, frente a los 1.259 de 1919 a 1923) y se redujo el número de huelgas, a lo que contribuyó también el crecimiento económico que se vivió en los «felices años veinte» La política seguida por la Dictadura con las dos grandes organizaciones obreras fue muy distinta. Primo de Rivera intentó atraerse a los socialistas, provocando una división en su seno entre los partidarios de la colaboración con la Dictadura, encabezada por Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero y Manuel Llaneza, y los contrarios, liderada por Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. Ganó la postura de los primeros y los socialistas se integraron en el Consejo de Trabajo como consecuencia de la absorción por este nuevo organismo del Instituto de Reformas Sociales, e incluso Largo Caballero formó parte del Consejo de Estado, lo que provocó la dimisión de Prieto de la ejecutiva del PSOE.​ En cambio, la política de la Dictadura respecto de la CNT fue la represión, por lo que la organización anarquista pasó a la clandestinidad.

El «descuaje del caciquismo»

Primo de Rivera se consideró a sí mismo el «cirujano de hierro» que debía lograr el «descuaje del caciquismo» del que había hablado Joaquín Costa a principios de siglo. Así, además de restablecimiento de la «paz social», el otro objetivo asignado a las nuevas autoridades militares provinciales y locales fue «regenerar» la vida pública poniendo fin a las redes caciquiles, una vez que la «oligarquía» de los políticos del turno ya había sido desalojada del poder. Los nuevos gobernadores civiles, todos ellos militares, fueron encargados de investigar los casos de corrupción, admitiéndose al principio las denuncias anónimas, y para auxiliar a los gobernadores se nombraron en cada Partido judicial delegados gubernativos, también militares –más de ochocientas corporaciones locales fueron investigadas y se incoaron más de cien expedientes por haberse detectado irregularidades en ellas—​

Sin embargo, en la práctica la medida de nombrar los delegados gubernativos fue «poco efectiva» porque entre ellos «también se dieron casos de corrupción» «e incluso algunos se convirtieron en auténticos caciques». En realidad, «la razón fundamental de la crisis del caciquismo durante el período de la Dictadura fue la marginación del poder durante tanto tiempo de los partidos del turno», aunque muchos caciques encontraron refugio en el partido único de la Dictadura, la Unión Patriótica.

La reforma política a nivel local culminó con la promulgación del Estatuto Municipal de 1924, impulsado por el entonces director general de Administración Local, el antiguo maurista José Calvo Sotelo[17]. En el preámbulo del Estatuto se decía que «el Estado para ser democrático ha de apoyarse en municipios libres», pero los alcaldes siguieron siendo designados por el Gobierno, y no elegidos por los vecinos. Otro paso en el «descuaje del caciquismo» fue la disolución de las diputaciones provinciales en enero de 1924, a excepción de las del País Vasco y de Navarra. Los gobernadores civiles quedaron encargados de nombrar a sus nuevos miembros entre profesionales liberales y empresarios, lo que provocó la desafección de los miembros de la Liga Regionalista encabezados por Josep Puig i Cadafalch, quien en un principio había creído en la buena voluntad regionalista de Primo de Rivera, ya que los designados para las cuatro diputaciones catalanas, como en los ayuntamientos, fueron «españolistas», procedentes en su mayoría de la Unión Monárquica Nacional

La Unión Patriótica: un partido «apolítico»

A principios de 1924, comenzó a fraguarse la idea de que no era suficiente para «regenerar» el país poner fin a la «oligarquía» y «descuajar el caciquismo», sino que también era necesaria una «política nueva», que se apoyara en «gentes de ideas sanas» y los hombres «de buena fe» que formarían un «partido político, pero apolítico, que ejerce una acción político-administrativa». Una fuerza política, que no definiera los objetivos ni las políticas a aplicar, sino que se hiciera cargo de la administración del Estado llevando a la práctica el lema regeneracionista de «menos política, más administración». Así es como nació en abril de 1924 la Unión Patriótica, aunque las primeras «uniones patrióticas» habían surgido de manera espontánea en los círculos del catolicismo político. Primo de Rivera definió la Unión Patriótica como «un partido central, monárquico, templado y serenamente democrático» y más adelante lo dotó de un trilema, al modo carlista: «Patria, Religión y Monarquía». Uno de sus ideólogos, el escritor José María Pemán, se preocupó de diferenciarlo del fascismo y afirmó que el Estado que defendía la Unión Patriótica era el «tradicional socialcristiano», y que además renegaba del sufragio universal que consideraba «un gran error».​ En el partido se integraron personas procedentes de la derecha tradicional católica —antiliberal y antidemocrática—, del «maurismo» y de otros sectores conservadores, «apolíticos» de todo tipo y también simples oportunistas. La Unión Patriótica fue un partido «organizado desde el poder y por el poder» (como lo reconoció José Calvo Sotelo), y para su constitución el dictador echó mano de una formación política en gestación que  venía del mundo católico antiliberal y antidemocrático no carlista, más concretamente del vinculado a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que encabezaba Ángel Herrera Oria, y que precisamente había sido la organización que había impulsado las primeras «uniones patrióticas» con el fin de constituir el gran partido de la derecha católica. La base de la Unión Patriótica fue fundamentalmente local y provincial, y la Junta Directiva Nacional creada en 1926 nunca tuvo unas funciones muy precisas. Más importante como aglutinante del partido fue el papel del diario La Nación, el órgano de prensa de la Unión Patriótica sostenido con fondos de la Administración. Por otro lado, la eficacia de la Unión Patriótica en el «descuaje del caciquismo» fue en realidad reducida, porque «incorporó en sus filas a muchos antiguos caciques y permitió la creación de nuevos cacicazgos», como en el caso de la provincia de Cádiz, cuna de Primo de Rivera, «donde la práctica totalidad de los caciques tradicionales se integraron en la Unión Patriótica».

El reforzamiento del nacionalismo español y la lucha contra el «separatismo»

En el «Manifiesto» del 13 de septiembre se hacía referencia a la «descarada propaganda separatista» como una de las justificaciones del golpe. Cinco días después el Directorio promulgaba el Decreto de 18 de septiembre de 1923 contra el «separatismo», que castigaba con severas penas los «delitos contra la seguridad y la unidad de la Patria», juzgados por tribunales militares. Así pues, la Dictadura se decantó desde el primer momento por «un nacionalismo español autoritario y beligerante. Los símbolos y las entidades afines a los otros nacionalismos fueron perseguidos. La censura redujo a la mínima expresión no sólo la prensa democrática y obrera, sino también las publicaciones en otras lenguas. Las actividades políticas fueran severamente limitadas y, en general, nacionalismos subestatales y regionalismos entraron en un forzado eclipse, que duraría hasta 1929».

En Cataluña, pronto se hizo patente la equivocación de la Liga Regionalista de apoyar el golpe de Primo de Rivera, ya que este llevó a cabo inmediatamente una política de persecución del catalanismo. Entre otras medidas se prohibió el catalán en los actos oficiales, se intentó suprimir el uso de catalán en los sermones y en las ceremonias religiosas, se impuso el castellano como única lengua administrativa, se castellanizaron y cambiaron los topónimos catalanes, se boicotearon los Jocs Florals —que hubieron de celebrarse en el exterior—, se prohibió izar la bandera catalana, se limitó el baile de sardanas, se persiguió a instituciones profesionales, sindicales y deportivas simplemente por usar el catalán, etc. Esta política generó numerosos conflictos con diversas instituciones catalanas y entidades catalanistas que se resistían a aceptarla, y muchas de ellas acabaron siendo clausuradas temporal o definitivamente. Fue el caso, por ejemplo, de algunos locales de la Liga Regionalista que fueron cerrados y el de su periódico La Veu de Catalunya que fue suspendido temporalmente. En enero de 1924 Primo de Rivera se reunió en Barcelona con algunos dirigentes políticos catalanes pero sólo consiguió el apoyo de la Unión Monárquica Nacional, cuyo líder Alfonso Sala Argemí pasó a presidir la Mancomunitat[18] tras la dimisión de Puig i Cadafalch. Sin embargo, Sala acabó enfrentándose a las autoridades militares de Cataluña y protestando por carta a Primo de Rivera. Así cuando en marzo de 1925 se aprobó el Estatuto Provincial, que en la práctica prohibía la Mancomunitat, Sala dimitió. Tras la desaparición de la Mancomunitat, las declaraciones de Primo de Rivera sobre la cultura, la identidad, el idioma y las instituciones de Cataluña fueron creciendo en virulencia, manifestándose totalmente contrario a cualquier tipo de autonomía regional. Como ha señalado la historiadora Genoveva García Queipo de Llano, «Primo de Rivera ofendió no sólo a grupos políticos sino a la totalidad de la sociedad catalana».​ Así se fue produciendo un distanciamiento cada vez mayor entre Cataluña y la Dictadura, aumentando progresivamente los conflictos. Acció Catalana llevó el «caso catalán» a la Sociedad de Naciones y Francesc Macià, un antiguo militar fundador de Estat Catalá[19], se convirtió en el símbolo de la resistencia de Cataluña a la Dictadura de Rivera.

La pacificación de Marruecos

Respecto al «problema de Marruecos» el general Primo de Rivera siempre había manifestado una postura «abandonista», así que ordenó el repliegue de las tropas a la franja litoral del Protectorado español de Marruecos, con el consiguiente malestar del sector «africanista» del Ejército. Entre ellos se encontraba el teniente coronel Francisco Franco que escribió varios artículos en la Revista de Tropas Coloniales, en defensa del colonialismo español. Una de las razones de fondo de la oposición al «abandono» de Marruecos estribaba en que el repliegue suponía el final de los rápidos ascensos por «méritos de guerra», lo que había permitido a los oficiales destinados en África ascender más rápidamente que los que estaban en las guarniciones peninsulares. Era el caso del propio teniente coronel Franco, que cuando se graduó solicitó destino en el Ejército de África (en los «regulares», primero en Melilla y después en Ceuta), y en sólo cinco años (de 1912 a 1917) ascendió de teniente a comandante por «méritos de guerra». Cuando el teniente coronel Millán Astray organizó en 1920 la Legión Extranjera (siguiendo el modelo francés) nombró al comandante Franco al frente de uno de sus batallones. En 1922, Franco publicó Marruecos, diario de una Bandera, donde contó su experiencia en la Legión. Ese mismo año los medios conservadores, como el diario ABC, lo pusieran como ejemplo de «soldado», ante la campaña antimilitarista que se desató tras el «desastre de Annual». En 1923 ocupaba la jefatura de la Legión y era ascendido a teniente coronel. Cuando, finalmente, Primo de Rivera se decidió a reanudar la guerra de Marruecos el teniente coronel Franco, como otros oficiales «africanistas», cambiaron su actitud y se hicieron acérrimos partidarios de la Dictadura. El teniente coronel Franco ascendió en sólo tres años a coronel y de coronel a general. Tenía 33 años de edad. Si no hubiera habido guerra aún seria capitán, afirma el historiador Gabriel Cardona.

En marzo de 1924 Primo de Rivera mandó retirar las tropas de la zona de Yebala y Xauen lo que permitiría acortar las líneas. Pero el repliegue se hizo en muy malas condiciones climatológicas y fue aprovechado por Abd el-Krim, el líder de la autoproclamada República del Rif, para lanzar una ofensiva, por lo que la operación fue una catástrofe. Hubo más bajas que las producidas en el desastre de Annual de tres años antes, aunque con un número inferior de muertos, y Abd el-Krim se apoderó de buena parte del protectorado español.​ Primo de Rivera logró ocultar a la opinión pública la magnitud del desastre gracias a la censura ​ pero en octubre de 1924 tuvo que asumir personalmente el cargo de Alto Comisario Español en Marruecos. Sólo el error de los rebeldes rifeños de atacar las posiciones francesas en la primavera de 1925 permitió a Primo de Rivera salvar la situación.

En efecto, el ataque de Abd el-Krim a las zonas de Marruecos bajo protectorado francés fue suficiente para que Francia por primera vez se mostrara dispuesta a colaborar con España para poner fin a la rebelión rifeña.​ De esta colaboración surgió el proyecto del desembarco de Alhucemas que tuvo lugar en septiembre de 1925 y fue un completo éxito pues cogió al enemigo por la espalda y partió en dos la zona controlada por los rebeldes. Así en abril de 1926, Abd el-Krim solicitaba entablar negociaciones y al año siguiente Marruecos estaba completamente pacificado, dejando de ser un problema para España. En su obsesión por no caer en manos del ejército español, Abd el-Krim se entregó a los franceses que lo deportaron a la isla Reunión

Según Genoveva García Quiepo de Llano:

“La victoria de Marruecos fue, sin duda, el triunfo más espectacular del gobierno de Primo de Rivera, y sentó las bases de la política exterior de la Dictadura en el futuro. La voluntad de permanencia en el poder del general Primo de Rivera a partir del año 1925, a pesar de que él mismo había indicado la provisionalidad de su régimen, fue precisamente que hubiera solucionado un problema que había sido la pesadilla de todos los gobernantes españoles desde el año 1898”

Por otro lado, como ha señalado Santos Juliá, «entregada la dirección de la guerra a las africanistas carecía de sentido seguir con el enojoso asunto de las responsabilidades, al que se dio definitivo carpetazo».

[1] La Mancomunidad de Cataluña fue una institución catalana promovida por el dirigente de la catalanista Liga Regionalista, Enric Prat de la Riba

[2] Niceto Alcalá-Zamora y Torres (Priego de Córdoba, 6 de julio de 1877-Buenos Aires, 18 de febrero de 1949) fue un político y jurista español que ocupó varios ministerios durante el reinado de Alfonso XIII, la presidencia del gobierno provisional de la II República y, finalmente, el cargo de presidente de la República Española entre 1931 y 1936.

[3] La Unión Monárquica Nacional (UMN) fue un partido político español, fundado en abril de 1930 como sucesor de la Unión Patriótica, el partido oficial de la dictadura de Primo de Rivera, y encabezado por exministros de esta y por el hijo del dictador La formación, de matriz neoconservadora, incorporaba sin embargo un activo grupo de representantes de la derecha radical y apostó por la instauración de una monarquía de tipo autoritario.

[4] Coalición electoral creada en Vizcaya a comienzos de 1919 para poner coto al avance del nacionalismo vasco, a semejanza de la Unión Monárquica Nacional organizada por Maura en Cataluña con igual programa y esquema organizativo y con la que se federó en 1920. Su precedente inmediato fue el compromiso monárquico de Archanda contraído en el banquete que celebraron monárquicos dinásticos de todo orden el 17 de marzo de 1918 como homenaje a los candidatos derrotados por los nacionalistas.

[5] Joaquín León Milans del Bosch y Carrió (Barcelona, 6 de junio de 1854 – Madrid, 31 de agosto de 1936) fue un militar español. Con Joaquín, culminó la deriva ideológica de la familia Milans del Bosch. Tradicionalmente habían sido militares liberales, pero durante el siglo XX se alinearon con los sectores más reaccionarios.

[6] Durruti fue una de las figuras más relevantes del anarquismo español y de la organización sindical CNT. Falleció a comienzos de la Guerra Civil Española luchando en el bando republicano al frente de una formación de milicianos conocida en su nombre como columna Durruti.

[7] Manuel Allendesalazar y Muñoz de Salazar (Guernica, 24 de agosto de 1856 – Madrid, 17 de mayo de 1923) fue un ingeniero y político español. Fue ministro de Hacienda durante la regencia de María Cristina de Habsburgo y presidente del Consejo de Ministros, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas de Gobernación, de Estado, de Fomento y de Marina durante el reinado de Alfonso XIII.

[8] Severiano Martínez Anido (El Ferrol, 21 de mayo de 1862-Valladolid, 24 de diciembre de 1938) fue un militar español que a lo largo de su carrera ocupó diversos puestos en materia de orden público, llegando hasta el generalato. Hombre cruel y violento,1​ es principalmente conocido por su papel en la dura represión policial del pistolerismo anarquista en Barcelona a comienzos de la década de 1920. Durante la Dictadura de Primo de Rivera fue una de las principales figuras del gabinete, desempeñando los puestos de ministro de la Gobernación y vicepresidente del Consejo de ministros. Más adelante sería ministro de Orden Público del primer gobierno del general Franco, ya durante la Guerra civil española.

[9] Abd el-Krim cuyo nombre completo era Muhammad Ibn ‘Abd el-Karim El-Jattabi, fue un político y líder militar rifeño que encabezó la resistencia contra la administración colonial española y francesa durante la denominada Guerra del Rif. Además, fue presidente de la efímera y autoproclamada República del Rif, entre 1923 y 1926. Sus tácticas guerrilleras posteriormente influyeron en otros líderes como Hồ Chí Minh, Mao Zedong y el Che Guevara

[10] La batalla de Annual (episodio más conocido en la historiografía española como Desastre de Annual) fue una gravísima derrota militar española ante los rifeños comandados por Abd el-Krim. Se produjo el 22 de julio de 1921 cerca de la localidad marroquí de Annual. Esta derrota condujo a una redefinición de la política colonial de España en la Guerra del Rif y a una de las más importantes crisis políticas entre las que socavaron los cimientos de la monarquía liberal de Alfonso XIII. Puede decirse que los problemas generados por Annual fueron causa directa del golpe de Estado y la dictadura de Miguel Primo de Rivera

[11] Juan Picasso González (Málaga, 22 de agosto de 1857-Madrid 5 de abril de 1935) fue un militar español, héroe de guerra en África e instructor de la investigación militar más importante de la historia española: el Expediente Picasso, sobre el Desastre de Annual. Era tío segundo del pintor Pablo Ruiz Picasso

[12] El Expediente Picasso es el nombre con el que se conoce al informe redactado por el general de división Juan Picasso, destinado en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en relación a los hechos acontecidos en la Comandancia General de Melilla en los meses de julio y agosto de 1921: el llamado Desastre de Annual y el abandono de las posiciones.

[13] Dámaso Berenguer Fusté (San Juan de los Remedios, Cuba, 4 de agosto de 1873-Madrid, 19 de mayo de 1953), i conde de Xauen, fue un militar y político español, que presidió el penúltimo gobierno de la monarquía de Alfonso XIII conocido con el nombre de «dictablanda».

[14] Manuel Fernández Silvestre (El Caney, entonces en la Capitanía general de Cuba, 16 de diciembre de 1871 – Annual, 22 de julio de 1921) fue un militar español, comandante general de Ceuta (1919-1920) y de Melilla (1920-1921), en el transcurso de la Guerra del Rif, y principal responsable, como comandante en jefe del ejército español, del Desastre de Annual

[15] Felipe Navarro y Ceballos-Escalera, barón de Casa Davalillo, (Madrid, 21 de julio de 1862 – Paracuellos de Jarama, Madrid, 7 de noviembre de 1936) fue un militar español del Arma de Caballería que alcanzó el empleo de capitán general, participando en las guerras de Cuba, Filipinas y Marruecos. Murió asesinado por las milicias del Frente Popular en las Matanzas de Paracuellos de 1936.

[16] Víctor Manuel III de Italia fue rey de Italia entre 1900 y 1946. Su nombre completo era Vittorio Emanuele Ferdinando Gennaro Maria di Savoia. Fue nombrado miembro de la Insigne Orden del Toisón de Oro el 2 de diciembre de 1878. Su título al nacer era de Príncipe de Nápoles

[17] José Calvo Sotelo (Tuy, 6 de mayo de 1893 – Madrid, 13 de julio de 1936) fue un político y jurisconsulto español, ministro de Hacienda entre 1925 y 1930, durante la Dictadura de Primo de Rivera. En un exilio autoimpuesto evitó ser juzgado por sus responsabilidades como ministro de la dictadura durante los primeros años de la Segunda República; no obstante fue elegido diputado en todas las legislaturas, incorporándose a su escaño tras una amnistía durante el bienio radical-cedista en 1934. Destacó como líder de las fuerzas que pretendían la instauración de una monarquía autoritaria corporativista, a través del partido Renovación Española, aunque no mantuvo muy buena relación con las otras fuerzas de la derecha: la mayoritaria, partidaria de contemporizar con la República (CEDA) y las más próximas al fascismo, como Falange Española

[18] La Mancomunidad de Cataluña fue una institución catalana promovida por el dirigente de la catalanista Liga Regionalista, Enric Prat de la Riba

[19] Estat Català (Estado Catalán en español) es un partido político de carácter independentista catalán, fundado por Francesc Macià como «organización política y de combate nacionalista catalana» el 18 de julio de 1922. Estat Català es el partido más antiguo de Cataluña que continúa en activo. En sus inicios, Estat Català podía considerarse como un partido insurreccionalista, ya que las acciones militares contra la dictadura de Primo de Rivera y la difusión internacional de las ambiciones independentistas de Cataluña fueron sus principales actividades. Actualmente, se encuentra dividido en dos facciones: una se define como un partido independentista, interclasista y no dogmático, que lucha por la independencia de los denominados Países Catalanes y el establecimiento del catalán como única lengua oficial; otra, se inclina hacia un nacionalismo catalán más izquierdista, cercano a otras organizaciones independentistas como Endavant

David Odalric de Caixal i Mata: Historiador Militar, experto en Geoestrategia Internacional y Terrorismo yihadista. Asesor en materia de Seguridad y Defensa en HERTA SECURITY. Director del Área de Terrorismo y Defensa del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (INISEG). Director del Observatorio contra la Amenaza Terrorista y la Radicalización Yihadista (OCATRY) de INISEG. Director de OSI Foundation (Occidental Studies Institute)