# Geopolítica

La desaparición forzada de la seguridad pública

El artículo 27 de la recién promulgada Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas señala que: comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Esta conducta se persigue de oficio, es imprescriptible, no merece posibilidad de acuerdo reparatorio y se sanciona con 40 a 60 años de prisión.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta enero del 2018 hay 34 mil 656 personas desaparecidas (25 mil 682 hombres y ocho mil 974 mujeres) aunque la cifra negra de las organizaciones de la sociedad civil la triplica. Es decir, lo oficial es lo que se denuncia ante alguna fiscalía local o federal, el resto está en el limbo.

La ley en la materia obliga la creación de diversos órganos que integran información sobre esta macabra realidad, entre ellos: El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas y el Registro Nacional de Fosas, que se refiere a las comunes y las clandestinas.

Infelizmente, hay policías que han contribuido a incrementar ese número de desaparecidos, hay cientos de historias de “detenidos” que han sido entregados a particulares involucrados en la delincuencia organizada y coludidos con la trata de personas, delitos contra la salud en sus diversas modalidades y otros delitos.

Hay entre otros, los casos evidentes del estado de Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Michoacán, Estado de México, Guanajuato y, recientemente, en Jalisco, donde tres italianos fueron privados ilegalmente de su libertad por policías municipales y entregados a un grupo del crimen organizado hasta el momento se desconoce su paradero. Desde Italia, han comenzado las protestas de familiares y ha escalado a los medios de comunicación y redes sociales, exhibiendo a México como un lugar inseguro para viajar.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Angelino Alfano, ha hecho las gestiones diplomáticas, que incluyen el envío de investigadores de ese país.

En otro municipio de Jalisco, el Ejército mexicano y la Policía Federal tomaron el control de la policía municipal de Tlaquepaque; se les desarmó y están siendo sujetos a una investigación relacionada con una supuesta infiltración con el crimen organizado. Sería la primera vez, que con base en la Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas sustituyan a una corporación local para realizar funciones de seguridad pública. No porque, anteriormente, no hubiere sucedido, pero no existía el marco legal para sustentar tales acciones.

El drama de las desapariciones en México se hace más amargo por la participación de las policías locales, la asociación con grupos del crimen organizado, las fosas clandestinas, la violencia y crueldad exacerbadas y la enorme impunidad y corrupción lacerante.

Los desaparecidos, es otra de las profundas deudas que el Estado mexicano tiene con su población y el desvío de recursos destinados para la capacitación, equipamiento y permanencia del personal policial, son graves faltas al derecho a la seguridad pública real.

Nunca coincidiré con el abuso de la fuerza o la represión, pero sí, con el restablecimiento del Estado de derecho que tanto hace falta en la nación entera; la desconfianza que provocan las instituciones locales de seguridad pública se está generalizando a nivel nacional, algunos de sus miembros, son delincuentes uniformados de alta peligrosidad que deben ser neutralizados.

Se tienen que reconstruir las instituciones de cero.

Con la intervención de las fuerzas armadas federales, estamos ante la inminente desaparición forzada de la seguridad pública.

 

Ricardo Peralta: Representante Institucional de SECINDEF en México (Security, Intelligence and Defense) Israel-USA International Consulting Counterterrorism. Abogado y Académico. Candidato a Fiscal Anticorrupción, Licenciado y Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM; egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde además, desde hace 10 años imparte las cátedras de Teoría de la Ley Penal y el Delito, Derecho de la Integración Económica y Régimen Jurídico del Comercio Exterior y Argumentación Jurídica, cuenta con especialidades en Procuración de Justicia, Delincuencia Organizada y Sistema Penal Oral, así como en prevención de lavado de dinero y anticorrupción. Con experiencia de más de 20 años en el ejercicio de la profesión, así como en la procuración de justicia local y federal.