# Historia Militar

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LA SEGUNDA REPÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR (FEBRERO-JULIO DE 1936) II PARTE

Primer bienio o Bienio social-azañista (1931-1933)

El primer bienio de la Segunda República Española o bienio social-azañista, también conocido como bienio reformista o bienio transformador, constituye la etapa de la Segunda República en la que el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas presidido por Manuel Azaña, formado el 15 de diciembre de 1931 tras aprobarse la Constitución de 1931 y tras rechazar el Partido Republicano Radical su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas, profundiza las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional cuyo propósito es modernizar la realidad económica, social, política y cultural españolas. El nuevo gobierno se formó tras la elección de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República, quien confirmó a Manuel Azaña como presidente del Gobierno. Pero todo el amplio abanico de reformas encontró gran resistencia por parte de los grupos sociales y corporativos a los que las reformas intentaban «descabalgar» de sus posiciones adquiridas: los terratenientes, los grandes empresarios, financieros y patronos, la Iglesia católica, las órdenes religiosas, la opinión católica, la opinión monárquica, el militarismo “africanista”. Y también existió una resistencia al reformismo republicano de signo contrario: el de revolucionarismo a ultranza, que encabezaron las organizaciones anarquistas (la CNT y la FAI) y un sector del socialismo, el vinculado al sindicato UGT. Para ellos la república representaba el «orden burgués» (sin demasiadas diferencias con los regímenes políticos anteriores, dictadura y monarquía) que había que destruir para alcanzar el «comunismo libertario«, según los primeros, o el «socialismo», según los segundos.

La «cuestión religiosa» y la política educativa

A partir de la aprobación de la Constitución de 1931 el gobierno republicano-socialista promulgó una serie de decretos y presentó unas leyes para su aprobación por las Cortes que hicieran efectiva la aconfesionalidad del Estado y que permitieran que éste asumiera aquellas funciones administrativas y sociales que la Iglesia católica había desempeñado hasta entonces. La primera medida que tomó fue el decreto de 23 de enero de 1932 que daba cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución: la disolución de la orden de los jesuitas y la nacionalización de la mayor parte de sus bienes (colegios y residencias, especialmente), que pasaron a ser gestionados por un Patronato.​ Cumpliendo otro mandato constitucional, siete días después, el decreto de 30 de enero de 1932 secularizaba los cementerios, que pasaron a ser propiedad de los ayuntamientos. Pocos días después, el 2 de febrero de 1932, las Cortes aprobaban la ley de divorcio. El momento de mayor confrontación entre el gobierno de Azaña y la Iglesia católica fue con motivo de la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, cuyo debate en las Cortes tuvo lugar en los primeros meses de 1933. Los cardenales y obispos españoles, encabezados por el nuevo cardenal primado Isidro Gomá y Tomás, publicaron una carta episcopal que consideraba la ley “un duro ultraje a los derechos divinos de la Iglesia y en la que llamaban a la movilización de los católicos. El 3 de junio, al día siguiente de la promulgación de la ley, se hacía pública una encíclica del papa Pío XI (Dilectissima Nobis) en la que condenaba el «espíritu anticristiano» del régimen español, afirmando que la ley de Congregaciones «nunca podrá ser invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia». Lo que hacía la ley de Congregaciones era desarrollar los artículos 26 y 27 de la Constitución: reglamentaba el culto público católico; suprimía la dotación de «culto y clero» del Estado; nacionalizaba parte del patrimonio eclesiástico (templos, monasterios, seminarios, etc.) aunque quedaban a disposición de la Iglesia; y por último, establecía el cierre de los centros de enseñanza católicos de secundaria para el 1º de octubre y los de primaria para el 31 de diciembre de 1933

La política educativa

Una de las prioridades del Gobierno Provisional ya había sido la construcción de escuelas primarias públicas, para poner fin a una de las lacras de la sociedad española, el todavía elevado analfabetismo (en 1931 las estimaciones oscilaban entre el 30 y el 50 % de la población total). Se calculó que para atender al más de millón y medio de niños que no iban a la escuela, el Estado necesitaría construir unas 27 000 nuevas escuelas, a un ritmo de 5000 cada año. A finales de 1932 el ministro de Instrucción Pública, el socialista Fernando de los Ríos, comunicó a las Cortes que se habían construido o habilitado casi 10 000 escuelas, pero el plan previsto no pudo cumplirse por falta de recursos debido a la caída de los ingresos de la Hacienda Pública a causa de la depresión económica y a la política de equilibrio presupuestario decidida por el gobierno. Las necesidades de escuelas primarias estatales aumentaron todavía más cuando se aprobó la ley de Congregaciones que había establecido el cierre de los colegios de primaria religiosos para el 31 de diciembre de 1933, y el cálculo que había hecho el ministerio era que para atender a los 350 000 niños de esos colegios sería necesario construir a toda prisa unas 7000 escuelas más. En el verano de 1933 el gobierno de Azaña puso en marcha «el más notable de sus experimentos» educativos: las misiones pedagógicas. Era una iniciativa del crítico de arte Manuel Bartolomé Cossío[1], ligado a la Institución Libre de Enseñanza, que quería llevar «el aliento del progreso» a los pueblos más aislados y atrasados de España. Así profesores y estudiantes, la mayoría de ellos de la Universidad de Madrid, se fueron a las aldeas con reproducciones de pinturas célebres y con discos y películas, y sobre escenarios improvisados representaban obras de teatro de Lope de Vega y de Calderón de la Barca. Asimismo llevaban libros y medicinas y ayudaban a construir escuelas. En este proyecto también participó el grupo teatral La Barraca, creado por Federico García Lorca. Muestra de la decidida determinación del gobierno en política educativa fue el incremento de los presupuestos del Ministerio de Instrucción, aunque en muchas ocasiones se mostraron insuficientes. La potenciación de la coeducación, además de que la religión dejó de ser asignatura obligatoria, agudizó el enfrentamiento con la Iglesia. También hubo interesantes proyectos en el campo educacional, contando con el antecedente de la labor de la Institución Libre de Enseñanza y la Junta de Ampliación de Estudios (modernización de la Universidad, ampliación de los centros y alumnos de bachillerato) e importantes realizaciones en el campo cultural (bibliotecas ambulantes, misiones pedagógicas). Se trató, pues, de la acción más decidida de la historia del país hasta entonces por mejorar la educación española. Y esto no solo fue en inversiones, sino también intentando introducir mejoras pedagógicas y dando paso a las nuevas corrientes en esta materia.

La «cuestión social»

Las primeras reformas en este campo fueron acordadas por el Gobierno Provisional a propuesta del ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, líder de la UGT, que continuó con el mismo cargo en el gobierno de Azaña.​ Las dos piezas básicas de su proyecto de regulación de las relaciones laborales, la Ley de Contratos de Trabajo y la de Jurados Mixtos, fueron muy contestadas tanto por la CNT como por los patronos. El número de huelgas y de incidentes violentos a consecuencia de ellas (que crearon graves problemas de orden público) se fue incrementando a lo largo del primer bienio de la República, a causa fundamentalmente de la negativa de la CNT a utilizar los mecanismos oficiales de conciliación. Lo que estaba en juego eran dos modelos sindicales, socialista y anarcosindicalista, casi opuestos, que además seguían teniendo una presencia diferente en las diversas regiones, pues si los socialistas eran preponderantes en Madrid, Asturias y el País Vasco, los anarquistas lo eran en Andalucía, Valencia y Cataluña. Los patronos también se movilizaron contra la reforma socio-laboral de Largo Caballero. Así a finales de enero de 1933, en plena crisis política por los sucesos de Casas Viejas, la Confederación Patronal Española dirigió una carta abierta a Azaña en la que señalaba la «vertiginosa rapidez» con que iba siendo aprobada la nueva legislación social y se quejaba de los jurados mixtos que prácticamente siempre daban la razón a los obreros, gracias al voto del representante del ministro de Trabajo que deshacía los empates. En parecidos términos se expresó la Unión Económica, que agrupaba a empresarios y economistas, que se quejó de las tendencias “socialistas” del Gobierno. Estas movilizaciones confluyeron en una asamblea económico-social celebrada en Madrid en julio de 1933, en la que se pidió la salida de los socialistas del gobierno, a los que hacían responsables de la «ruina de la economía» por el aumento de los costes (a causa de los incrementos de los salarios) y de la intervención obrera (la «socialización en frío» la llamaban) y por su ineficacia para detener y reducir el número de huelgas y garantizar la paz social.

La «cuestión militar»

Cuando se forma el segundo gobierno de Azaña en diciembre de 1931, la reforma militar ya está en marcha. Había sido obra del propio Azaña, que en el Gobierno Provisional desempeñó el Ministerio de la Guerra, cargo que desde octubre de 1931 había simultaneado con el de presidente del gobierno. Los decretos sobre los ascensos fueron confirmados por las Cortes por una ley de Reclutamiento y Ascensos de la Oficialidad de 12 de septiembre de 1932 que además estableció un baremo para los ascensos en los que primaba la antigüedad y la capacitación profesional. Asimismo esta ley unificó en una única escala a los oficiales de carrera y a los procedentes de la tropa. Los oficiales que en general se habían opuesto a la reforma militar de Manuel Azaña también protestaron cuando una ley de septiembre de 1932 obligó a los candidatos a ingresar en las academias de oficiales a servir en el ejército seis meses y a seguir cierto número de cursillos en una Universidad. «En su opinión, el requisito de los estudios universitarios era una tentativa de diluir el espíritu militar de una nueva generación de oficiales. En realidad el Gobierno se proponía quebrantar las antiguas barreras de casta y la mutua ignorancia, poniendo a los futuros oficiales en contacto, durante una parte de su educación, con los futuros miembros de las profesionales liberales»

En marzo de 1932 las Cortes aprobaron una ley que autorizaba al ministro de la Guerra, es decir a Manuel Azaña, a pasar a la reserva a aquellos generales que durante seis meses no hubieran recibido ningún destino. Era una forma encubierta de deshacerse de aquellos generales de los que el gobierno dudara de su fidelidad a la República.​ La misma ley disponía que los oficiales que hubieran aceptado el retiro establecido en el decreto de mayo de 1931 perderían sus pensiones si eran hallados culpables de difamación según la Ley de Defensa de la República. Esta última medida levantó un vivo debate en las Cortes, ya que tanto Miguel Maura como Ángel Ossorio y Gallardo[2] denunciaron la injusticia de la que podrían ser víctimas los alrededor de 5000 oficiales recientemente retirados que en un momento dado criticaran al Gobierno. Azaña respondió que sería intolerable para la república el tener que pagar a sus “enemigos”. Asimismo en diciembre de 1931 se creó el cuerpo de suboficiales, con la posibilidad de incorporarse al Cuerpo de oficiales en la Escala de Complemento y además se les reservaba el 60% de las plazas en las academias militares. De esta forma se pretendía democratizar la base social e ideológica de los mandos del Ejército.​ Y también se pretendía estrechar el vacío profesional que había entre los oficiales y los suboficiales. En cuanto al servicio militar obligatorio éste se redujo a doce meses (cuatro semanas para los bachilleres y universitarios), pero mantuvo la redención en metálico del servicio militar, aunque solo podía aplicarse a partir de los seis meses de permanecer en filas.

Por último, se mantuvo la aplicación de la jurisdicción militar a individuos civiles con motivos de orden público, ya que la Constitución de 1931 mantuvo dentro de su competencia los «delitos militares» y «los servicios de armas y la disciplina de todos los institutos armados», concepto este último que abarcaba no solo a las Fuerzas Armadas «que defendían el territorio nacional», sino también a las fuerzas encargadas «solo de mantener el Orden Público» (Guardia Civil, Carabineros[3] y cualquier otro posible nuevo cuerpo militarizado). Es decir que los consejos de guerra eran, por ejemplo, competentes para procesar a paisanos que hubieran expresado críticas a las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil Y también eran competentes para juzgar a aquellos que hubieran amenazado el orden público, como sucedió en las insurrecciones anarquistas del Alto Llobregat de enero de 1932 y la de toda España de enero de 1933. Como señaló el socialista Juan Simeón Vidarte

Aunque ello parezca extraño, no llegó a modificarse el Código de justicia Militar y en todos los choques que se produjeron entre el pueblo y la Guardia Civil, siguieron interviniendo los Consejos de guerra

El intento de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo, en agosto de 1932, fue exponente del malestar de una parte del Ejército por causas no estrictamente políticas. «La fortísima campaña desatada por los medios conservadores contra la reforma, personalizada en la figura de Azaña, contribuyó, además, a convertir al primer ministro en la auténtica bestia negra de muchos militares».

La «cuestión regional» / El Estatuto de Cataluña

Entre enero y abril de 1932 una comisión de las Cortes adecuó el proyecto de Estatuto de Cataluña (el llamado Estatuto de Nuria) a la Constitución de 1931 y aun así encontró una enorme oposición en la cámara para su aprobación, especialmente entre la minoría agraria y los diputados de la Comunión Tradicionalista que ya se habían separado de los diputados del PNV en la minoría vasco-navarra, y que incluyó una amplia movilización callejera “antiseparatista”. “Manuel Azaña arriesgó la vida de su Gobierno y su prestigio personal en la aprobación del Estatuto”​ Tras cuatro meses de debates interminables, solo el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo de agosto de 1932 motivó que se acelerara la discusión del Estatuto, que finalmente fue aprobado el 9 de septiembre por 314 votos a favor (todos los partidos que apoyaban al gobierno, más la mayoría de los diputados del Partido Republicano Radical) y 24 en contra. El Estatuto era menos de lo que los nacionalistas catalanes habían esperado (la versión final eliminaba todas las frases que implicaban soberanía para Cataluña; se rechazaba la fórmula federal; los idiomas castellano y catalán eran declarados igualmente oficiales, etc), «pero cuando el presidente del Consejo de ministros fue a Barcelona para la ceremonia de presentación, lo recibieron con una tremenda ovación”. Las primeras elecciones al Parlament tuvieron lugar dos meses después (en noviembre de 1932) y fueron ganadas por Esquerra Republicana de Cataluña, seguida a mucha distancia de la Lliga Regionalista. Francesc Macià fue así confirmado como presidente de la Generalidad. Mediante el Estatuto, Cataluña se convirtió en región autónoma, que sería regida por un gobierno propio, la Generalidad de Cataluña, formada por un presidente, un parlamento y un consejo ejecutivo. La Generalidad tendría facultades legislativas y ejecutivas en hacienda, economía, educación y cultura, transportes y comunicaciones; el Gobierno de la república se ocuparía de las relaciones exteriores y el ejército.

El Estatuto del País Vasco

Tras el rechazo del Estatuto de Estella por su clara incompatibilidad con la Constitución de 1931, en diciembre de 1931 las Cortes encargaron a las Comisiones Gestoras provisionales de las Diputaciones, dominadas por los republicanos y los socialistas, para que elaboraran un nuevo proyecto de Estatuto, que al final fue consensuado con el PNV. Una Asamblea de Ayuntamientos celebrada en Pamplona en junio de 1932 aprobó el proyecto, pero los carlistas lo rechazaron, por lo que al tener la mayoría en Navarra, dejaron fuera del ámbito de la futura «región autónoma» a este territorio. Ello obligó a una nueva redacción del proyecto que excluyera a Navarra y a un nuevo retraso. Un nuevo obstáculo se planteó cuando al realizarse el preceptivo referéndum sobre el «Estatuto de las Gestoras» el 5 de noviembre de 1933, en plena campaña para las elecciones a Cortes, los votos favorables en Álava no alcanzaron la mayoría del censo, de nuevo por la oposición de los carlistas (Álava era una provincia que, como Navarra, tenía una menor identidad nacionalista vasca debido a la fuerte implantación del carlismo).

El Estatuto de Galicia.

En cuanto a Galicia, la primera iniciativa, a cargo del ayuntamiento de Santiago de Compostela, se tomó más tarde, en abril de 1932. Pero solo nueve meses después, en diciembre, ya se había cumplido la primera fase del proceso establecido por la Constitución de 1931, al haber aprobado la mayoría de los ayuntamientos gallegos un proyecto de estatuto, que estaba inspirado en buena medida en el Estatuto catalán que acababan de aprobar las Cortes. Sin embargo, al igual que en el caso vasco, el triunfo del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933 paralizó el proceso.

La «cuestión agraria»: la ley de Reforma Agraria

Durante el primer bienio se continuaron aplicando los decretos agrarios del Gobierno Provisional aprobados a propuesta del ministro de Trabajo el socialista Francisco Largo Caballero y también continuó la oposición de los propietarios que se apoyaron en los ayuntamientos en su mayoría monárquicos y en el recurso a la Guardia Civil para enfrentarse a los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra[4] (FNTT) de UGT. Esta última creció mucho durante este tiempo pues pasó de unos 100 000 afiliados en 1931 a cerca de 450 000 en el verano del año siguiente (hasta constituir casi la mitad de los afiliados de toda la UGT), siendo la mayoría de los nuevos afiliados campesinos sin tierras que se sentían agradecidos a los socialistas porque éstos le habían dado su primera oportunidad de hacer oír su voz a la hora de negociar con los propietarios.​ Lo mismo sucedió con las organizaciones de propietarios agrarios ya que a la antigua Confederación Nacional Católico-Agraria, se sumó en 1931 la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas, y en marzo de 1933, la Confederación Española Patronal Agrícola (en cuyo manifiesto fundacional se decía: «el socialismo es el enemigo; él y sus aliados; él y sus colaboradores»). De estas organizaciones saldrán muchos de los dirigentes de la futura CED

La Ley de Reforma Agraria

Después del rechazo de dos anteproyectos de ley de reforma agraria, en marzo de 1932 un tercero elaborado por el equipo del Ministerio de Agricultura del radical-socialista Marcelino Domingo fue tomado como base del debate en las Cortes. Pero la discusión del proyecto de ley se fue alargando y se habría prolongado aún más de no haberse producido el intento de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo del 10 de agosto de 1932, que al ser derrotado dio al gobierno el impulso definitivo para la aprobación de la Ley (el fracaso del golpe de Estado de Sanjurjo también desatascó el debate sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña) La reforma agraria, finalmente aprobada, consistió en la expropiación (con indemnización, excepto las tierras de la nobleza que fueran «grandes de España» por su supuesta implicación en la «Sanjurjada») de las tierras de la España latifundista (Andalucía, Extremadura, el sur de La Mancha y la provincia de Salamanca) incluidas en los apartados que señalaba la Base 5.ª de la Ley, que contemplaba cuatro tipos de tierras expropiables: los señoríos jurisdiccionales, las tierras mal cultivadas, las sistemáticamente arrendadas y las que estaban en zonas de riego y no hubieran sido convertidas en regadío

Así pues, la Ley de Reforma Agraria establecía la expropiación con indemnización de las grandes fincas que no fuesen cultivadas directamente por sus dueños, así como las incultas y las de regadío no regadas, para ser repartidas entre familias de campesinos o entre colectividades de agricultores. Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA)[5], del que dependían las juntas provinciales y las comunidades de campesinos. Se otorgó al Instituto un crédito anual de 50 millones de pesetas y se proyectó asentar anualmente de 60 a 75 mil campesinos. El mecanismo de actuación fue el siguiente: las tierras expropiadas o confiscadas pasaban a ser propiedad del Instituto, que las transfería a las juntas provinciales, que a su vez las entregaban a las comunidades de campesinos, para su explotación colectiva o individual, según hubiesen decidido previamente los campesinos. Los problemas que se presentaron para la realización de esta labor fueron numerosos y graves, sin contar con la oposición de los terratenientes expropiados o confiscados, el carácter excesivamente burocrático del Instituto, la falta de datos para conocer las tierras pertenecientes a un mismo dueño, la falta de estudios previos sobre calidad y rendimientos de la tierra, la exclusión de las tierras de pastos, con lo que se marginaba la ganadería. A pesar de todo supuso el primer esfuerzo por repartir tierras entre los campesinos.

Sin embargo y a pesar de las grandes expectativas que había levantado, los efectos de la Ley de Reforma Agraria fueron muy limitados: a finales de 1933 solo se habían ocupado 24.203 Has., repartidas entre 4.339 campesinos, a los que habría que añadir otros tres o cuatro mil en las tierras previamente expropiadas a la Grandeza. La razón principal de este fracaso en la aplicación fue que el Instituto de Reforma Agraria (IRA), que era el organismo encargado de aplicar la ley, fue dotado de unos recursos humanos y económicos insuficientes, debido a la falta de dinero de la Hacienda pública y al boicot que realizó la banca privada (vinculada familiar y económicamente a los terratenientes) al Banco Nacional de Crédito Agrícola, creado por la Ley para financiar la reforma. La lentitud en la aplicación de la ley se intentó paliar con una medida complementaria, que fue el Decreto de Intensificación de Cultivos de 22 de octubre de 1932, que permitía la ocupación temporal de fincas de tierras de labranza que hubieran dejado de ser arrendadas a cultivadores y se hubieran dedicado solo a la ganadería en la mitad sur de España (Extremadura fundamentalmente). La medida afectó a 1.500 fincas en 9 provincias (unas 125.000 hectáreas) y dio trabajo a 40.108 familias, sobre todo extremeñas, cuyos miembros se encontraban en paro. El fracaso de la reforma agraria fue una de las causas principales de la aguda agitación social del periodo 1933-34, porque el anuncio de la reforma hizo creer a muchos jornaleros en una rápida entrega de tierras, que finalmente no se produjo por lo que pronto se sintieron decepcionados. Esto llevó a la radicalización de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de UGT, coincidiendo así con la CNT, que desde el principio había combatido una reforma agraria que, según ella, consolidaba el modelo capitalista en el medio rural e imposibilitaba el que se produjera una «verdadera» revolución. Al otro lado del espectro político, la reforma agraria unió a los tradicionales sectores sociales dominantes en el agro y contribuyó, en grado similar o incluso superior a la «cuestión religiosa», a consolidarlos como bloque de oposición al régimen republicano. Ya en agosto de 1931 crearon la Asociación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas, en defensa del «legítimo derecho de propiedad», y valiéndose de las viejas redes caciquiles y la apelación continua a la intervención de la Guardia Civil boicotearon la aplicación de los «decretos agrarios«. Asimismo en las Cortes, la minoría agraria realizó una aparatosa obstrucción de los debates de la ley que contribuyeron notablemente al retraso en su aprobación.

La oposición a las reformas / La derecha monárquica

Los monárquicos alfonsinos, a diferencia de los carlistas cuya Comunión Tradicionalista seguía creciendo y organizando sus milicias de requetés, no se propusieron formar un movimiento de masas sino que actuaron en tres frentes: el cultural, actualizando el discurso tradicionalista y conservador, a través de un grupo de intelectuales agrupados en torno a la revista Acción Española; el político, fundando un partido propio, llamado Renovación Española, que intentará formar un frente antirrepublicano con el naciente fascismo español, los carlistas y el sector menos “accidentalista” de la CEDA; y sobre todo el insurreccional, buscando la colaboración de los sectores del Ejército español que se mantenían fieles a la monarquía (a pesar de haber jurado fidelidad a la República) y de aquellos otros descontentos por la reforma militar de Azaña.

El intento de golpe de estado del general Sanjurjo en agosto de 1932

Aunque el general Sanjurjo al principio no mostró mucho interés en encabezar un pronunciamiento militar que derribara al gobierno de Azaña, su opinión cambió cuando fue destituido en enero de 1932 de su puesto de director de la Guardia Civil, a raíz de los sucesos de Arnedo[6], y nombrado director general de Carabineros, un cargo de menor relieve. El intento de golpe de estado tuvo lugar el 10 de agosto de 1932. En Madrid un grupo de militares y civiles armados al mando de los generales Barrera[7] y Cavalcanti[8] intentaron tomar el Ministerio de la Guerra, donde se encontraba Azaña, pero varias unidades de la Guardia Civil y de Asalto[9] sofocaron la rebelión, en la que murieron nueve sublevados y varios fueron heridos.​ En Sevilla, en cambio, donde el general Sanjurjo había situado su cuartel general, sí que consiguió que la guarnición apoyara el golpe y se declaró el estado de guerra, aunque Sanjurjo mantuvo las tropas acuarteladas. Publicó un manifiesto en el que anunciaba que no se sublevaba contra la república como tal (lo que decepcionó a parte de los monárquicos que le habían apoyado), sino contra las actuales Cortes “ilegítimas”, convocadas por un “régimen de terror”, y que había llevado a España al borde de “la ruina, la iniquidad y la desmembración”. Inmediatamente los sindicatos convocaron una huelga general en la ciudad y ante la falta de apoyo de otras guarniciones el general Sanjurjo huyó en dirección a Portugal, pero fue detenido en Huelva cerca de la frontera. Sanjurjo fue condenado a muerte por un consejo de guerra, aunque la pena fue conmutada por la de cadena perpetua por un decreto del Presidente de la República.​ Sobre los militares y los civiles monárquicos que habían participado o habían apoyado el golpe cayeron casi todas las medidas represivas previstas por la Ley de Defensa de la República: 145 jefes y oficiales fueron detenidos y deportados a Villa Cisneros en la colonia española del Sahara Occidental, como se había hecho con 104 anarquistas unos meses antes con motivo de la insurrección anarquista del Alto Llobregat; sus más destacados órganos de prensa, el diario ABC y la revista Acción Española fueron suspendidos; muchas sedes políticas y culturales fueron clausuradas; las propiedades de la nobleza «grande de España» (acusada de financiar el golpe) fue expropiada sin indemnización de sus tierras por una ley aprobada por el Parlamento, etc

La derecha católica «accidentalista» de la CEDA

La hostilidad de la Iglesia católica y de los sectores que la apoyaban a la declaración de la aconfesionalidad del Estado y a la política secularizadora radical que emprendió el gobierno republicano-socialista presidido por Azaña, dio nacimiento al catolicismo político, que logró construir a partir de Acción Nacional (desde marzo de 1932 llamada Acción Popular) un gran partido de masas que fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), aunque esto no se habría producido sin la dirección, el discurso ideológico y los recursos organizativos de la Iglesia católica. Esta confederación de partidos aglutinaba no solo a las oligarquías del antiguo régimen sino a miles de agricultores medios y pobres dirigidos políticamente por miembros de las clases medias urbanas, que a su vez se sentían perjudicadas por las políticas reformistas de la coalición de izquierda, como determinados sectores profesionales y funcionariales, tanto civiles como militares, o círculos intelectuales vinculados a la tradición conservadora. Y todos ellos veían con horror el laicismo del Estado y con miedo el ascenso de la clase obrera. «El nuevo partido católico inició su actividad buscando una confrontación directa con el gobierno en los dos puntos que podían servir para atraer mayor afiliación: los republicanos eran calificados de fríos perseguidores de la Iglesia, y, en consecuencia, enemigos de la Patria, y a los socialistas se les presentaba como enemigos de la propiedad, de la familia y el orden. Fue así como Acción Popular, y desde su congreso fundacional de febrero y marzo de 1933, la CEDA, lograron una audiencia de masas vinculando la defensa de la religión católica a la lucha por la propiedad como fundamento del orden social«.​ La CEDA fue liderada por el joven abogado José María Gil-Robles, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, y en el momento de su fundación decía contar 600.000 afiliados, lo que la convertía en el partido más grande de la II República.

La CNT

La CNT se opuso al Gobierno Provisional, primero, y al gobierno social-azañista, después, a medida que vio como las medidas represivas gubernamentales se cebaban con ella (como en los tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera) y a medida que se fue promulgando la nueva y prolija legislación laboral de Largo Caballero que intentaba imponer el modelo sindical “corporativo” de UGT por la vía del decreto, y que la CNT consideró como un intento de restarle influencia sobre la clase obrera y como una «traición» a la verdadera «revolución social» La política de confrontación con la república también tuvo repercusiones internas en la CNT porque reforzó a la tendencia propiamente anarquista (identificada con la Federación Anarquista Ibérica, FAI) frente a la tendencia sindicalista, que lideraban Juan Peiró y Ángel Pestaña, que llegarán a difundir sus tesis contrarias al insurreccionalismo en un manifiesto llamado «de los Treinta» en agosto de 1931. Muchos de estos «treintistas» serán expulsados de la CNT a lo largo de 1932. La primera muestra importante de la política de confrontación de la CNT fue la convocatoria en julio de 1931 de una huelga de los empleados de la Compañía Telefónica Nacional de España, que dio lugar a sangrientos incidentes en Sevilla. Con el resultado de 30 muertos y unos 200 heridos. “Los anarquistas descubrieron que una República los podía tratar con la misma severidad que un Gobierno monárquico”. A esta huelga siguieron otras, que culminaron con la insurrección anarquista del Alto Llobregat en enero de 1932, durante la cual se proclamó el “comunismo libertario” y las banderas republicanas fueron sustituidas por las banderas rojas y negras de la CNT.​ Tuvo que intervenir el Ejército para poner fin a la insurrección.​ Hubo muchos detenidos y a unos doscientos dirigentes cenetistas se les aplicó la Ley de Defensa de la República por lo que fueron deportados sin orden judicial a las colonias de África. Con este hecho de los deportados el enfrentamiento entre la CNT y el gobierno republicano-socialista se radicalizó aún más. Justo un año después se produjo un nuevo movimiento insurreccional en enero de 1933, esta vez general, que provocó graves incidentes en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía, expeditivamente reprimidos por las fuerzas gubernativas, que causaron numerosos muertos. Los sucesos más graves tuvieron lugar en la aldea de Casas Viejas (Cádiz) donde la intervención de las fuerzas de orden público provocó una matanza. Los hechos fueron utilizados por la oposición para atacar al gobierno (se difundió la falsa noticia de que el propio Azaña había dado la orden de disparar a los guardias), y aunque pudo superar la crisis, a medio plazo «Casas Viejas«[10] le sería enormemente perjudicial. En la localidad gaditana de Casas Viejas los guardias al mando del capitán Manuel Rojas entraron a tiros en el pueblo, incendiaron la casa donde se habían refugiado algunos campesinos, entre ellos Francisco Cruz Gutiérrez, conocido como «Seisdedos«, quien muere calcinado junto a otros vecinos al ser incendiada su choza por la Guardia de Asalto, y luego procedieron a una serie de detenciones: fusilando a participantes, sospechosos, vecinos y a sus familiares aleatoriamente, un total de catorce vecinos fueron ejecutados.

La crisis de la coalición republicano-socialista: el fin del gobierno de Azaña

Contra todos los pronósticos, 1933 resultó un año muy complicado para el Gobierno de Azaña. Empezó con la insurrección anarquista de enero de 1933, que desembocó en la matanza de Casas Viejas y minó la credibilidad republicana. Confluyeron las malas noticias sobre la economía y el paro con la ofensiva de las organizaciones patronales contra el sistema de los jurados mixtos, la irrupción del catolicismo como movimiento político de masas con la fundación de la CEDA y el acoso del Partido Republicano Radical. La oposición del Partido Republicano Radical a la continuidad en el gobierno de los socialistas, una vez aprobada la Constitución de 1931, radicaba fundamentalmente en que una parte importante de su base social la constituían las clases medias urbanas y rurales, comerciantes, tenderos y pequeños empresarios que rechazaban las reformas socio-laborales aprobadas por el socialista Francisco Largo Caballero. El líder de los radicales Alejandro Lerroux[11] se convirtió así en portavoz de todos aquellos que odiaban a los socialistas y presionó a Niceto Alcalá Zamora para que le retirara su apoyo al gobierno de Azaña. “Que se fueran los socialistas se convirtió en el grito unánime de empresarios y patronos en la primavera y verano de 1933, cuando la crisis económica y el paro llegaban a su punto más alto y la CNT centraba sus huelgas y movilizaciones contra los jurados mixtos

El punto clave de la ruptura de la coalición de los republicanos de izquierda y los socialistas, sin embargo, no fueron las presiones “externas” o la pérdida de apoyos sino que fue el intenso debate interno que vivió el socialismo español sobre la conveniencia de mantenerse en el gobierno. Crecía el descontento de las bases socialistas en el campo, desilusionadas por el alcance y los ritmos de la reforma agraria, y había habido ya sangrientos enfrentamientos como los de sucesos de Castilblanco (Badajoz) o los sucesos de Arnedo (Logroño) entre jornaleros de la FNTT-UGT y la Guardia Civil, que estaba a las órdenes de un gobierno donde había tres ministros socialistas. En las ciudades la crisis económica se agudizaba, aumentaba el paro y las patronales radicalizaban su oposición a la normativa sociolaboral. Todo ello acentuó la brecha de las bases socialistas con «su» gobierno.​ Por otro lado, los dirigentes de UGT observaron el crecimiento más rápido de sus rivales de la CNT y lo atribuyeron al hecho de que éstos no se habían comprometido colaborando con un Gobierno “burgués”.​ Los sucesos de Casas Viejas son los que terminaron de hacer prevalecer entre los socialistas la idea de que había llegado el momento de abandonar la alianza con la burguesía republicana. Finalmente fue la presión de los católicos movilizados por la recién creada CEDA sobre la presidencia de la república con motivo del debate de la Ley de Congregaciones lo que provocó la primera crisis del gobierno de Azaña. Alcalá Zamora y sus escrúpulos de conciencia como católico le indujeron a demorar hasta el último día el plazo hábil para sancionar la Ley de Congregaciones, aprobada por las Cortes el 17 de mayo pero no promulgada hasta el 2 de junio. Al día siguiente Alcalá Zamora le retiró su confianza al gobierno y éste tuvo que dimitir.​ El presidente de la república estaba convencido de que la opinión pública se estaba inclinando hacia la derecha. Sin embargo, Alcalá Zamora no tuvo más remedio que volver a nombrar a Azaña porque no encontró ningún otro candidato que pudiera obtener el respaldo de la mayoría de los diputados. Así, el 13 de junio se formó el tercer gobierno de Azaña, con una composición muy similar al segundo (los socialistas mantuvieron a sus tres ministros) aunque amplió su respaldo parlamentario al incluir un ministro del Partido Republicano Democrático Federal, José Franchy Roca, nuevo ministro de Industria y Comercio, y a Lluís Companys, de la Esquerra Republicana de Cataluña, como ministro de Marina.

La nueva oportunidad para destituir a Azaña se le presentó a Alcalá-Zamora a principios de septiembre de 1933. Se habían celebrado el día 3 las elecciones de los quince miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales que le correspondía elegir a los ayuntamientos, y durante las mismas los partidos de oposición, CEDA y Partido Republicano Radical se movilizaron y consiguieron la CEDA seis puestos y el Partido Republicano Radical cuatro, mientras que los republicano-socialistas solo obtuvieron cinco. Azaña buscó el voto de confianza de las Cortes y lo obtuvo, pero al día siguiente, 7 de septiembre, el presidente le retiró la suya por segunda vez y Azaña tuvo que dimitir. Alcalá Zamora encargó la formación de un nuevo gobierno a Alejandro Lerroux, pero su gobierno de «concentración republicana» (con los socialistas fuera del Ejecutivo que declararon que habían quedado “rotos todos los compromisos contraídos entre los republicanos y los socialistas”) solo duró tres semanas, a causa de que los republicanos de izquierda, los socialistas y los radical-socialistas «independientes» de Marcelino Domingo no le otorgaron la confianza. En consecuencia, el presidente de la república nombró nuevo presidente al también radical Diego Martínez Barrio cuya única misión sería organizar nuevas elecciones para el 19 de noviembre la primera vuelta (y para el 3 de diciembre la segunda). Sería la primera vez en la historia de España, y una de las primeras en la de Europa, en que votarían las mujeres (seis millones estaban censadas).

Segundo Bienio o Bienio radical-cedista (1934-1936)

El segundo bienio de la Segunda República Española, también llamado bienio negro, o bienio rectificador, o bienio conservador, constituye el periodo comprendido entre las elecciones generales de noviembre de 1933 y las de febrero de 1936 durante el que gobernaron los partidos de centro-derecha republicana encabezados por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, aliados con la derecha católica de la CEDA y del Partido Agrario, primero desde el parlamento y luego participando en el gobierno. Precisamente la entrada de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934 desencadenó el hecho más importante del periodo: la Revolución de 1934, una fracasada insurrección socialista que solo se consolidó en Asturias durante un par de semanas (el único lugar donde también participó la CNT) aunque finalmente también fue sofocada por la intervención del ejército (Revolución de Asturias). A diferencia de la relativa estabilidad política del primer bienio (con los dos gobiernos presididos por Manuel Azaña), el segundo fue un periodo en que los gobiernos presididos por el Partido Republicano Radical tuvieron un promedio de tres meses de vida (se formaron ocho gobiernos en dos años) y se turnaron tres presidentes distintos (Alejandro Lerroux, Ricardo Samper y Joaquín Chapaprieta), y aún duraron menos los dos últimos gobiernos del bienio, los presididos por el “centrista” Portela Valladares.

[1] Manuel Bartolomé Cossío (Haro, 22 de febrero de 1857-Collado Mediano, 2 de septiembre de 1935) fue un pedagogo krausista e historiador del arte español. Dentro de la Institución Libre de Enseñanza, fue ahijado y alumno favorito de Francisco Giner de los Ríos y su inseparable compañero y su sucesor. Dejó un estudio monumental sobre la obra de El Greco.​ Director del Museo Pedagógico Nacional y presidente de las Misiones Pedagógicas, fue quizá «la figura más eminente de la pedagogía española en el periodo de 1882 a 1935», año de su muerte.

[2] Ángel Ossorio y Gallardo (Madrid, 20 de junio de 1873-Buenos Aires, 19 de mayo de 1946) fue un abogado y político español, de inclinaciones democristianas. Conspicuo maurista, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, diputado a Cortes, gobernador civil de Barcelona y ministro de Fomento en el cuarto gobierno de Antonio Maura durante la Restauración borbónica. Crítico con la dictadura de Primo de Rivera, durante la Segunda República Española repitió como diputado a Cortes, y, ya durante la guerra civil, ejerció de embajador de la República en Francia, Bélgica y Argentina. Tras el triunfo del bando franquista en el conflicto, formó parte del gabinete en el exilio de la República.

[3] El Cuerpo de Carabineros fue un cuerpo armado español cuya misión era la vigilancia de costas y fronteras, y la represión del fraude fiscal y el contrabando. Fue creado en 1829 y tras la Guerra civil, en 1940 fue integrado en la Guardia Civil. Tenían presencia en las fronteras terrestres, provincias marítimas y en Madrid. El lema de los Carabineros era: Moralidad, lealtad, valor y disciplina y su insignia era un sol que surge con todos sus rayos en el horizonte

[4] La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) fue un sindicato socialista del ámbito agrario-ganadero que formaba parte de la Unión General de Trabajadores (UGT), con una gran presencia en la España de los años 30.

[5] El Instituto de Reforma Agraria (IRA) fue el órgano estatal español que existió durante el periodo de la Segunda República. El organismo fue creado en 1932, como instrumento con el que implementar la proyectada Reforma Agraria. Durante los gobiernos de Manuel Azaña, (bienio progresista o republicano-socialista) fue la medida más trascendental, ya que España vivía una agricultura estancada en la tradición latifundista. Buscaba promover la explotación colectiva del terreno, y hacer del estado los latifundios. Sin embargo el Instituto funcionó muy lentamente, y fue ineficaz por su bajo presupuesto. Se creó, paralelamente al organismo, el Banco Nacional Agrario, que será mal visto por la banca privada, y semiestatal.

[6]  Se conoce como Sucesos de Arnedo a los acontecimientos que se produjeron en la población de Arnedo (La Rioja) el martes 5 de enero de 1932, en los que murieron once personas por disparos de la Guardia Civil y treinta resultaron heridas. Un mes antes se había aprobado la Constitución de 1931, se había nombrado a Niceto Alcalá Zamora Presidente de la Segunda República Española y el día 15 de diciembre Manuel Azaña había formado su segundo gobierno de coalición republicano-socialista. Los «sucesos de Arnedo» cierran una «semana trágica» en el bienio reformista de la Segunda República Española que se iniciaron con los Sucesos de Castilblanco.

[7] Emilio Barrera Luyando (Burgos, 17 de enero de 1869 – Id 5 de mayo de 1943) fue un militar español, que alcanzó el empleo de Teniente General. Jefe del Estado Mayor del Ejército de África. Durante la Dictadura de Primo de Rivera fue miembro de la Asamblea Nacional Consultiva.​ Participó en la conspiración golpista de 1936.

[8] José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna (1871-1937) fue un militar español. Fue uno de los generales africanistas que apoyaron el golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923. Entre 1930 y 1931 ejerció de capitán general de la 2.ª Región Militar,​ con cabecera en Sevilla. Cavalcanti, que propuso sin éxito a Alfonso XIII el uso de la fuerza contra la declaración de la Segunda República en 1931, ​se unió también en 1932 a la conspiración de la Sanjurjada.​ Fue juzgado y condenado en noviembre de 1932. Falleció en San Sebastián el 3 de abril de 1937 durante la Guerra Civil.

[9] La Guardia de Asalto, denominada de forma oficial como Cuerpo de Asalto, fue un cuerpo policial español creado durante la Segunda República con el objetivo de disponer de una fuerza policial para el mantenimiento del orden público y que fuera de probada fidelidad al régimen republicano. Rápidamente se convertiría en un eficaz cuerpo policial, y tuvo una destacada e intensa actividad durante toda su historia, especialmente durante algunos hechos de la Guerra Civil Española. Durante el Golpe de Estado de julio de 1936 la fidelidad y actuación de los Guardias de Asalto fue fundamental en muchos sitios para que fracasase el golpe y por ello gozó de prestigio entre la población de la zona republicana. No obstante, el Cuerpo de Asalto fue fusionado, por decreto, el 27 de diciembre de 1936 con la Guardia Nacional Republicana para formar el nuevo Cuerpo de Seguridad Interior, aunque éste siguió manteniendo unas unidades de Asalto y vanguardia que actuaron en operaciones militares.

[10] Los sucesos de Casas Viejas, también denominados masacre de Casas Viejas, es el nombre con el que han pasado a la historia los episodios que tuvieron lugar entre el 10 y el 12 de enero de 1933 en la pequeña localidad de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz, y que constituyen uno de los hechos más trágicos de la Segunda República Española. Abrió una enorme crisis política en el primer bienio de la República y fue el inicio de la pérdida de apoyos políticos y sociales que conduciría meses después a la caída del gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña

[11] Alejandro Lerroux García (La Rambla, 4 de marzo de 1864-Madrid, 27 de junio de 1949) fue un político español de ideología republicana. Ejerció la presidencia del Consejo de Ministros en varias ocasiones durante la Segunda República. Fundador y a la vez líder del Partido Republicano Radical (PRR), desde sus inicios fue un político controvertido, siendo especialmente conocido por su retórica demagógica.​ Con un discurso obrerista, anticlerical y diametralmente opuesto al incipiente nacionalismo catalán, durante su primera etapa política se convirtió en un destacado líder político en Barcelona. Con posterioridad adoptaría posiciones más templadas, teniendo un papel destacado en la proclamación de la Segunda República. Enfrentado a los gobiernos de Azaña durante el llamado bienio «reformista», a partir de septiembre de 1933 asumiría la presidencia del Consejo de ministros y se convirtió en uno de los principales árbitros de la situación política durante el bienio «radical-cedista». Su giro a la derecha, sin embargo, llevó a su partido a sufrir varias escisiones; su imagen también quedó muy dañada entre el público por una sucesión de escándalos de corrupción que se hicieron públicos a finales de 1935. Tras el hundimiento del Partido Radical en las elecciones de 1936, Lerroux desapareció del escenario político. Con el estallido de la Guerra civil se exilió en Portugal, desde donde llegaría a mostrar su adhesión a Francisco Franco.

David Odalric de Caixal i Mata: Historiador Militar, experto en Geoestrategia Internacional y Terrorismo yihadista. Asesor en materia de Seguridad y Defensa en HERTA SECURITY. Director del Área de Terrorismo y Defensa del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (INISEG). Director del Observatorio contra la Amenaza Terrorista y la Radicalización Yihadista (OCATRY) de INISEG.