# Historia Militar

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LA SEGUNDA REPÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR (FEBRERO-JULIO DE 1936) I PARTE

En enero de 1930 el general Miguel Primo de Rivera reconoce el fracaso de la Dictadura que había instaurado en septiembre de 1923 con el apoyo del rey y dimite.​ Alfonso XIII nombra entonces como presidente del gobierno al general Dámaso Berenguer, pero este no consigue devolver a la monarquía la «normalidad constitucional» (este período fue conocido como «Dictablanda»[1]) y es sustituido en febrero de 1931 por el almirante Juan Bautista Aznar[2], quien convoca elecciones municipales para el domingo 12 de abril Las elecciones son ganadas en las ciudades por las candidaturas republicano-socialistas surgidas del Pacto de San Sebastián[3] de agosto de 1930 y el martes 14 de abril el rey Alfonso XIII, ante las dudas de la Guardia Civil y del Ejército a utilizar la fuerza para frenar las multitudinarias manifestaciones pro-republicanas que inundan las principales ciudades, abandona el país. En Madrid el «comité revolucionario» republicano-socialista proclama la República y asume el poder como Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora. Durante el primer bienio de la Segunda República Española se aprueba la nueva Constitución republicana y el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas presidido por Manuel Azaña, formado el 15 de diciembre de 1931 tras rechazar el Partido Republicano Radical su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas, profundiza las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional cuyo propósito es modernizar la realidad económica, social, política y cultural españolas. El nuevo gobierno se formó tras la elección de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República, quien confirmó a Manuel Azaña como presidente del Gobierno.

No obstante, el amplio abanico de reformas que emprendió el gobierno «social-azañista» encontró gran resistencia entre los grupos sociales y corporativos a los que se intentaba «descabalgar» de sus posiciones adquiridas: los terratenientes, los grandes empresarios, financieros y patronos, la Iglesia católica, las órdenes religiosas, la opinión católica, la opinión monárquica o el militarismo «africanista». Este último organizó un fracasado golpe en agosto de 1932 encabezado por el general Sanjurjo[4].​ Pero también existió una resistencia al reformismo republicano de signo contrario: el del revolucionarismo a ultranza, que encabezaron las organizaciones anarquistas (la CNT y la FAI). Para ellos, la República representaba el «orden burgués» (sin demasiadas diferencias con los regímenes políticos anteriores, Dictadura y Monarquía) que había de ser destruido para alcanzar el «comunismo libertario»  ​Así se produjeron una serie de levantamientos anarquistas (en enero y diciembre de 1933) reprimidos con dureza. La coalición encabezada por Azaña se deshace y se convocan elecciones para noviembre de 1933, en las que votaron por primera vez las mujeres, que son ganadas por la derecha católica de la CEDA[5] y por el centro-derecha republicano del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Este forma gobierno con el objetivo de «rectificar» las reformas del primer bienio, no anularlas, para incorporar a la República a la derecha «accidentalista» (que no se proclamaba abiertamente monárquica, aunque sus simpatías estuvieran con la Monarquía, ni tampoco republicana) representada por la CEDA y el Partido Agrario, que le dan su apoyo parlamentario.​ Cuando la CEDA entra en el gobierno en octubre de 1934 se desencadena una fracasada insurrección socialista para llevar a cabo un golpe de Estado contra la República. Por parte de la izquierda obrera y anarquista, que solo se consolidó en Asturias durante un par de semanas (el único lugar donde también participó la CNT), aunque finalmente también fue sofocada por la intervención del Ejército, que trajo del Protectorado español de Marruecos a las tropas coloniales de regulares y legionarios. Lo mismo sucedió con la proclamación por el presidente de la Generalidad de Cataluña Lluís Companys del «Estado Catalán» dentro de la «República Federal Española» el 6 de octubre. La Revolución de octubre de 1934 hizo aumentar en el gobierno radical-cedista los temores a que un próximo intento de una «revolución bolchevique» acabara triunfando. Esto acentuó la presión sobre el Partido Radical para llevar adelante una política más decididamente legisladora o contrarrevolucionaria​ En última instancia, los sucesos de octubre de 1934 convencieron a la CEDA de que era necesario llegar a alcanzar la presidencia del gobierno para poder dar el «giro autoritario» que el régimen, según ellos, necesitaba.​ El líder de la CEDA, José María Gil Robles, encontró su oportunidad cuando estallaron el escándalo del estraperlo y el del asunto Nombela[6] que hundieron a Lerroux y al Partido Republicano Radical, del que no se recuperaría. Pero el Presidente de la República Alcalá Zamora se negó a dar el poder a una fuerza «accidentalista» que no había proclamado su fidelidad a la República y encargó la formación de gobierno a un independiente de su confianza, Manuel Portela Valladares[7], quien forma el 15 de diciembre un gabinete republicano de centro-derecha que aguanta el poder Ejecutivo hasta que Alcalá Zamora convoca elecciones para el 16 de febrero de 1936. El resultado de las elecciones de febrero de 1936 fue un reparto muy equilibrado de votos con una leve ventaja de las izquierdas (47,1 %) sobre las derechas (45,6 %), mientras el centro se limitó a un 5,3 %. Pero como el sistema electoral primaba a los ganadores, esto se tradujo en una holgada mayoría para la coalición del Frente Popular.

El Gobierno del Frente Popular (febrero-julio de 1936)

El miércoles 19 de febrero, Manuel Azaña, el líder del Frente Popular, formaba un gobierno que, conforme a lo pactado con los socialistas, solo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda (nueve de Izquierda Republicana y tres de Unión Republicana).​ Una de sus primeras decisiones fue alejar de los centros de poder a los generales más antirrepublicanos: el general Manuel Goded[8] fue destinado a la Comandancia militar de Baleares; el general Francisco Franco, a la de Canarias; el general Emilio Mola[9] al gobierno militar de Pamplona. Otros generales significados como Luis Orgaz[10], Rafael Villegas[11], Joaquín Fanjul[12] y Andrés Saliquet[13] quedaron en situación de disponibles. La medida más urgente que hubo de tomar el nuevo gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934, «legalizando» así el asalto a varias cárceles por la multitud, pero dando cumplimiento también al punto principal del programa electoral del Frente Popular. Otra de las medidas urgentes era reponer en sus puestos a los alcaldes y concejales elegidos en 1931 y sustituidos durante el bienio conservador. El 28 de febrero el gobierno decretaba no solo la readmisión de todos los trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales relacionados con los hechos de 1934, sino que, presionado por los sindicatos, ordenaba a las empresas que indemnizaran a estos trabajadores por los jornales no abonados.​ Asimismo, fue restablecido el gobierno de la Generalidad de Cataluña, cuyos miembros habían salido de la cárcel beneficiados también por la amnistía.

La «cuestión agraria» fue otro problema que el nuevo gobierno tuvo que abordar con urgencia a causa de la intensa movilización campesina que se estaba produciendo con el apoyo decidido de las autoridades locales repuestas y que amenazaba con provocar graves conflictos en el campo, especialmente en Extremadura.​ Así el 19 de abril el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, presentaba varios proyectos de ley, entre ellos uno que derogaba la Ley de Reforma de la Reforma Agraria de agosto de 1935, que se convirtió en ley el 11 de junio, por lo que volvía estar en vigor plenamente la Ley de Reforma Agraria de 1932. Gracias a varios decretos y a esta ley entre marzo y julio de 1936 se asentaron unos 115 000 campesinos, más que en los tres años anteriores. Sin embargo, continuó la alta conflictividad en el campo, debida sobre todo a la actitud de los propietarios y a la radicalización de las organizaciones campesinas, saldándose todo ello con incidentes violentos. El caso más grave se produjo en Yeste (Albacete), donde a finales de mayo de 1936 «la detención de unos campesinos que pretendían talar árboles en una finca particular condujo a un sangriento enfrentamiento entre la Guardia Civil y los jornaleros, en los que murieron un guardia y 17 campesinos

La actividad del parlamento estuvo paralizada casi todo el mes de abril debido al proceso de destitución del presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora, iniciado y aprobado por la izquierda, y su sustitución por Manuel Azaña, que fue investido en su nuevo cargo el 10 de mayo de 1936, siendo sustituido al frente del gobierno por su compañero del partido Izquierda Republicana, Santiago Casares Quiroga[14], ​ quien asumiría a su vez la cartera de Guerra. El nuevo gobierno de Casares Quiroga continuó con la política reformista que ya había iniciado el gobierno Azaña que consistía fundamentalmente en volver a poner en vigor los decretos que habían sido derogados o modificados durante el bienio radical-cedista, a los que se añadieron algunos otros. Uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente el gobierno fue la oleada de huelgas que se produjeron declaradas y sostenidas muchas veces por comités conjuntos de la CNT y la UGT, en las que en muchas de ellas se hablaba de revolución, ​pero ni UGT ni CNT preparaban ningún movimiento insurreccional después de los fracasos continuos de 1932, 1933 y 1934, y la única posibilidad de que se produjese alguno sería como respuesta a un intento de golpe militar. Otro de los problemas del gobierno de Casares Quiroga fue la división interna del PSOE, el partido más importante del Frente Popular, que enfrentaba a los sectores «prietista» y «largocaballerista», ya que Francisco Largo Caballero, que dominaba UGT y el grupo parlamentario del PSOE, continuó oponiéndose a la entrada en el gobierno de los socialistas y defendiendo el entendimiento entre las «organizaciones obreras» para esperar el momento en que el fracaso de los «burgueses republicanos» facilitara la conquista del poder por la clase obrera. Otro problema fue que el sector de la CEDA liderado por Gil Robles se decantaba por realizar un boicot a las instituciones republicanas y por apoyar la posición defendida de la derecha monárquica del Bloque Nacional de José Calvo Sotelo[15], que propugnaba abiertamente por la ruptura violenta del orden constitucional mediante un golpe de estado militar en cuya preparación ya estaban colaborando (por su parte los monárquicos carlistas aceleraron la formación de sus milicias requetés con vistas al alzamiento militar con cuyos dirigentes mantenían contactos).

La violencia política

Los gobiernos del Frente Popular también tuvieron que hacer frente a un aumento de la violencia política provocada por el partido “Falange Española”, que a principios de 1936 era una fuerza política marginal, pero que tras el triunfo del Frente Popular recibió una avalancha de afiliaciones de jóvenes de derechas dispuestos a la acción violenta, y por la respuesta que le dieron las organizaciones de izquierda.​

El primer atentado importante que cometieron los falangistas fue el perpetrado el 12 de marzo de 1936 contra el diputado socialista y «padre» de la Constitución de 1931 Luis Jiménez de Asúa[16], en el que este resultó ileso, pero su escolta, el policía Jesús Gisbert, murió.​ La respuesta del gobierno de Azaña fue prohibir el partido y detener el 14 de marzo a su máximo dirigente José Antonio Primo de Rivera[17], pero el paso a la clandestinidad no impidió que siguiera perpetrando atentados y participando en reyertas con jóvenes socialistas y comunistas. Los incidentes de mayor trascendencia se produjeron los días 14 y 15 de abril. El día 14 tuvo lugar un desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid en conmemoración del Quinto Aniversario de la República. Junto a la tribuna principal estalló un artefacto y se produjeron a continuación varios disparos que causaron la muerte a Anastasio de los Reyes, alférez de la Guardia Civil que estaba allí de paisano, e hirieron a varios espectadores. Derechistas e izquierdistas se acusaron mutuamente del atentado. Al día siguiente se celebró el entierro del alférez que se convirtió en una manifestación antirrepublicana a la que asistieron los diputados José María Gil Robles, líder de la CEDA, y José Calvo Sotelo, líder de la derecha monárquica, además de oficiales del ejército y falangistas armados. Desde diversos lugares se produjeron disparos contra la comitiva que fueron respondidos, produciéndose un saldo de seis muertos y de tres heridos. Uno de los muertos fue el estudiante Ángel Sáenz de Heredia, falangista y primo hermano de José Antonio Primo de Rivera.​ También resultó herido un joven tradicionalista (carlista), José Llaguno Acha, y una muchedumbre intentó linchar al teniente José del Castillo Sáenz de Tejada[18] al que se le acusó de dispararle. Entre abril y julio los atentados y las reyertas protagonizadas por falangistas causaron más de cincuenta víctimas entre las organizaciones de izquierda obrera, la mayoría de ellas en Madrid. Unos cuarenta miembros de Falange murieron en esos actos o en atentados de represalia de las organizaciones de izquierda. También fueron objeto de la violencia los edificios religiosos (un centenar de iglesias y conventos fueron asaltados e incendiados)  ​aunque entre las víctimas de la violencia política de febrero a julio no hubo ningún miembro del clero. El aumento de la violencia política y el crecimiento de las organizaciones juveniles paramilitares tanto entre la derecha (milicias falangistas, requetés carlistas) como entre la izquierda (milicias de las juventudes socialistas, comunistas y anarquistas), y entre los nacionalistas vascos y catalanes (milicias de Esquerra Republicana de Catalunya y del PNV), aunque no estaban armadas y su actividad principal era desfilar, provocó la percepción entre parte de la opinión pública, especialmente la conservadora, de que el gobierno del Frente Popular presidido por Santiago Casares Quiroga[19] no era capaz de mantener el orden público, lo que servía de justificación para el «golpe de fuerza» militar que se estaba preparando. A esta percepción también contribuyó la prensa católica y de extrema derecha que incitaba a la rebelión frente al «desorden» que atribuía al «Gobierno tiránico del Frente Popular», «enemigo de Dios y de la Iglesia», aprovechando que la confrontación entre clericalismo y anticlericalismo volvió al primer plano tras las elecciones de febrero con continuas disputas sobre asuntos simbólicos, como el tañido de campanas o las manifestaciones del culto fuera de las iglesias, como procesiones o entierros católicos. Así mismo, en el parlamento, los diputados de la derecha, singularmente Calvo Sotelo y Gil Robles, acusaron al gobierno de haber perdido el control del orden público. En la noche del domingo 12 de julio era asesinado en la calle de Fuencarral de Madrid el teniente de la Guardia de Asalto e instructor de las milicias socialistas José del Castillo Sáenz de Tejada, que se dirigía a su puesto de trabajo en el Cuartel de Pontejos, probablemente por pistoleros de extrema derecha pertenecientes a la Comunión Tradicionalista (o de Falange Española)

El teniente Castillo era muy conocido por su activismo izquierdista y se le atribuía la frase «Yo no tiro sobre el pueblo» tras haberse negado a participar en la represión de la Revolución de Asturias, acto de rebeldía que le costaría un año de cárcel. Como represalia, los compañeros policías del teniente Castillo, dirigidos por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés[20], secuestraron en su propio domicilio y asesinaron en la madrugada del día siguiente a José Calvo Sotelo, líder de los monárquicos «alfonsinos» (que no tuvo nada que ver con el asesinato del teniente Castillo), y abandonaron el cadáver en el depósito del cementerio de la Almudena. En el entierro de Calvo Sotelo, el dirigente monárquico Antonio Goicoechea juró solemnemente «consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España». Por su parte, el líder de la CEDA, José María Gil Robles en las Cortes les dijo a los diputados de la izquierda que «la sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros» y acusó al gobierno de tener la «responsabilidad moral» del crimen por «patrocinar la violencia». Según el estudio más completo que se ha realizado sobre las víctimas mortales como resultado de la violencia política entre febrero y julio de 1936, antes de iniciarse el golpe de estado, hubo un total de 189 incidentes y 262 muertos, de ellos 112 causados por la intervención de las fuerzas de orden público. De las 262 víctimas, 148 serían militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar. Además ese estudio constata que el número de víctimas mortales causadas por la violencia política fue disminuyendo en esos cinco meses.

La violencia política de los meses de gobierno en paz del Frente Popular, de febrero a julio de 1936, fue utilizada después por los vencedores en la Guerra Civil como justificación de su alzamiento. Durante los primeros meses de 1936 se produjo una polarización de la política española, en cuyos extremos se situaba la izquierda revolucionaria y la derecha tradicionalista, y en medio una izquierda moderada y una derecha republicana junto con un centro anticlerical y una derecha de fuerte componente católico y monárquico (que representaba a muchos militares, terratenientes y a la jerarquía católica que veían peligrar su posición privilegiada y su concepto de la unidad de España). Una división que podía remontarse al siglo xix cuando tuvo lugar el difícil proceso de cambio que se inició en 1808 para poner fin al absolutismo que lastraba al país, manteniendo fuertes diferencias económicas entre privilegiados y no privilegiados, y que el moderantismo decimonónico solo consiguió superar en parte. El resultado fue una población rural dividida entre los jornaleros anarquistas y los pequeños propietarios aferrados a (y dominados por) los caciques y la Iglesia; unos burócratas conformistas y una clase obrera con salarios muy bajos y, por lo tanto, con tendencias revolucionarias propias del nuevo siglo, hacen que también entre las clases pobres la división fuese muy acusada. También provenía del siglo xix la tradición de que los problemas no se arreglaban más que con los pronunciamientos. No es extraño, pues, que en una España marcada por la reciente dictadura de Primo de Rivera e intentonas fallidas, como las de José Sanjurjo, volviese a haber ruido de sables y se temiese un plan para derribar al nuevo Gobierno establecido. Los acontecimientos darían la razón a los pesimistas.

CONSTITUCIÓN DE 1931

Tras la proclamación de la República, tomó el poder un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora desde el 14 de abril hasta el 14 de octubre de 1931, fecha en que presentó su dimisión por su oposición a la forma en cómo se recogió el laicismo del Estado en el artículo 26 de la nueva Constitución, siendo sustituido por Manuel Azaña. El 10 de diciembre de 1931 fue elegido presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora, por 362 votos de los 410 diputados presentes —la Cámara estaba compuesta por 446 diputados—. En este cargo se mantuvo hasta el 7 de abril de 1936, cuando la nueva mayoría de las Cortes del Frente Popular lo destituye por haber convocado dos veces elecciones generales en un mismo mandato, lo que podía considerarse una extralimitación de sus prerrogativas, siendo sustituido por Manuel Azaña. El Parlamento resultante de las elecciones constituyentes de 28 de junio de 1931 tuvo por misión la de elaborar y aprobar una Constitución el día 9 de diciembre del mismo año. La Constitución republicana supuso un avance notable en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos por el ordenamiento jurídico español y en la organización democrática del Estado: dedicó casi un tercio de su articulado a recoger y proteger los derechos y libertades individuales y sociales, amplió el derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos —de ambos sexos a partir de 1933— mayores de 23 años y residenció el poder legislativo en el pueblo, que lo ejercía a través de un órgano unicameral que recibió la denominación de Cortes o Congreso de los Diputados. Además, estableció que el jefe de Estado sería en adelante elegido por un colegio compuesto por diputados y compromisarios, los que a su vez eran nombrados en elecciones generales.

Símbolos del nuevo Estado

La historia de la bandera tricolor responde a un sentimiento esencialmente popular. El morado había venido siendo usado por los movimientos liberal y, posteriormente, progresista o exaltado desde los tiempos del Trienio Liberal (1820-1823) por influencia del mito del pendón morado de Castilla, que defendía que los comuneros del xvi se alzaron con una enseña de tal color contra Carlos I por su política de dar a hombres flamencos los puestos más importantes de la administración castellana. Sea como fuere, en 1931 el color morado o violeta tenía una especie de tradición popular, lo que llevó a su definitiva inclusión en la nueva bandera nacional, en un arranque improvisado de diferenciar al nuevo régimen que comenzaba tras las votaciones del 12 de abril en sus símbolos más necesarios.

La unión del rojo, el amarillo y el morado en tres franjas de igual tamaño se hace oficial en el decreto de 27 de abril de 1931:

“Artículo 2º: Las banderas y estandartes… estarán formadas por tres bandas horizontales de igual ancho, siendo roja la superior, amarilla la central y morada oscura la inferior. En el centro de la banda amarilla figurará el escudo de España, adoptándose por tal el que figura en el reverso de las monedas de cinco pesetas acuñadas por el Gobierno provisional en 1869 y 1870”

Fue refrendada con en el artículo primero de la Constitución del 31. En dicho decreto se aclaró la inclusión del color castellano a los tradicionales aragoneses: «Hoy se pliega la bandera adoptada como nacional a mediados del siglo xix. De ella se conservan los dos colores y se le añade un tercero que la tradición admite por insignia de una región ilustre, nervio de la nacionalidad, con lo que el emblema de la II República española, así formado, resume más acertadamente la armonía de una gran España». En el mismo decreto se explicaba el nuevo significado de la bandera tricolor: «La República cobija a todos. También la bandera, que significa paz, colaboración entre los ciudadanos bajo el imperio de justas leyes. Significa más aún: el hecho, nuevo en la Historia de España, de que la acción del Estado no tenga otro móvil que el interés del país, ni otra norma que el respeto a la conciencia, a la libertad y al trabajo». Los orígenes de esta nueva enseña se remontan a 1820. En ese año el general Riego, tras «reproclamar» la Constitución de Cádiz en Las Cabezas de San Juan, provocó durante un breve lapso de tiempo —apenas tres años— la apertura liberal del régimen de Fernando VII. Durante este período se fundó la Milicia Nacional, a la que se le asignaron banderas moradas con el escudo de Castilla y León. Poco duró dicha divisa, pues ese mismo año es sustituida por otra rojigualda con el lema «Constitución» en su franja central.

En 1823 el regreso de Fernando VII al absolutismo acabó también con la propia Milicia Nacional. En 1843, bajo el reinado de Isabel II, se decretó por primera vez, el 13 de octubre, la unificación de la bandera nacional. En dicho decreto regulador se permitió a los regimientos que antes tuvieran banderas moradas el uso de tres corbatas —los cordones que cuelgan de los extremos superiores de las banderas— con los colores rojo, amarillo y morado. Este es el principal antecedente de la tricolor. Tras el destierro de Isabel II, el Gobierno Provisional de 1868-1871 cambió el escudo monárquico sustituyendo en él la corona real por la mural y eliminando el escusón de Borbón-Anjou. El escudo republicano seguirá el modelo del de dicho período. El breve reinado de Amadeo I concluyó con la proclamación de la Primera República. La bandera proyectada durante este régimen emulaba los colores revolucionarios de Francia: “El rojo, el blanco y el azul, modificación que no se llevó a cabo por su corta duración y, con la Restauración, la bandera recuperó sus elementos de 1843”

Durante la Restauración, el Partido Federal adoptó los colores de la Milicia Nacional de 1820[21] como símbolo de la facción antidinástica y rechazo al sistema establecido. Comenzó a verse la bandera tricolor en casinos, periódicos y centros de adscripción republicana. Fue tal el fuerte vínculo de estos colores con la idea del republicanismo, de cambio y de progreso, durante el reinado de Alfonso XII, la regencia de María Cristina, el reinado de Alfonso XIII y las dictaduras de Primo de Rivera y Berenguer, que, en un arranque de espontaneidad, una vez conocidos los primeros resultados de las votaciones del 12 de abril de 1931, especialmente en Madrid, el pueblo se echó a la calle portando insignias, escarapelas y banderas con los tres colores. Para ella se adaptó el escudo que en 1868 eligió el Gobierno Provisional de 1868-1871: cuartelado de Castilla, León, Aragón y Navarra, con Granada en punta, timbrado por corona mural y entre las dos columnas de Hércules. Como novedad, destaca su menor tamaño, la misma medida para las tres franjas y los flecos dorados en el contorno de las pertenecientes al ejército. También se acuñaron monedas con el nuevo escudo. De manera similar, se trató de escoger como himno nacional el popularmente conocido durante gran parte del siglo xix como Himno de Riego, sustituyendo al oficial hasta entonces, la Marcha Real. Sin embargo, a pesar de la creencia popular, nunca fue oficialmente el himno de la República; en 1931, poco después de su proclamación, se organizó una gran polémica sobre su validez como himno nacional en la que terciaron numerosos políticos, intelectuales y músicos: entre otros fue famoso un artículo de Pío Baroja en su contra, ya que lo consideraba demasiado callejero e impropio de los ideales del nuevo régimen. Tal vez en respuesta a esas quejas, el famoso compositor Óscar Esplá, junto al poeta andaluz Manuel Machado, propuso un himno totalmente nuevo, el Canto rural a la República Española, que fue finalmente rechazado.

CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO EN LA ESPAÑA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

Las intenciones de la república se enfrentaron con la cruda realidad de una economía mundial sumida en la Gran Depresión, de la que el mundo no se recuperó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En términos de fuerzas sociales, la Segunda República surgió porque los oficiales del ejército no apoyaron al rey, con el que estaban molestos por haber aceptado este la dimisión de Primo de Rivera, y a un clima de creciente reivindicación de libertades, derechos para los trabajadores y tasas de desempleo crecientes, lo que resultó en algunos casos en enfrentamientos callejeros, revueltas anarquistas, asesinatos por grupos extremistas de uno u otro bando, golpes de estado militares y huelgas revolucionarias.

En España la agitación política tomó además un cariz particular, siendo la Iglesia objetivo frecuente de la izquierda revolucionaria, que veía en los privilegios de que gozaban una causa más del malestar social que se vivía, lo cual se tradujo muchas veces en la quema y destrucción de iglesias. La derecha conservadora, muy arraigada también en el país, se sentía profundamente ofendida por estos actos y veía peligrar cada vez más la buena posición de que gozaba ante la creciente influencia de los grupos de izquierda revolucionaria. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la Segunda República sufrió un severo aislamiento, ya que los grupos inversores extranjeros presionaron a los gobiernos de sus países de origen para que no apoyaran al nuevo régimen, temerosos de que las tendencias socialistas que cobraban importancia en su seno, terminaran por imponer una política de nacionalizaciones sobre sus negocios en España. Para comprender esto es clarificador saber que la compañía Telefónica era un monopolio propiedad de la norteamericana «International Telephone and Telegraph» (ITT), que los ferrocarriles y sus operadoras estaban fundamentalmente en manos de capital francés, mientras que las eléctricas y los tranvías de las ciudades pertenecían a distintas empresas (mayormente británicas y belgas). Como consecuencia no hubo una sola nacionalización durante el periodo republicano, pero, sin embargo, el respaldo de las potencias fascistas alentó a muchos generales conservadores para que planificaran insurrecciones militares y golpes de estado. Sus intenciones se materializarían primero en la Sanjurjada de 1932 y en el fallido golpe de 1936, cuyo resultado incierto desembocó en la Guerra Civil Española. Por su parte, las democracias occidentales no apoyaron al régimen republicano por miedo a un enfrentamiento armado, salvo en coyunturas muy específicas, lo que sirvió, en última instancia, para evitar la Segunda Guerra Mundial

La sociedad española de los años treinta era fundamentalmente rural: un 45,5 % de la población activa se ocupaba en la agricultura, mientras que el resto se repartía a partes iguales entre la industria y el sector servicios. Estas cifras describen una sociedad que aún no había experimentado la Revolución industrial. En cuanto a sindicatos y partidos políticos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuya lista fue la más votada para las elecciones constituyentes de 1931, contaba con 23 000 afiliados; su organización hermana, el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ya contaba en 1922 con 200 000 afiliados; el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) tenía en septiembre de 1931 unos 800 000 afiliados. Otras organizaciones, como el Partido Comunista de España (PCE) tenían una presencia nominal y no cobraron fuerza hasta el comienzo de la Guerra Civil. En cuanto a los nacionalismos, la «Lliga Regionalista de Catalunya» liderada por Francesc Cambó había apoyado abiertamente la dictadura de Primo de Rivera, y por ello permaneció al margen de la política durante la República, mientras que otros partidos políticos catalanes, más escorados hacia la izquierda o el independentismo, fueron los que tuvieron mayor protagonismo; en el caso del País Vasco y Navarra, cabe mencionar que aún no se había consumado la ruptura entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Comunión Tradicionalista (CT), integrada esta última por los carlistas. Respecto de las iniciativas de cambio socioeconómico de los gobiernos republicanos, caben destacar las subidas de los salarios de los trabajadores del campo llevadas a cabo durante el bienio social-azañista, invertidas luego durante el bienio radical-cedista, encaminadas a mejorar las condiciones de vida en el medio rural. Otras iniciativas fueron las ocupaciones de tierra y expropiaciones ilegales en los momentos iniciales de la Guerra Civil como una manera de conseguir ingresos y apoyo popular por parte del campesinado.

ETAPAS DE LA REPÚBLICA: Gobierno Provisional o Periodo constituyente (abril-diciembre de 1931)

El Gobierno Provisional de la Segunda República Española ostentó el poder político en España desde la caída de la monarquía de Alfonso XIII y la proclamación de la república el 14 de abril de 1931 hasta la aprobación de la Constitución de 1931 el 9 de diciembre y la formación del primer gobierno ordinario el 15 de diciembre. Hasta el 15 de octubre de 1931 el gobierno provisional estuvo presidido por Niceto Alcalá-Zamora, y tras la dimisión de este a causa de la redacción que se había dado al artículo 26 de la Constitución que trataba la cuestión religiosa, le sucedió Manuel Azaña al frente del gobierno. Pero la coalición republicano-socialista llegaba al poder no en el mejor de los tiempos posibles. La depresión económica que azotaba a Europa y a Estados Unidos, aunque en España fue menos profunda, sí que afectó a la construcción y a las pequeñas industrias complementarias. En consecuencia creció el desempleo en las ciudades, e indirectamente se incrementó el subempleo en el campo, ya que los jornaleros ya no podían emigrar a las ciudades donde volvía a escasear el trabajo. Creció además el sentimiento de inseguridad de los trabajadores que tenían empleo. Y además, la crisis económica coincidió con las enormes expectativas de mejora de vida que el cambio de régimen político había alumbrado entre los sectores populares, entre obreros y campesinos, antes de que la república tuviera tiempo de asentar y extender una cultura política democrática. Fue en esas circunstancias de crisis económica y de crecientes expectativas populares, cuando la coalición republicano-socialista comenzó a gobernar.

Política de orden público

El 15 de abril la Gaceta de Madrid publica un decreto fijando el Estatuto jurídico del Gobierno Provisional que fue la norma legal superior por la que se rigió el Gobierno Provisional hasta la aprobación de la nueva Constitución y en el que se autoproclama como «Gobierno de plenos poderes«. Lo más polémico del “Estatuto Jurídico” es la contradicción que se observa en la cuestión de las libertades y los derechos ciudadanos, pues su reconocimiento va acompañado de la posibilidad de su suspensión por parte del gobierno, sin intervención judicial, «si la salud de la República, a juicio del Gobierno, lo reclama». Esta política contradictoria de la república respecto del orden público culminó con la aprobación por las Cortes Constituyentes de la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931 que dotó al Gobierno Provisional de un instrumento de excepción al margen de los tribunales de justicia para actuar contra los que cometieran «actos de agresión contra la República», constituyéndose, incluso después de la aprobación de la Constitución de 1931, en «la norma fundamental en la configuración del régimen jurídico de las libertades públicas durante casi dos años de régimen republicano» en que estuvo vigente (hasta agosto de 1933).

La «cuestión regional»

El problema más inmediato que tuvo que afrontar el Gobierno Provisional fue la proclamación de la “República Catalana” hecha por Francesc Macià en Barcelona el mismo día 14 de abril. Tres días después tres ministros del Gobierno Provisional se entrevistaban en Barcelona con Francesc Macià alcanzando un acuerdo por el que Esquerra Republicana de Cataluña renunciaba a la “República Catalana” a cambio del compromiso del Gobierno Provisional de que presentaría en las futuras Cortes Constituyentes el Estatuto de Autonomía que decidiera Cataluña, previamente “aprobado por la Asamblea de Ayuntamientos catalanes”, y del reconocimiento del gobierno catalán que dejaría de llamarse Consejo de Gobierno de la República Catalana para tomar el nombre Gobierno de la Generalidad de Cataluña recuperando así «el nombre de gloriosa tradición» de la centenaria institución del Principado que fue abolida por Felipe V en los decretos de Nueva Planta de 1714.​ El proyecto de estatuto para Cataluña, llamado Estatuto de Nuria[22] fue refrendado el 3 de agosto por el pueblo de Cataluña por una abrumadora mayoría, pero respondía a un modelo federal de Estado y rebasaba en cuanto a denominación y en cuanto a competencias a lo que se había aprobado en la Constitución de 1931 (ya que el «Estado integral» respondía a una concepción unitaria, no federal), aunque condicionó los debates parlamentarios del “Estado integral” que finalmente se aprobó. En el caso del País vasconavarro, el proceso para conseguir un Estatuto de Autonomía se inició casi al mismo tiempo que el de Cataluña. Una asamblea de los ayuntamientos vasconavarros reunidos en Estella el 14 de junio aprobó un Estatuto que se basaba en el restablecimiento de los fueros vascos abolidos por la ley de 1839, junto con la Ley de Amejoramiento del Fuero de 1841.​ El Estatuto de Estella[23] fue presentado el 22 de septiembre de 1931 a las Cortes Constituyentes pero no fue tomado en consideración porque el proyecto se situaba claramente al margen de Constitución que se estaba aprobando, entre otras cosas, por su concepción federalista y por la declaración de confesionalidad del «Estado vasco»

La «cuestión religiosa»

Las primeras decisiones del Gobierno Provisional sobre la secularización del Estado fueron muy moderadas. En el artículo 3º del Estatuto jurídico del Gobierno Provisional se proclamó la libertad de cultos y en las tres semanas siguientes el Gobierno aprobó algunas medidas secularizadoras, como el decreto de 6 de mayo declarando voluntaria la enseñanza religiosa.​ El 24 de abril el nuncio Federico Tedeschini envió un telegrama a todos los obispos en el que les transmitía el «deseo de la Santa Sede» de que «recomendasen a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de sus diócesis que respetasen los poderes constituidos y obedeciesen a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común». Junto al nuncio, el otro miembro de la jerarquía eclesiástica que encarnó esta actitud conciliadora hacia la república fue el cardenal arzobispo de Tarragona Francisco Vidal y Barraquer Sin embargo un sector numeroso del episcopado estaba compuesto por obispos integristas que no estaban dispuestos a transigir con la república a la que consideraban una desgracia, y cuya cabeza visible era el cardenal primado y arzobispo de Toledo, Pedro Segura. Éste el 1 de mayo hizo pública una pastoral en la que, tras abordar la situación española en un tono catastrofista, hacía un agradecido elogio de la monarquía y del destronado monarca Alfonso XIII, «quien, a lo largo de su reinado, supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores».​ La prensa y los partidos republicanos interpretaron la pastoral como una especie de declaración de guerra a la República, y el Gobierno Provisional presentó una nota de «serena y enérgica» protesta al Nuncio y pidió que fuera apartado de su cargo. Diez días después se produjeron los sucesos conocidos como la quema de conventos, cuyo detonante fueron los incidentes producidos el domingo 10 de mayo con motivo de la inauguración en Madrid del Círculo Monárquico Independiente, durante los cuales corrió el rumor por la ciudad de que un taxista republicano había sido asesinado por unos monárquicos. Una multitud se congregó entonces ante la sede del diario monárquico ABC, donde tuvo que intervenir la Guardia Civil, que disparó contra los que intentaban asaltar y quemar el edificio causando varios heridos y dos muertos, uno de ellos un niño.​ A primeras horas del día siguiente lunes 11 de mayo cuando el gobierno provisional estaba reunido le llegó la noticia de que la Casa de Profesa de los jesuitas estaba ardiendo. El ministro de la Gobernación Miguel Maura intentó sacar a la calle a la Guardia Civil para restablecer el orden pero se encontró con la oposición del resto del gabinete y especialmente de Manuel Azaña, quien, según Maura, llegó a manifestar que «todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano» y amenazó con dimitir «si hay un solo herido en Madrid por esa estupidez». La inacción del gobierno permitió que los sublevados quemaran más de una decena de edificios religiosos. Por la tarde, por fin, el Gobierno declaró el estado de guerra en Madrid y a medida que las tropas fueron ocupando la capital, los incendios cesaron. Al día siguiente, martes 12 de mayo, mientras Madrid recuperaba la calma, la quema de conventos y de otros edificios religiosos se extendía a otras poblaciones del este y el sur peninsular (los sucesos más graves se produjeron en Málaga). Alrededor de cien edificios religiosos ardieron total o parcialmente en toda España, y murieron varias personas y otras resultaron heridas durante los incidentes. La respuesta del Gobierno Provisional a la «quema de conventos» fue suspender la publicación del diario católico El Debate y del monárquico ABC, y también acordó la expulsión de España el 17 de mayo del obispo de Vitoria Mateo Múgica, por negarse a suspender el viaje pastoral que tenía previsto realizar a Bilbao donde el gobierno temía que con motivo de su visita se produjeran incidentes entre los carlistas y los nacionalistas vascos clericales, y los republicanos y los socialistas anticlericales.​ Asimismo aprobó también algunas medidas dirigidas a asegurar la separación de la Iglesia y el Estado sin esperar a la reunión de las Cortes Constituyentes, como la que ordenaba la retirada de crucifijos de las aulas donde hubiese alumnos que no recibieran enseñanza religiosa. La Iglesia católica criticó todas estas medias laicistas, pero de nuevo la reacción más radical partió del cardenal Segura que el 3 de junio en Roma, donde se encontraba desde el 12 de mayo, hizo pública una pastoral en la que se recogía “la penosísima impresión que les había producido ciertas disposiciones gubernativas”.​ Cuando el cardenal Segura[24] volvió inesperadamente a España el 11 de junio fue detenido por orden del gobierno y el día 15 fue expulsado del país. Dos meses después se producía un nuevo incidente que enturbió aún más las relaciones de la República y la Iglesia católica y en el que el cardenal Segura volvía a ser protagonista. El día 17 de agosto entre la documentación incautada al vicario de Vitoria, Justo Echeguren[25], que había sido detenido tres días antes en la frontera hispano francesa por la policía, se encontraron unas instrucciones del cardenal Segura a todas las diócesis en las que se facultaba a los obispos a vender bienes eclesiásticos en caso de necesidad y en el que se aconsejaba la transferencia por parte de la Iglesia de sus bienes inmuebles a seglares y la colocación de bienes muebles en títulos de deuda extranjeros, todo ello para eludir una posible expropiación por parte del Estado. La respuesta inmediata del Gobierno Provisional fue la publicación el 20 de agosto de un decreto en el que se suspendían las facultades de venta y enajenación de los bienes y derechos de todo tipo de la Iglesia católica y de las órdenes religiosas

La «cuestión militar»

Los dos objetivos principales de la reforma militar de Manuel Azaña fueron intentar conseguir un ejército más moderno y eficaz, y subordinar el «poder militar» al poder civil. Uno de sus primeros decretos, de 22 de abril, obligó a los jefes y oficiales a prometer fidelidad a la República.​ Para intentar resolver uno de los problemas que tenía el ejército español, que era el excesivo número de oficiales, jefes y generales, el Gobierno Provisional a propuesta de Azaña aprobó el 25 de abril de 1931 un decreto de retiros extraordinarios en el que se ofrecía a los oficiales del Ejército que así lo solicitaran la posibilidad de apartarse voluntariamente del servicio activo con la totalidad del sueldo. Casi 9000 mandos (entre ellos 84 generales) se acogieron a la medida, aproximadamente un 40 % de la oficialidad, y gracias a esto Azaña pudo acometer a continuación la reorganización del Ejército.​ Otra de las cuestiones que abordó Azaña fue el conflictivo tema de los ascensos, promulgando unos decretos de mayo y junio por el que se anulaban gran parte de los producidos durante la Dictadura por «méritos de guerra», lo que supuso que unos 300 militares perdieran unos o dos grados, y que otros sufrieran un fuerte retroceso en el escalafón, como en el caso del general Francisco Franco.​ La reforma militar de Azaña fue duramente combatida por un sector de la oficialidad, por los medios políticos conservadores y por los órganos de expresión militares La Correspondencia Militar y Ejército y Armada. A Manuel Azaña se le acusó de querer “triturar” al Ejército. En cuanto al segundo objetivo de la reforma militar de Manuel Azaña, «civilizar» la vida política poniendo fin al intervencionismo militar devolviendo a los militares a los cuarteles, la medida más importante fue derogar la ley de Jurisdicciones de 1906 (que durante la monarquía había puesto bajo la jurisdicción militar a los civiles acusados de delitos contra la patria o el Ejército). Sin embargo la derogación de la ley de Jurisdicciones, no supuso que en la república se dejara de utilizar la jurisdicción militar para el mantenimiento del Orden Público sin necesidad de recurrir a la suspensión de las garantías constitucionales o declarar el estado de excepción.​ El «poder militar» siguió ocupando una buena parte de los órganos de la administración del Estado relacionada con el orden público, desde las jefaturas de policía, de la Guardia Civil (cuyo carácter de cuerpo militarizado se mantuvo) y de la Guardia de Asalto (la nueva fuerza de orden pública creada por la República), hasta la Dirección General de Seguridad.

La «cuestión agraria»

Unos de los problemas más urgentes que tuvo que resolver el Gobierno Provisional en la primavera de 1931 fue la grave situación que estaban padeciendo los jornaleros, sobre todo en Andalucía y Extremadura, donde el invierno anterior se habían superado los 100.000 parados y los abusos en la contratación y los bajos salarios los mantenían en la miseria. Así pues para aliviar la situación de los jornaleros de la mitad sur de España, el Gobierno Provisional aprobó a propuesta del ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, siete decretos agrarios del Gobierno Provisional que tuvieron un enorme impacto, especialmente el decreto de Términos Municipales, de 20 de abril de 1931, que proporcionaba a los sindicatos un mayor control del mercado de trabajo al impedir la contratación de jornaleros de fuera del municipio hasta que no tuvieran trabajo los de la localidad,​ y el decreto de Jurados Mixtos, de 7 de mayo, por el que se creaban estos organismos integrados por 6 patronos, 6 obreros y 1 secretario nombrado por el Ministerio de Trabajo para regular las condiciones de trabajo en el campo. Gracias a estos decretos los jornales de la campaña agrícola experimentaron subidas sustanciales (de 3’5 pesetas pasaron a superar las 5 pesetas diarias). La aplicación de los decretos agrarios del Gobierno Provisional propuestos por el ministro socialista Largo Caballero encontró la viva oposición de los propietarios que se apoyaron en los ayuntamientos en su mayoría monárquicos y en el recurso a la Guardia Civil para enfrentarse a los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de UGT y las Casas del Pueblo socialistas, que funcionaban a modo de cuarteles generales de los obreros sindicados de las distintas localidades. Así “en los pueblos y aldeas, inevitablemente, las primeras semanas de la República provocaron un cierto ambiente de guerra de clases”.

La «cuestión social»

Largo Caballero también emprendió una reforma de las relaciones laborales que consistía en crear un marco legal que las reglamentara afianzando el poder de los sindicatos, especialmente de la UGT (sindicato socialista del que Largo Caballero era uno de sus líderes), en la negociación de los contratos de trabajo y en la vigilancia de su cumplimiento. Las dos piezas básicas del proyecto fueron la ley de Contratos de Trabajo y la de Jurados Mixtos, leyes aprobadas bajo la presidencia de Manuel Azaña. La ley de Contratos de Trabajo, de 21 de noviembre de 1931, regulaba los convenios colectivos (negociados por los representantes de las patronales y de los sindicatos por períodos mínimos de dos años y que obligaban a ambas partes) y dictaminaba las condiciones de suspensión y rescisión de los contratos. Además establecía por primera vez el derecho a vacaciones pagadas (7 días al año) y protegía el derecho de huelga que, bajo ciertas condiciones, no podía ser causa de despido.​ Por su parte la ley de Jurados Mixtos, de 27 de noviembre de 1931, extendía el sistema de jurados mixtos (aprobado en mayo para el sector agrario) a la industria y a los servicios. Su composición era la misma y su misión también: mediar en los conflictos laborales estableciendo un dictamen conciliatorio en cada caso. El Gobierno Provisional esperaba que estas medidas redujeran el número de huelgas, pero la paz social no se produjo a causa de la incidencia de la recesión económica, y sobre todo por la negativa de la CNT a utilizar los mecanismos oficiales de conciliación, que identificaba con el corporativismo de la Dictadura de Primo de Rivera.​ La CNT se opuso radicalmente a la ley de contratos de trabajo y a los jurados mixtos y se lanzó a la acción directa para conseguir por otros medios el monopolio de la negociación laboral. También se opusieron los empresarios porque no estaban dispuestos a aceptar las decisiones de los Jurados Mixtos cuando beneficiaban a los trabajadores

Cronología

  • 14 de abril: tras las elecciones municipales se proclama en España la Segunda República y el «comité revolucionario» surgido del Pacto de San Sebastián se convierte en el Gobierno Provisional Varias decenas de miembros de las Juventudes Socialistas son desplegadas en el Palacio de Oriente para garantizar la seguridad de la familia real, aún en su interior. Al conocer los resultados, Francesc Macià proclama el Estado Catalán e invita a las demás regiones a organizar un Estado Federal, si bien poco después colaborará con Madrid priorizando la estabilidad del nuevo régimen. El mundo financiero acogió mal el cambio de régimen. Un préstamo holandés privado de 60 millones de dólares concedido al último gobierno de la monarquía fue cancelado, se registró una fuga de capitales y la cotización de la peseta se depreció un 20 % durante el primer mes de la República. Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, amenazó con multas y confiscaciones a los implicados en la fuga de capitales, negoció la compra de divisas extranjeras y cerró un tratado de compra de gasolina con la Unión Soviética a un precio ostensiblemente más barato que los ofrecidos por las compañías británicas y estadounidenses.
  • 28 de abril: el Gobierno Provisional dicta su primer decreto de importancia destinado a combatir el paro agrícola. Las reformas, impulsadas por Largo Caballero, continuarían en los meses siguientes con la oposición de la mayoría de alcaldes y terratenientes, afectos a la monarquía.
  • 1 de mayo: el clero se muestra dividido en el acatamiento al régimen republicano entre aquellos que recomiendan obediencia a las autoridades (pero sin reconocer a la república como gobierno legítimo) y los abiertamente hostiles, como el cardenal Segura, cardenal primado de Toledo, que lanza una diatriba antilaicista en su pastoral del 1 de mayo de 1931.
  • 6 de mayo: la enseñanza religiosa en la escuela pública deja de ser obligatoria, pasa a ser voluntaria
  • 10 de mayo: causando gran polémica, se inaugura el Círculo Monárquico en Madrid. Ante los rumores de que un monárquico exaltado ​había asesinado a un taxista que se negó a gritar «Viva el Rey», un grupo de personas provocó un altercado a las puertas de dicha institución.
  • 11 de mayo: unos veinticuatro conventos, colegios y centros católicos a nivel nacional son incendiados.
  • 12 de mayo: los sucesos del día anterior llevan al traste los esfuerzos de Prieto por reactivar el préstamo holandés. En consecuencia, se llevan a cabo depósitos en el Banco de Francia.
  • 13 de mayo: el gobierno declara persona non grataal cardenal primado Pedro Segura por provocador y por sus críticas al sistema dirigidas a los fieles.
  • 22 de mayo: el gobierno proclama la libertad religiosa. Además, se decreta que el Ministerio de Instrucción Pública es libre de retirar las obras de arte que guardasen los edificios religiosos si se estimaba que corrían peligro de resultar deteriorados.
  • 26 de mayo: Azaña comienza la reforma del Ejército. El número de divisiones se reduce de 16 a 8, se limita el servicio militar obligatorio a un año. Además, se elimina el rango de capitán general; las Capitanías eran una institución con la capacidad de hacerse con el gobierno ante situaciones de tensión. Las funciones de los generales de división se reducirían a las estrictamente castrenses y se intentaría reducir el número de oficiales de 26.000 a 8.300. Para lograrlo, a aquellos oficiales que renunciasen voluntariamente se les ofrecería el retiro con la paga completa, algo que era visto por los altos mandos como un soborno a pesar de que se comprendía lo necesario de la reforma. No obstante, miles de oficiales se acogieron a la medida.
  • 29 de mayo: por decreto del ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, se crea el Patronato de las Misiones Pedagógicas, con el fin de difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población. Una Comisión central en Madrid, en colaboración con la Universidad de Madrid y otras Comisiones creadas al efecto en provincias organizarán, entre otras muchísimas actividades, sesiones de cine, teatro y la circulación de bibliotecas ambulantes por los pueblos más alejados de la geografía española.
  • 3 de junio: los obispos españoles protestan ante el presidente del Gobierno por su pretensión de separar Iglesia y Estado.
  • 14 de julio: se clausura la Academia General Militar de Zaragoza, desatando el enfado de los oficiales más antirrepublicanos.
  • 3 de agosto: se aprueba en referéndum el proyecto de Estatuto de Cataluña con un 75% de participación y la práctica totalidad de votos a favor.
  • 22 de septiembre: el proyecto de Estatuto vasco, apoyado por carlistas y nacionalistas vascos, es rechazado en las Cortes Constituyentes por sobrepasar los límites constitucionales.
  • 14 de octubre: Alcalá Zamora dimite como presidente del Gobierno por su desacuerdo con la aprobación del artículo 26 de la Constitución que prohíbe el ejercicio de la enseñanza a la Iglesia católica. Le sustituye Manuel Azaña formará el Segundo Gobierno Provisional de la Segunda República Española
  • 29 de octubre: se promulga la ley de Defensa de la República
  • Octubre: Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo fundan las JONS, una organización fascista. Aunque políticamente es un grupo marginal, recibe donativos ocasionales de Juan March, Antonio Goicoechea y algunos banqueros vascos
  • 9 de diciembre: aprobación por las Cortes de la Constitución de la República Española de 193

 

NOTAS 

[1] Fue originalmente acuñado de forma popular en España en 1930 cuando el general Dámaso Berenguer sustituyó al general Miguel Primo de Rivera al frente del gobierno. Gobernó por decretos y trató de apaciguar los ánimos tras el crac de la Bolsa de 1929 y las revueltas sociales, derogando parte de las medidas adoptadas por el dictador. A su gobierno se le llamó «Dictablanda» de Berenguer

[2] Juan Bautista Aznar-Cabañas (natural de La Coruña según unas fuentes o de Cádiz, nacido en 1860 yfallecido en Madrid; 1933) fue un almirante y político español. Fue el último presidente del Consejo de Ministros de la monarquía de Alfonso XIII, previo a la instauración de la Segunda República

[3] Pacto de San Sebastián, primer paso hacia la República. El 17 de agosto de 1930, los partidos republicanos españoles acordaron en Donosti una estrategia común para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII. A mediados de 1930, la situación política en España era crítica.

[4] José Sanjurjo Sacanell (Pamplona, 28 de marzo de 1872-Estoril, 20 de julio de 1936) fue un destacado militar español durante el primer tercio del siglo XX, a quien el rey Alfonso XIII concedió el título de marqués del Rif por su participación durante la guerra del Rif, en especial en el desembarco de Alhucemas Ocupó importantes puestos durante la monarquía alfonsina, en la Dictadura de Primo de Rivera y durante los primeros tiempos de la Segunda República. Sin embargo, no tardó mucho en distanciarse del nuevo gobierno republicano y protagonizó un fallido golpe de estado en agosto de 1932, la popularmente conocida como Sanjurjada. Tras ser detenido y encarcelado, finalmente le fue conmutada la pena de muerte y durante los gobiernos del segundo bienio republicano logró la excarcelación, exiliándose en el vecino Portugal. En 1936 fue uno de los militares implicados en el golpe de Estado de julio de 1936, y estaba previsto que fuera el comandante en jefe del bando sublevado al inicio de la rebelión. El 20 de julio, cuando iba a tomar el avión para trasladarse a la zona sublevada y tomar el mando, sufrió un accidente durante el despegue de la avioneta y falleció. La aeronave en cuestión en la cual acaecieron dichos hechos es reconocida por IATA e ICAO como un De Havilland DH.80 Puss Moth, con matrícula EC-III.

[5] La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) fue una coalición española de partidos católicos y de derechas durante la etapa de la Segunda República.

[6] El escándalo Nombela o asunto Nombela fue un caso de corrupción de gran impacto político que se produjo en España a finales de 1935 durante el segundo bienio de la Segunda República Española y en el que se vieron envueltos destacados miembros del Partido Republicano Radical y su líder Alejandro Lerroux, que en aquellos momentos era uno de los partidos que integraban el gobierno junto con la CEDA de José María Gil Robles, y que se sumó al «escándalo del estraperlo» que también había afectado a los radicales. Se denomina «escándalo» o «asunto Nombela» por el nombre del funcionario que lo denunció (Antonio Nombela).

[7] Manuel Portela Valladares (Pontevedra, 31 de enero de 1867-Bandol, 29 de abril de 1952) fue un político español de ideología liberal y centrista. Fue ministro durante el reinado de Alfonso XIII y llegó a ser presidente del Consejo de Ministros durante la Segunda República Española

[8] Manuel Goded Llopis (San Juan de Puerto Rico, 15 de octubre de 1882 – Barcelona, 12 de agosto de 1936) fue un militar español que participó en la Guerra del Rif y al comienzo de la Guerra Civil Española.

[9] Emilio Mola Vidal (Placetas, Capitanía General de Cuba, 9 de julio de 1887-Alcocero, España, 3 de junio de 1937) fue un militar español que desempeñó un papel relevante durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Fue también el cabecilla («el Director») del golpe de Estado de 1936 que, tras su fracaso inicial, dio origen a la guerra civil. Una vez comenzada la contienda, destacó en la dirección de las operaciones militares al mando del Ejército del Norte, especialmente en la zona del País Vasco.

Su figura ha pasado a la historia por haber sido el minucioso planificador del golpe de Estado que daría lugar a la contienda civil, pero quizás más por sus famosas directrices secretas en las que establecía los métodos de represión destinados a todos los miembros simpatizantes del Frente Popular que luego serían aplicados hasta sus últimas consecuencias. Ya iniciada la guerra, y como rival de Franco en la jefatura de las fuerzas sublevadas, su muerte accidental siempre ha sido motivo de discusiones y especulaciones en torno al posible papel desempeñado por Franco, a quien desde luego beneficiaba su desaparición, pero cuya participación nunca ha sido acreditada.

[10] Luis Orgaz Yoldi (Vitoria (Álava) 28 de mayo de 1881 – Madrid, 31 de enero de 1946) fue un militar español, jefe del Alto Estado Mayor. Fue desterrado por el gobierno de II República a Canarias, cuya sublevación dirigió. Fue jefe de la División Reforzada de Madrid y creador de las eficaces academias de oficiales provisionales durante la Guerra Civil Española. Varias veces conspirador contra el general Franco en favor del pretendiente Juan de Borbón. Aun así, procurador en las Cortes Españolas durante la primera legislatura del período franquista.

[11] Rafael Villegas Montesinos (Córdoba, 1875 – Madrid, 1936) fue un militar español. Poco después de proclamarse la Segunda República ocupó brevemente el mando de la I División Orgánica.​ Durante el gobierno de Alejandro Lerroux es nombrado comandante de la V División, con sede en Zaragoza, cargo que ocupó entre febrero de 1935 y enero de 1936. También fue vocal de la Sala Militar del Tribunal Supremo. El 8 de marzo de 1936 asiste en Madrid a una reunión convocada por el general Mola en casa del oficial en la reserva y en la que participaron varios oficiales de alto rango.​ En aquella reunión se acordó ejecutar un futuro Golpe de Estado que derribara al gobierno del Frente Popular. Mola organizó un plan de la sublevación para la capital en el que contaba con los generales Villegas, Fanjul y García de la Herrán, pero la organización de la trama conspirativa en Madrid fue un caos desde el principio.​ Según el historiador Julio Aróstegui, el general Villegas era el encargado de hacerse cargo de la I División Orgánica.​ Cuando se produjo la sublevación, Villegas se mostró dubitativo y renunció a liderar la sublevación.​ Finalmente, fue Fanjul quien finalmente asumió la dirección. Tras el fracaso de la sublevación en Madrid, Villegas fue detenido por las autoridades republicanas y puesto bajo custodia en la prisión Modelo. La madrugada del 23 de agosto fue asesinado por un grupo de milicianos anarquistas, que se había hecho a la fuerza con el control de la cárcel.​ Junto a él también fueron fusilados otros presos destacados como el general Osvaldo Capaz Montes o los dirigentes falangistas Fernando Primo de Rivera y Julio Ruiz de Alda.

[12] Joaquín Fanjul Goñi (Vitoria, 30 de mayo de 1880 – Madrid, 17 de agosto de 1936) fue un militar y abogado español. Veterano de las campañas de Cuba y Marruecos, llegó a ser diputado en Cortes en varias ocasiones. Durante la dictadura de Primo de Rivera alcanzó el rango de general. Miembro destacado de la Unión Militar Española (UME), estuvo implicado en varias conspiraciones militares contra la Segunda República. Al comienzo de la Guerra civil fue uno de los líderes de la sublevación militar en Madrid. Capturado por las fuerzas republicanas, sería juzgado, condenado a muerte y fusilado.

[13] Andrés Saliquet Zumeta, marqués de Saliquet (Barcelona, 21 de marzo de 1877 -Madrid, 23 de junio de 1959) fue un militar español que participó en el golpe militar contra la II República, que dio origen a la Guerra Civil Española. Durante la contienda se hizo cargo del Ejército del Centro, unidad que agrupaba a las tropas del Bando Sublevado desde el río Tajo hasta Madrid, Guadarrama y los Montes Universales

[14] Santiago Casares Quiroga (La Coruña, 8 de mayo de 1884 – París, 17 de febrero de 1950) fue un abogado y político español de ideología republicana que ejercería importantes puestos durante la Segunda República. Desde temprana edad estuvo ligado al republicanismo y llegó a militar en varias organizaciones políticas. Amigo personal de Manuel Azaña, formaría parte de varios gabinetes presididos por este, llegando a desempeñar las carteras de Marina, Gobernación u Obras Públicas. Durante el período republicano también fue diputado en las Cortes. En mayo de 1936 se convirtió en presidente del Consejo de Ministros, presidiendo el gobierno de la República en los meses que precedieron al estallido de la Guerra civil española. Considerado un líder ineficiente, se mostró confiado frente a la conspiración militar contra la República y cuando la rebelión tuvo lugar no supo reaccionar adecuadamente ante los acontecimientos. Así, la figura de Casares Quiroga ha quedado vinculada al golpe de Estado de julio de 1936

[15] José Calvo Sotelo (Tuy, 6 de mayo de 1893 – Madrid, 13 de julio de 1936) fue un político y jurisconsulto español, ministro de Hacienda entre 1925 y 1930, durante la Dictadura de Primo de Rivera. En un exilio autoimpuesto evitó ser juzgado por sus responsabilidades como ministro de la dictadura durante los primeros años de la Segunda República; no obstante fue elegido diputado en todas las legislaturas, incorporándose a su escaño tras una amnistía durante el bienio radical-cedista en 1934. Destacó como líder de las fuerzas que pretendían la instauración de una monarquía autoritaria corporativista, a través del partido Renovación Española, aunque no mantuvo muy buena relación con las otras fuerzas de la derecha: la mayoritaria, partidaria de contemporizar con la República (CEDA) y las más próximas al fascismo, como Falange Española. En el tenso periodo entre febrero y julio de 1936, protagonizó varios debates en las Cortes en los que pidió al Gobierno que restableciese el orden público, a su juicio totalmente quebrado, reclamando que en caso contrario tal tarea fuera asumida por el Ejército. Estas intervenciones parlamentarias le granjearon una enorme popularidad entre algunos sectores conservadores, pero también mucha oposición en otros. En la madrugada del 13 de julio de 1936 fue detenido en su casa irregularmente por un grupo que incluía a miembros de las fuerzas de seguridad y durante el traslado resultó asesinado mediante un tiro a la cabeza. El suceso tuvo un hondo impacto entre la clase media española de la época y polarizó aún más el ya tenso ambiente político que reinaba entonces. Este suceso fue el que provocó que el general Francisco Franco decidiese unirse al golpe de Estado que desde hacía tiempo se preparaba contra la República. En la dictadura fue honrado como Protomártir de la Cruzada​ o Protomártir del Movimiento Nacional.

[16] Luis Jiménez de Asúa (Madrid, 17 de junio de 1889 – Buenos Aires, 16 de noviembre de 1970) fue un jurista y político español que se desempeñó como vicepresidente del Congreso de los Diputados y representante de España ante la Sociedad de Naciones. Durante la dictadura franquista se exilió en Argentina

[17] José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (Madrid, 24 de abril de 1903-Alicante, 20 de noviembre de 1936) —conocido también como José Antonio— fue un abogado y político falangista español, primogénito del dictador Miguel Primo de Rivera y fundador de la Falange Española. Acusado de conspiración y rebelión militar contra el Gobierno de la Segunda República, fue condenado a muerte y finalmente ejecutado durante los primeros meses de la Guerra Civil Española. Su imagen idealizada fue honrada durante la contienda por el régimen franquista, que lo convirtió en icono y mártir al servicio de la propaganda del instaurado Movimiento Nacional. Tras su muerte, se le mencionaba con el alias de El Ausente o El Mártir.​Terminada la guerra, su nombre encabezó todas las listas de fallecidos del bando rebelde y la inscripción «José Antonio ¡Presente!» se podía encontrar en muchas iglesias españolas. Ostentó en vida el título nobiliario de iii marqués de Estella, con Grandeza de España.

[18] José del Castillo Sáenz de Tejada (Alcalá la Real, 29 de junio de 1901- Madrid, 12 de julio de 1936) fue un militar español destacado durante la Segunda República. Sería su asesinato, junto con el del Jefe de la Oposición conservadora José Calvo Sotelo, los que la historiografía ha considerado detonantes inmediatos de la guerra civil española.

[19] Santiago Casares Quiroga (La Coruña, 8 de mayo de 1884 – París, 17 de febrero de 1950) fue un abogado y político español de ideología republicana que ejercería importantes puestos durante la Segunda República. Desde temprana edad estuvo ligado al republicanismo y llegó a militar en varias organizaciones políticas. Amigo personal de Manuel Azaña, formaría parte de varios gabinetes presididos por este, llegando a desempeñar las carteras de Marina, Gobernación u Obras Públicas. Durante el período republicano también fue diputado en las Cortes. En mayo de 1936 se convirtió en presidente del Consejo de Ministros, presidiendo el gobierno de la República en los meses que precedieron al estallido de la Guerra civil española. Considerado un líder ineficiente, ​se mostró confiado frente a la conspiración militar contra la República y cuando la rebelión tuvo lugar no supo reaccionar adecuadamente ante los acontecimientos. Así, la figura de Casares Quiroga ha quedado vinculada al golpe de Estado de julio de 1936.

[20] Fernando Condés Romero (Lavadores, Vigo, 1906- Somosierra, 23 de julio de 1936) fue un militar y capitán de la Guardia Civil español. Vinculado al PSOE, fue instructor de milicias socialistas y encabezó el grupo de policías y civiles que detuvo al diputado de la CEDA José Calvo Sotelo, el cual acabaría siendo asesinado por uno de los miembros del grupo.

[21] En España la Milicia Nacional era un cuerpo de ciudadanos armados que tenían el propósito de mantener el orden público y defender el régimen constitucional. Tuvo su origen en el siglo XVIII durante la Guerra de Sucesión española. Pero no fue hasta la Guerra de la Independencia, cuando la destrucción del Ejército por la invasión napoleónica favoreció la creación de Juntas Locales y Provinciales que armaron a los ciudadanos en la sublevación contra el francés, además de combatir los restos del régimen feudal que todavía se mantenían en muchas poblaciones. La primera regulación legal fue temprana. Con la Constitución de Cádiz de 1812, los legisladores reconocieron como fuerzas combatientes e integrantes del ejército a las que denominaban «milicias nacionales», junto a las tropas regulares. El reconocimiento legal supuso la desaparición, al menos formal, de las organizaciones de voluntarios armados por las distintas Juntas, quedando todos ellos integrados en un solo cuerpo. En 1814 se estableció el Reglamento que regulaba las prestaciones obligatorias a las que estaba obligado todo ciudadano, así como la organización de la Milicia.

[22] El Estatuto de autonomía de Cataluña de 1932, también conocido como Estatuto de Nuria, fue una ley española aprobada durante el primer bienio de la Segunda República Española que otorgaba a Cataluña por primera vez un Estatuto de Autonomía que le permitía tener un gobierno y un parlamento propios, y ejercer determinadas competencias. De esta forma Cataluña conseguía lo que no obtuvo durante la campaña autonomista catalana de 1918-1919 durante la cual se llegó a presentar en las Cortes de la Monarquía de Alfonso XIII un proyecto de Estatuto que no se llegó ni siquiera a discutir.

[23] El primer proyecto de Estatuto vasco-navarro es conocido como el Estatuto de Estella y el segundo como Estatuto de las Gestoras. El Estatuto de las Gestoras constituyó la base de discusión del Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936 aprobado en plena Guerra Civil Española sólo para las Vascongadas.

[24] Pedro Segura y Sáez (Carazo, provincia de Burgos, 4 de diciembre de 1880-Madrid, 8 de abril de 1957) fue un clérigo español que ocupó a lo largo de su carrera varios puestos en la jerarquía eclesiástica: Obispo Auxiliar de Valladolid, Obispo de Coria, Cardenal Arzobispo de Burgos, Cardenal Primado de Toledo y, tras la Guerra Civil, Cardenal Arzobispo de Sevilla.

[25] Justo Antonino Echeguren y Aldama (Amurrio (Álava), 10 de mayo de 1884 – 16 de agosto de 1937) fue un sacerdote vasco que llegó a ser Obispo de Oviedo. Echeguren nace en el pueblo alavés de Amurrio estudiando en el seminario y siendo ordenado sacerdote el 14 de julio de 1907. El 28 de enero de 1935 es promovido para obispo de Oviedo siendo consagrado por el cardenal Tedeschini. Falleció en un accidente automovilístico en Asturias el 16 de agosto de 1937.

David Odalric de Caixal i Mata: Historiador Militar, experto en Geoestrategia Internacional y Terrorismo yihadista. Asesor en materia de Seguridad y Defensa en HERTA SECURITY. Director del Área de Terrorismo y Defensa del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (INISEG). Director del Observatorio contra la Amenaza Terrorista y la Radicalización Yihadista (OCATRY) de INISEG.