# Terrorismo

Confidentes del yihadismo

 “To catch the devil, you have to go to hell”, para cazar al demonio hay que viajar al infierno, recitan los agentes del FBI para explicar los problemas que acarrean a cualquier policía y servicio secreto su ineludible trato con confidentes y en especial los relacionados con el yihadismo. El dicho lo exclama un responsable de la lucha europea contraterrorista para ilustrar la dificultad que les supone trabajar con informadores en un momento en el que el yihadismo, consciente de la derrota del Estado Islámico (EI) en Oriente Medio, recrudece su campaña de amenazas a Europa, a la que considera uno de los frentes en los que perpetuar su guerra. Una amenaza que pone otra vez sobre el tapete la propuesta de la Agencia Europea de Inteligencia como instrumento para coordinar operaciones transnacionales destinadas a desmontar células terroristas en las que es casi imposible infiltrar personas ajenas al radicalismo islámico.

El trato con confidentes relacionados con el terrorismo yihadista es una dificultad que preocupa de forma permanente a fiscales, agentes y jueces de la Unión Europea (UE). El asunto está repleto de aristas. Una de ellas es la peculiar idiosincrasia del confidente relacionado con el yihadismo, pues tiene que estar muy bien relacionado con el extremismo para moverse entre fanáticos religiosos que son mucho más impermeables y desconfiados que los de cualquier otra posible organización criminal.

Por esa razón los informadores son captados mayoritariamente en ambientes radicalizados, circunstancia que acarrea la incertidumbre entre la sospecha de un juego a dos bandas y la necesidad de creer en ellos.

Una duda que nace del recelo de que el colaborador pueda estar en realidad practicando la taqiya o santo disimulo, en el que los yihadistas se amparan para no cumplir preceptos del islam y pasar inadvertidos. En ese caso, el colaborador puede aparecer como un buen informador para finalmente descubrirse que encubría a otros terroristas.

En la UE no hay un criterio o protocolo unificado acerca de los confidentes, de tal suerte que, por ejemplo, una información extraordinariamente relevante relativa a una matanza de soldados italianos acaecida en Irak en noviembre del 2003, causada por un suicida entrenado en una célula de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), no fue tenida en cuenta por el tribunal español que juzgó a la célula. En cambio, la declaración de Hamed, nombre con que el líder talibán, Baitulah Mehsut, bautizó a un terrorista infiltrado en un grupo desarticulado en Barcelona en enero del 2008, fue determinante para el caso. Hamed es un yihadista detenido y captado en Francia que se introdujo en el grupo que pretendía volar varios vagones del metro y una mezquita, y que cuando todo estaba a punto avisó a su enlace del servicio secreto francés, que a su vez alertó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Francia se comunicó con España en el marco de unas óptimas relaciones bilaterales franco-españolas que no son generalizables para toda la Unión Europea. Y en ese tipo de colaboración es donde encaja la demanda de un órgano de coordinación como la citada agencia.

Este organismo, que también tendría como objetivo la persecución del crimen organizado, se topa con el recelo político que causa la inevitable cesión de soberanía policial y de inteligencia para montarlo. A ello se suma la dificultad de acordar su estructura, sus límites, sus atribuciones y su marco legal. Pese a todo, el pasado septiembre Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, dijo durante su discurso sobre el estado de la Unión que era necesaria la creación de “una unidad de inteligencia europea que garantice el intercambio automático de los datos relativos a los terroristas y combatientes extranjeros entre los servicios de inteligencia y la policía”.

Sucede que el presidente Juncker sabe bien que la UE carece de un servicio de inteligencia propio, aunque disponga de organismos de inteligencia como el Centro de Análisis de Inteligencia (EU Intcen), la División de Inteligencia (Intdiv) del Estado Mayor (EUMS), el Centro de Satélites (EUSC o Satcen) y Europol. Por eso el deseo de una agencia europea aflora de vez en cuando. Ya en noviembre del 2013, la entonces vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding, declaró en Grecia que la Unión Europea necesitaba crearla en el 2020, subrayando que esta agencia “reforzaría las relaciones entre los servicios de inteligencia de los estados miembros”.

También en el 2015 el comisario europeo de Interior, Dimitris Avramopoulos, propuso su puesta en marcha. Lo hizo tras los atentados de París que, como en ocasiones anteriores y posteriores, dejaron al descubierto las limitaciones de la colaboración europea en materia de contraterrorismo. En aquella ocasión el ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, no se mostró muy favorable a la idea, que ahora también tiene como freno el ambiente político propiciado por el Brexit, que no facilita que se agilicen mecanismos de intercambio de información sensible y de investigación transnacional, muy útiles en casos como –y sólo es un ejemplo– el del Reino Unido, uno de los focos y objetivos del yihadismo.

La amenaza del EI pone sobre la mesa la demanda de un órgano europeo que coordine toda la información